Récord histórico de agresiones en las cárceles catalanas: 607 funcionarios lesionados en 2024

La tensión vuelve a las prisiones de Cataluña. Solo en el mes de enero se contabilizaron en la cárcel de Lledoners (donde estuvieron ingresados los condenados por el 1-O) más de 50 agresiones con 9 funcionarios agredidos. "No hay una disminución de los conflictos, al contrario, seguimos en la misma dinámica. De por sí, ya habíamos llegado al máximo con el asesinato de Núria, en la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, hace un año, pero es que, además, hemos roto el techo de agresiones a funcionarios. 2024 ha sido el peor año de toda la historia", dice a El Confidencial Alberto Gómez, responsable de Prisiones del sindicato CSIF.

El Departamento de Justicia, que encabeza el democristiano Ramon Espadaler, ha contabilizado 1.774 agresiones entre internos, así como 397 agresiones a funcionarios, 339 tentativas de agresiones a funcionarios y 45 agresiones de diversa índole también a funcionarios, que son los que sufren gran parte de las consecuencias de las políticas públicas. En total, pues, 781 agresiones a los empleados públicos. Según esas mismas estadísticas oficiales, en 2023 se contabilizaron 371 agresiones y 292 intentos de agresión y otras 36 agresiones de distinta índole, es decir, 699 agresiones. Se detecta, pues, un 12% de aumento de conflictos penitenciarios.

El sindicato CSIF hila más fino y no habla de incidentes, sino de afectados: según sus cifras, hubo 607 funcionarios agredidos durante 2024, lo que representa un aumento del 4,3% respecto a 2023. De ellos, "79 funcionarios sufrieron agresiones graves y 528 leves, con un total de incidentes violentos de 945". Y coincide en que se detectaron 397 incidentes con agresiones (en un mismo incidente puede haber varios funcionarios agredidos), un 7% más que en 2023.

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En esas estadísticas, el sindicato choca con la Generalitat: según el Departamento de Justicia, en 2023 se habían producido 57 agresiones graves a funcionarios y 314 agresiones leves, mientras que en 2024 esas cifras fueron de 36 agresiones graves y 360 agresiones leves. Hubo, por tanto, oficialmente, menos agresiones graves pero más agresiones leves.

"Hay una continuidad"

Alberto Gómez alerta sobre la situación. "Estamos en récord histórico de incidentes y se ha de hacer algo. En la comparecencia que tuvimos el pasado jueves con el conseller no se nos comunicó ningún proyecto político para prisiones. Lo que hay es una continuidad con las políticas que había. Lo que queda claro es que no hay una disminución de las agresiones y que se deben tomar medidas".

En abril del año pasado, en plena precampaña electoral, y ante una amenaza de huelga de los funcionarios, el Govern de ERC intentó neutralizar la situación y firmó una paz social que no ha arreglado los problemas. Los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y CATAC firmaron una serie de medidas, sobre todo económicas, para contentar a la plantilla. "Fue un intento de salvar la cara ante las inminentes elecciones. Pero desde entonces no hemos notado ninguna mejora y a las cifras nos remitimos. Sigue la misma dinámica y el aumento de agresiones", asegura a este diario Francesc López, portavoz de Acaip.

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Fernando Carrera, portavoz de CCOO, por su parte, señala que "es cierto que ha habido un aumento global si tomamos en consideración todos los números, pero ha habido menos agresiones graves". Ante las críticas de CSIF y Acaip (sindicatos que no firmaron el acuerdo), afirma que en ese pacto se incluyeron medidas de seguridad, como las de dar instrucciones para trabajar en binomios ("es decir, que nunca estuviese un solo funcionario ante los internos"), que los mayores de 50 años pudieran elegir ir a determinados módulos o no, o el recluir a los presos más peligrosos y violentos en unidades especiales, además de dotar a todo el personal de walkie-talkies o de la instalación de inhibidores y de antidrones para evitar que los presos puedan recibir droga, armas o móviles por vía aérea.

"Seremos agentes de la autoridad"

Además, el responsable de CCOO subraya que su sindicato ha hablado con casi todos los partidos para que se preserve la seguridad y autoridad de los funcionarios. "En el estado ya está en vías la modificación de la ley orgánica para que los funcionarios puedan ser considerados autoridad. En Cataluña, hemos hablado de que se incluya en la ley de presupuestos el reconocimiento de que sean agentes de autoridad y que tengan el principio de indemnidad, es decir, cuando haya una agresión con indemnización, si el recluso no puede pagar, que lo haga el Estado".

CSIF y otras centrales reclaman, además del reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad, el poder usar aerosoles de gas pimienta como medida de coerción ante los ataques violentos de algunos reclusos (una medida que preveía el reglamento, pero que fue eliminada por ERC), la restricción de acceso a las prisiones a asociaciones que fomentan la violencia contra los funcionarios, la separación efectiva de los internos violentos "que impiden la convivencia pacífica y la reinserción de otros presos", la ampliación de las plantillas, la renovación de infraestructuras obsoletas y la administración de medicación diluida para evitar el uso indebido de fármacos por parte de enfermos conflictivos.