La Generalitat de ERC compró a Israel material de espionaje en pleno ataque a Gaza
Adquirió la tecnología hebrea pese a que desde las filas republicanas se propugna la ruptura de relaciones con Tel Aviv por la respuesta del Gobierno de Netanyahu tras la matanza de Hamás
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ERC fue uno de los partidos más críticos contra el Estado de Israel tras la guerra de Gaza. Durante los últimos años, acusó a Israel de aplicar el apartheid en los territorios ocupados y fue una de las formaciones que apoyó sin fisuras a Ada Colau cuando, desde el Ayuntamiento de Barcelona, rompió el hermanamiento de esta ciudad con Tel Aviv y escribió una carta al primer ministro israelí dando por rotas las relaciones de Barcelona con Israel. Esquerra también apoyó todas las declaraciones parlamentarias contra el Estado hebreo, a quien acusa de genocida. Estas acusaciones arreciaron tras la invasión de Gaza como consecuencia de los atentados de Hamás en territorio israelí en octubre de 2023.
Pero una cosa son los aspavientos hacia la sociedad y otra la cruda realidad: antes de dejar el Govern, el republicano Pere Aragonès dejó atados contratos con Israel por cinco millones de euros en material destinado a interceptaciones telefónicas. Lo cierto es que, en cuestiones de seguridad, la tecnología israelí está en la vanguardia del planeta y los mandamases de ERC lo saben. Por eso no hicieron ascos a contratar ese material antes de dejar el Govern.
La paradoja es que Pere Aragonès, el hombre que ocupaba en ese momento la presidencia de la Generalitat, había demandado, junto a otros dirigentes republicanos, al grupo israelí NSO, a quien acusaban de vender a España el programa Pegasus, que se utilizó para vigilar a líderes independentistas. Durante años, habían acusado a Israel de ser uno de los países que fomenta el espionaje a nivel mundial debido a la tecnología que exporta.
Pero, pese a toda esa escenificación, Aragonès abrió un expediente de contratación del material de Siltec (intervenciones telefónicas legales) el pasado 25 de abril, apenas tres semanas antes de las elecciones catalanas. Comprometió 5 millones de euros en material de aquí a septiembre del año 2028, que deberá afrontar y pagar su sucesor, el socialista Salvador Illa, que cuando termine el presente mandato aún tiene facturas que pagar comprometidas por Aragonès. En 2024 se pagaron ya 454.466,72 euros por el contrato. Cataluña deberá pagar anualmente durante los próximos años 1.307.330 euros, pero en 2028 la factura se reduce a 629.869,85 euros debido a que solo se habilita el concurso hasta septiembre. En total, Excem se llevará 5.006.326,60 euros, aunque la cláusula tercera del contrato prevé una prórroga de otro año más.
Expediente reservado
Según la documentación en poder de El Confidencial, la contratación se realizó mediante una negociación sin publicidad y fue declarada de carácter reservado. Esta calificación la había solicitado el comisario encargado de la contratación, Miquel Àngel García, que el 17 de junio, cuando aún no había tomado posesión Salvador Illa como nuevo president, redacta otro informe reservado dando por buena la documentación presentada por la empresa Excem Grupo 1971.
Esta compañía es propiedad de la familia Hatchwell. Su presidente, Mauricio Hatchwell, llegó a acusar públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero, de antisemita por aparecer en público con una kufiya, el pañuelo reivindicativo palestino. Esta familia es una de las más poderosas del lobby judío en España. Hatchwell fue uno de los que trajo a España al magnate Sheldon Adelson, que estuvo a punto de abrir un megacasino en Madrid y Tarragona. El contrato del año pasado con el Govern fue firmado por Philip Hatchwell, hijo del dueño del grupo, y por Tomàs Carrión, secretario general de Interior.
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Fuentes consultadas por El Confidencial señalaron que la contratación del sistema SILTEC se realizó en estas fechas porque "el contrato que había finalizaba en septiembre de 2024 y había que renovar el concurso, ya que se habían agotado los dos años de prórroga del anterior". Así, la formalización del contrato se realizó el 23 de agosto, aunque aún no estaba completa la transmisión de poderes y la contratación de todos los nuevos equipos del Govern bajo la administración socialista.
Este material de interceptación de comunicaciones solo dará servicio a tres unidades: la Comisaría General de Información de los Mossos, la Comisaría General de Investigación Criminal y la División de Asuntos Internos (DAI), que es la encargada de investigar a los propios agentes. El material que deberán aportar los israelíes es un sistema de recolección y procesamiento de las comunicaciones interceptadas. Se trata de pinchazos telefónicos legales, "tanto por tecnologías conmutadas como por las de paquetes de datos, ya sean tanto por redes fijas como móviles, incluida la red 5G y dimensionado por los nuevos anchos de banda comerciales".
Rompe encriptaciones
También incorpora la compra un "sistema de captura de identidades de terminales móviles", que ha de permitir "la recolección, análisis, correlación y localización de identificadores de telefonía móvil IMSI y IMEI, incluido el nuevo formato de identificación telefónica SIM". Asimismo, la compra contiene un "sistema ad hoc para tratar y mitigar técnicas de encriptación añadidas a las comunicaciones o a la información almacenada en sistemas informáticos". Por último, contiene "sistemas tácticos de monitorización de comunicaciones móviles 3G, 4G, 5G y wifi, sondas IP y programario específico para la monitorización", así como apoyo técnico y operativo de la empresa concesionaria.
Pero hay más material controvertido que el Govern de Aragonès resolvió comprar en el último momento. Es el caso de dos drones comprados el pasado mes de junio. Se trata de dos aparatos de última generación, de ala fija y capacidad de despegue vertical, adquiridos a la alemana Quantum Systems por 560.000 euros. Estos drones sirven para vigilar desde el cielo a cualquier persona y disponen de una comunicación encriptada con la base. Oficialmente, se compraron para vigilancia preventiva, protección de personalidades y como apoyo a unidades de orden público en manifestaciones y a la investigación. También sirven para vigilar infraestructuras críticas, como las líneas del AVE para prevenir robos de cables de cobre.
Compra de drones
Con estas dos compras, los Mossos se pusieron a la cabeza de los cuerpos policiales europeos en cuanto a aeronaves no tripuladas, con una treintena de agentes especializados en la utilización de drones. En febrero pasado, habían comprado otro dron similar, pero a finales de 2023 ya había comprado 24 drones portátiles y plegables con sensores visuales, térmicos y telémetro y un paracaídas. Diez de ellos se compraron a la empresa Acre Soluciones Topográficas Alquiler y Venta por 104.382 euros. También se compraron aparatos a Precisión Aérea Innovación y Nuevas Tecnologías y a Integraciones Digitales Gold.
El verano pasado, ERC dejó atada la compra de 30 drones más y 7 ordenadores. Los drones, comprados a las empresas Integraciones Digitales Gold, Precisión Aérea Innovación y Nuevas Tecnologías, Instop Catalunya y Aerofort Enterprise, costaron 490.103 euros. Un detector de gases para drones fue comprado también por 23.870 euros a Aerofort y el software de gestión de flotas y procesamiento de información a esta misma empresa por 15.098 euros. Este material iba destinado al parque de bomberos, por lo que Salvador Illa se encontró el cuerpo ya totalmente equipado por ERC en el último minuto. En el último año, el gobierno republicano se dejó en aparatos aéreos no tripulados más de 1,5 millones de euros.
ERC fue uno de los partidos más críticos contra el Estado de Israel tras la guerra de Gaza. Durante los últimos años, acusó a Israel de aplicar el apartheid en los territorios ocupados y fue una de las formaciones que apoyó sin fisuras a Ada Colau cuando, desde el Ayuntamiento de Barcelona, rompió el hermanamiento de esta ciudad con Tel Aviv y escribió una carta al primer ministro israelí dando por rotas las relaciones de Barcelona con Israel. Esquerra también apoyó todas las declaraciones parlamentarias contra el Estado hebreo, a quien acusa de genocida. Estas acusaciones arreciaron tras la invasión de Gaza como consecuencia de los atentados de Hamás en territorio israelí en octubre de 2023.