Sumar quiere desahuciar a 34 familias de guardias civiles con niños en el pueblo que cogobierna

34 familias de guardias civiles que viven en el cuartel de Sant Vicenç dels Horts, localidad de Barcelona, viven bajo la espada de Damocles del desalojo. La iniciativa no corresponde a los independentistas, que han sido los clásicos opositores a los cuarteles de la Guardia Civil, sino a Sumar, que reclama la cesión del uso del edificio del cuartel en cuestión. Los mayores defensores de frenar los desahucios propugnan, aquí, el desalojo forzoso de 34 familias, muchas de ellas con hijos escolarizados en las escuelas cercanas, por cuestión de su naturaleza laboral (e, indirectamente, por su condición ideológica).

No es la primera vez. En esta localidad, había sido alcalde el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y periódicamente se había sacado a colación el tema del desalojo de las familias residentes allí. Pero no se había llegado nunca a más. Ahora, Sumar quiere convertir el cuartel en viviendas sociales. Una proposición no de ley presentada por el partido de Yolanda Díaz recoge que en el recinto hay "32 viviendas ocupadas de un total de 36" y que tiene "un suelo edificable muy superior a la densidad actual de espacio". Por ello, pide "priorizar de manera urgente los trámites para la cesión de uso o propiedad del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil al Ayuntamiento del municipio para que pueda ser destinado a vivienda social de alquiler asequible".

Lo que no hicieron los independentistas lo hacen los partidarios de Díaz. En Comú Podem ya presentó una moción en el pleno hace casi tres años para desahuciar a las familias residentes y el texto se aprobó, por lo que ahora van a por todas. Entre otras cosas, los comunes dicen que "Sant Vicenç dels Horts es el municipio de la comarca con una renta per cápita más baja y uno de los pueblos con más paro. Esto provoca que el problema de la vivienda, generalizado en todo el país, afecte de manera más significativa si cabe a sus habitantes, especialmente a las personas jóvenes".

Preocupación en los guardias civiles

Entre la plantilla de la Benemérita ha cundido la preocupación. "Solo sabemos que se han interesado en que salgamos de ahí y que han metido la proposición no de ley en el Congreso. El cuartel tiene 36 viviendas, de las que 34 están ocupadas. Una de ellas estará ocupada en breve y otra está en estado semirruinoso que impide su habitabilidad", explican a El Confidencial fuentes de Jucil, asociación que defiende los derechos de los guardias civiles.

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Jucil habla de "argumentario pobre sostenido en hechos irreales" para definir la postura de Sumar. Lógico, si se tiene en cuenta que la proposición no de ley adolece de muchos errores y falsedades. Por ejemplo, no tiene en cuenta los pactos a la hora de la cesión del terreno (que preveían que no se puede desalojar el recinto mientras haya familias residiendo), ni las circunstancias de las familias que viven allí (sus hijos están escolarizados en la localidad) e incluso el número de viviendas que tienen inquilino (el partido yerra en los números). La asociación pide explicaciones por el intento de Sumar de echar a las familias que viven ahí desde hace años y recuerda que "esta medida ya había sido anteriormente impulsada por la Administración local y autonómica sin éxito".

El socialista Miquel Comino, alcalde de Sant Vicenç, explica a El Confidencial que conoce la iniciativa de Sumar, pero el pacto es solamente sondear si hay alguna vivienda que puede añadirse al parque público de vivienda del Ayuntamiento. "No se trata de echar a nadie. Todos son vecinos de Sant Vicenç, tengan la profesión que tengan. La Guardia Civil no molesta en esta localidad. He hablado con los guardias civiles porque me llamaron y les he dicho que estén tranquilos, que tienen un Gobierno municipal amigo".

El socialista Miquel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels Horts y nieto de guardia civil, promete que no se va a desahuciar a nadie

Los terrenos donde se encuentra el recinto de la Guardia Civil, que ya está en desuso y solo alberga viviendas, por lo que es una casa-cuartel, son municipales, cedidos en los años 80 por el Ayuntamiento al Ministerio del Interior para construir el cuartel. Y los terrenos no se retornarán mientras haya familias de agentes viviendo en él. Algo que a Sumar parece importarle poco.

El alcalde, del PSC, les tranquiliza

"Las familias que viven ahí son del pueblo. Llevan muchos años y están perfectamente integrados en la población. O sea, son familias arraigadas. El pacto al que habíamos llegado con los comunes es que si hay pisos que ocupan guardias que están de paso, poco tiempo, a esos agentes quizás les daría lo mismo residir aquí que en el cuartel de Sant Andreu de la Barca, a diez kilómetros. Y esas viviendas podríamos gestionarlas desde el Ayuntamiento. Pero eso solo con los pisos ocupados temporalmente. Pero no se va a desalojar a nadie ni tenemos intención, desde el Ayuntamiento, de echar a los guardias civiles".

Lo dice el primer munícipe, que, además, es nieto de guardia civil, que también reconoce que próximamente tendrá una reunión con la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, para hablar del asunto. Pero Sumar le contradice: "Desde el consistorio se trabaja en ofrecer una alternativa a aquellos guardias civiles que residen con sus familias en dicho cuartel, con tal de que no tengan que verse forzados a abandonar el municipio".