Grande-Marlaska comienza a desmantelar el Seprona de la Guardia Civil en Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en agenda desmantelar totalmente la división del Seprona de la Guardia Civil en Cataluña y ceder a las presiones del independentismo, que reclama para los Mossos d’Esquadra todas las competencias en medio ambiente. La sustitución no será de golpe, sino gradual. El plan es que no se cubran las bajas, se amorticen poco a poco los puestos de trabajo y finalmente se entreguen las responsabilidades al Cuerpo autonómico.

La decisión de dinamitar el Seprona en la región se tomó en una cumbre el pasado 5 de diciembre, presidida por el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y celebrada en el Palau de la Generalitat junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. "Los Mossos d’Esquadra, en coordinación con el Cuerpo de Agentes rurales en lo que se refiere a su ámbito competencial, se encargarán de la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña".

El movimiento, en realidad, esconde una transferencia encubierta de competencias. Pero hay un problema serio: "Los agentes rurales no son policía judicial, por lo que difícilmente pueden investigar delitos relacionados con la naturaleza y el medio ambiente".

Durante la reunión también se acordó que la Policía Nacional y la Guardia Civil se integrarán en el futuro en el sistema de emergencias del 112, lo que levantó protestas entre las fuerzas independentistas, que no quieren agentes de esos dos cuerpos policiales, a los que califican de 'fuerzas de ocupación'. Los Mossos, por su parte, se incorporarán durante el año 2025 en el servicio ejecutivo del Sepblac (prevención de blanqueo de capitales) y en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La incorporación al 112 se preveía instantánea, al día siguiente de la reunión, según el acta de la misma, pero aún no se ha hecho efectiva a mediados de febrero.

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En el encuentro también estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; la consejera de Interior, Núria Parlón; el secretario general de Interior, Tomás Carrión; el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero; el Jefe Superior de Policía de Cataluña. Manuel Rodríguez, el general jefe de la Guardia Civil, Pedro Antonio Pizarro, y el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius.

Es la misma estrategia que se siguió con la brigada Judicial y de Información de la Policía Nacional, además de la Policía Científica. En el caso de la Guardia Civil ya se desmanteló el servicio de Tráfico, cuya competencia exclusiva es de los Mossos, y seguidamente se intentará con extranjeros, fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos. Los partidos independentistas quieren que el tema medioambiental sea controlado por los Mossos y los Agentes Rurales, un cuerpo dependiente de la Generalitat.

Rechazo de los alcaldes

La gran paradoja es que mientras Sánchez cede competencias importantes que no estaban en ninguna agenda, quienes le afean este movimiento son precisamente los dirigentes territoriales independentistas, que desoyen a las cúpulas de Junts y de ERC y exigen mantener a la Guardia Civil en sus zonas. Al tiempo que Míriam Nogueras se desgañita en el Congreso exigiendo competencias plenas y la expulsión de la Guardia Civil, sus alcaldes exigen exactamente lo contrario.

Los alcaldes rebeldes gestionan poblaciones de la Cataluña profunda y no han tenido problema para salir en tromba a defender la continuidad del Seprona en esta comunidad. El alcalde de Bolvir y presidente del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, de Junts per Catalunya, se ha reunido ya con los subdelegados del Gobierno en Lleida y en Girona, además de con el Delegado del Gobierno en Cataluña y ha enviado un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil pidiendo que se mantenga el servicio de Seprona en la zona, así como el servicio de control de armas.

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Un total de 17 regidores de la comarca, la mayoría independentistas, han firmado la petición. "Estos servicios son esenciales para proteger nuestro medio natural, preservar el paisaje y garantizar una regulación adecuada de las armas y explosivos. Con el apoyo de los alcaldes y alcaldesas de la comarca, insistimos en la necesidad de conservar estos recursos para el bien de nuestra naturaleza y seguridad. El Seprona vela por la protección del medio ambiente, previniendo e investigando delitos como el maltrato animal, la contaminación, la pesca y la caza irregulares, la protección de las especies y los espacios naturales", dice un escrito del Consell comarcal.

El TSJ ya ha admitido recursos

La asociación Jucil presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por esta cuestión, que fue admitido a trámite el pasado 30 de enero. La judicialización del tema, aunque sea por vía administrativa, da otra dimensión a las decisiones del Gobierno central.

La entidad cree que antes de acometer algunas de las cesiones se ha de reformar la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Incluso el Estatuto de Autonomía dice que las competencias en medio ambiente han de ser compartidas. En este tema, el posicionamiento de Jucil coincide con el de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que también ha interpuesto recurso ante el TSJ de Cataluña.

"Sospechamos que la situación en Cataluña quedará de manera similar a la del País Vasco, donde también se eliminó el Seprona y ahora existe el Ucoma, que es una unidad pequeña que solo se dedica a temas supracomunitarios, es decir, que afecten a más de una comunidad, como por ejemplo, tráfico de animales o delitos que comiencen en una comunidad y cuyo radio de acción se extienda a otras", explican a El Confidencial fuentes de la organización.