Los socialistas no aplicarán como está el 30% de alquiler social en Barcelona

Los socialistas no obligarán a destinar el 30% de vivienda privada a alquiler social en Barcelona. La medida estrella de los comunes en Barcelona despierta dudas en el equipo municipal del alcalde, Jaume Collboni. La exigencia ha hundido la promoción privada de pisos en la capital catalana, demostrándose como el mayor fracaso de Ada Colau en sus dos legislaturas como alcaldesa.

“No retiraremos la norma, pero debemos modificarla. No podemos obligar a un constructor a ceder parte de un edificio que construye. Se le pude pedir, por ejemplo, que ceda el alquiler social en otro edificio. Pero tal y como se ha enfocado el asunto ha sido un auténtico fracaso. Desde el 2019, en que se promulgó la norma del 30% hasta ahora, la construcción en toda Cataluña ha subido, porque no se aplicaba ese precepto. Pero en Barcelona, donde sí se aplicaba, sólo se han construido 26 pisos. Eso es un fracaso monumental. Y cuando algo no funciona, lo tienes que rectificar”, explican fuentes socialistas a El Confidencial.

Los socialistas tienen claro que “no habrá construcciones privadas hasta que esto se levante. Creemos que hay que intervenir el mercado, pero se ha de respetar la propiedad privada”. El alcalde Jaume Collboni asistió este martes en el Parlamento Europeo a la reunión de la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor, donde se abordó el tema del derecho de los ciudadanos a la vivienda. “Barcelona ha decidido cambiar las reglas del juego para hacer más vivienda, para hacerla más asequible y proteger a las familias trabajadoras de la clase media de nuestra ciudad”. En otras palabras, en vez de obligar a los promotores privados a ceder viviendas, poner más suelo público en el mercado para crear vivienda protegida.

En la Comisión Interdepartamental de vivienda de la Generalitat, que este martes presidió Salvador Illa, también se discutió el problema de la vivienda. Illa advirtió que “se estaban construyendo a un ritmo de 259 viviendas por año y ahora estamos en una producción de 4.400”. Se refería a vivienda pública, de la que un 25% será reservada para jóvenes y un 10% para familias vulnerables. El Govern prevé construir unas 50.000 viviendas públicas hasta el 2030.

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El plan de Illa supone un selectivo esfuerzo por reservar solares públicos para la construcción de pisos en convocatorias anuales. Las promociones tendrán la garantía de mantener la protección del uso y la titularidad del suelo. Los pisos dotacionales sólo admiten alquiler social y el resto podrán ser de alquiler o de derecho de superficie por 75 años. El precio máximo del alquiler será de 10,65 euros por metro cuadrado. “Significa un nuevo modelo de construcción en Cataluña, con un nuevo modelo de financiación asociado necesario para cumplir el objetivo ambicioso y con recursos jamás asignados que nos hemos marcado de los 50.000 pisos de aquí al 20230”, advirtió Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Una gestión en entredicho

La propia gestión de los comunes está en entredicho en Barcelona: cuando llegó Colau al poder, había unos 4.000 pisos desocupados en la ciudad. Hoy hay más de 75.000 pisos esperando inquilinos. Desde sectores de la izquierda extraparlamentaria y plataformas afines a los comunes se achaca la alta tasa de viviendas vacías a la reconversión de viviendas normales en pisos turísticos. Pero los números no cuadran: según la patronal Apartur, en Barcelona hay poco más de 10.000 pisos turísticos (se sospecha que puede haber más de 15.000 si contamos los ilegales). Por tanto, los 75.000 vacíos no son para poner en el mercado de alquiler de temporada. La causa fundamental de que estén vacíos es otra.

Lo cierto es que muchos propietarios consideran que no hay seguridad jurídica si uno de sus inquilinos se niega a pagar autocalificándose vulnerable. Individuos, parejas e incluso familias que parecían pudientes han sacado rédito de la gestión de los comunes en sus 8 años de mandato en que se ha demonizado al propietario y se han equiparado los fondos buitre con el simple ciudadano que alquila su piso porque se jubila y va a vivir a su pueblo.

Hace pocas semanas, estalló el conflicto de Casa Orsola: 5 vecinos de un bloque de 28 iban a ser desalojados con orden judicial, lo que provocó una auténtica campaña de desgaste del alcalde desde las filas de los comunes, que movilizaron todas sus plataformas vecinales y movimientos antisistema de la ciudad para defender a “los vecinos de Casa Orsola”. Pero en plena campaña, Collboni decidió comprar el bloque y mantener a todos. De hecho, Ada Colau se había negado a comprar el edificio en 2021 y ahora los suyos exigían esa compra. “Todo por ir en contra del Ayuntamiento”, critican fuentes municipales.

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La presión de los comunes es brutal. El partido de Colau envió un vídeo a sus activistas denunciando que “en Barcelona, el Ayuntamiento socialista renuncia a cobrar las multas a los promotores que incumplieron la reserva del 30% para pisos de protección oficial. La líder municipal de los comunes, Janet Sanz, dio la cara ante la militancia para acusar al alcalde, Jaume Collboni, de mentir y de ayudar al sector inmobiliario “para seguir ganando cantidades vergonzosas de dinero a costa de nuestras casas”.

“Janet Sanz es una mentirosa”

Los socialistas rebaten los números de los comunes. “En 2022, con Colau en la alcaldía, a los comunes les entró la fiebre inspectora y ordenaron inspeccionar los trámites de obras en 2.500 expedientes. De todas ellas, encontraron lo que sería alguna irregularidad en 9 de ellas, un 0,036% del total. Pero como tenían prisa por visualizar que les preocupaba la vivienda, paralelamente iniciaron expediente de sanción contra esas promociones sin esperar a que los afectados pudieran defenderse o hacer alegaciones. Lo único que querían era una sanción. Evidentemente, eso genera una indefensión jurídica porque se saltaron el orden y abrieron expedientes sancionadores”, acusan desde el consistorio barcelonés.

Los propios servicios jurídicos municipales alertaron a los de Colau de que no se podía sancionar. “Nuestros servicios jurídicos nos han dicho que esto no lleva a ninguna parte y lo que hacemos es un proceso de reposición. Hemos de tener en cuenta que se trata de un tema de cumplimiento de normas. Si una norma está vigente, el PSC la cumplirá. Eso es lo que pasa con los 9 expedientes que vienen de la época de Colau: se ha de hacer todo conforme a la ley”, explican fuentes municipales.

Ante las acusaciones de la líder de los comunes, Janet Sanz, de que Collboni perdona las multas de Colau, los responsables municipales acusan a los comunes de una campaña de difamaciones. “De momento, de esos 9 expedientes la justicia ya ha dado la razón al Ayuntamiento en uno. Quedan otros 8, que están en reposición. No es que hayamos perdonado nada, como dice Janet Sanz. Ellos filtran esa falsedad y se quedan tan anchos. Sanz es una mentirosa. Laia Bonet, la teniente de alcalde de la que depende vivienda, es lo máximo de escrupulosa posible. Es más técnica que política, pero no puedes saltarte las leyes por muchas ganas que tengas de poner multas”.