Aragonès compró cientos de coches para Interior que debe pagar ahora Illa hasta 2030

El presidente catalán, Salvador Illa, deberá pagar durante los próximos años decenas de millones de euros en facturas de coches arrendados por los anteriores responsables del Departamento de Interior. En varias operaciones, el anterior gobierno catalán inició una rápida sustitución de coches de Mossos d’Esquadra y bomberos entre finales de 2023 y mediados de 2024.

Una de las operaciones más espectaculares fue un contrato de renting decidido en verano de 2023 para sustituir 529 coches para los Mossos. La operación se cerró en verano de 2024 en 53 millones de euros, que deberán abonarse hasta el año 2030, es decir, hasta después de las próximas elecciones. La operación consistía en la adquisición de 97 coches rotulados con kit de detenido, 91 vehículos de orden público, 182 coches camuflados, 102 vehículos especiales y 57 coches patrulla rotulados. En abril de 2024, cerca ya de la celebración de las últimas elecciones, se hizo una valoración de las ofertas presentadas y la secretaria general de Interior hizo la propuesta de adjudicación.

Fuentes del anterior gobierno catalán destacan que, aunque el expediente era de verano de 2023, diversas cuestiones retrasaron la operación, por lo que se llegó a las elecciones autonómicas del año pasado y se decidió rematar el concurso, que estaba prácticamente finalizado. "La decisión se hizo por acuerdo de Gobierno en verano de 2023", subrayan las fuentes, que enfatizan que entre 2023 y 2024 finalizaba el renting de 352 de esos vehículos, por lo que había que reponerlos, ya que son imprescindibles para garantizar la prestación de los servicios policiales. "Además, más de un centenar de estos vehículos ya estaban considerados no aptos para el servicio o, por decirlo de otra manera, estaban en siniestro total", dicen fuentes solventes a El Confidencial.

Las empresas beneficiarias del concurso fueron Fraikin Alquiler de Vehículos, que suministró los 182 camuflados, los 97 coches patrulla, los 57 coches patrulla rotulados y los 91 vehículos de orden público por un monto de más de 42 millones de euros. La firma Alphabet España Fleet Management suministró los 102 vehículos especiales por algo más de 10,9 millones de euros. El Govern deberá pagar anualmente hasta 2028 más de 10,5 millones de euros por el renting de esos coches, mientras que el año 2029 deberá abonar algo más de 9 millones y en el 2030 aún quedaría por pagar un remanente de tres de los lotes por 964.918 euros.

Seis millones para enchufes

No obstante, entre finales de 2023 y principios de 2024, el ejecutivo de Aragonès procedió también a la prórroga de los contratos de renting de otros 820 vehículos, que llevaban operativos desde 2015 y que ya habían cumplido su ciclo de vida útil. El coste de esas renovaciones, algunas de ellas iniciadas el 1 de enero de este año y hasta noviembre de 2025 la más duradera, se desconoce, ya que no se hizo pública la cuantía de los contratos, que, en todo caso, ascienden a varios millones de euros.

El anterior Govern también abrió otro expediente en mayo de 2024, una vez celebradas las elecciones, para la compra de 330 coches (de los que 117 debían ser eléctricos). En julio, semanas antes de que Illa tomara posesión como nuevo president, se abrieron los sobres y en septiembre se adjudicaron a las empresas Automoció Badalona y a Next Motorbike. La primera percibirá 3.1768.607 euros por 43 coches patrulla y la segunda, 11.910.476 por 287 coches camuflados.

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Paralelamente, el Govern contrató a la empresa Enchufing (Millor Energy Solutions) por casi 5,9 millones de euros para realizar la instalación de terminales de carga de vehículos eléctricos enchufables en edificios adscritos a los Mossos. La adjudicación de este contrato se realizó el 19 de julio de 2024, tres semanas antes de que tomase posesión el nuevo Govern. El pago de este contrato deberá realizarse en su gran mayor parte este año 2025, puesto que en 2024 se abonaron solamente 767.100 euros.

Otra operación de última hora fue la renovación de radares en la A2 (la autovía entre Barcelona y Lleida, paralela a la AP2, la autopista de peaje que une Madrid con la capital catalana) y la C58 (la autopista del Vallès que une Barcelona con Manresa), formalizada el 23 de julio, tres semanas antes de la investidura de Illa. Se sustituyen solo los aparatos en 11 ubicaciones para controlar la velocidad, aunque en sitios donde había dos radares se ponen ahora 4 porque, con los que están operativos, de los nuevos cinemómetros ascendió a 1.623.822 euros.

En resumen, el socialista se encontró con un completo parque de coches a estrenar para las labores policiales, aunque la mayor parte de esa remodelación se hizo en los últimos meses del mandato de Pere Aragonès. En la época de Illa, el Govern solo inició una operación de compra de coches (no renting, como había realizado el anterior Govern): se trata de 88 vehículos destinados a bomberos, entre los que hay 18 unidades de furgones de rescate y salvamento con un coste de casi 2 millones de euros, 28 furgones con 8 equipos respiratorios, además de vehículos de apoyo logístico, salvamento y GRM por 9,7 millones, 41 vehículos de transporte de personas y cargamento por casi 1,7 millones y 4 unidades de carga pesada con plataforma por 164.552 euros. La operación se cerró en el mes de noviembre. Y ascendió en su conjunto a algo más de 15,1 millones de euros.

Un parque móvil de 3.126 unidades

El parque móvil de la Generalitat que utiliza Interior es de 3.126 unidades, entre turismos, todoterrenos, furgonetas y motocicletas, ya sean logotipadas, logísticas, de mando, de transporte o camufladas. El 43% (1.351 vehículos) de todas ellas son propiedad de la Administración autonómica, el 53% (1.646) se utilizan en modalidad de renting y el 4% (129) están en régimen de cesiones judiciales.

Los vehículos más numerosos son los coches patrulla logotipados (838), seguidos de los camuflados (836), las furgonetas (425) y las motocicletas con logotipo policial (413). El gobierno de ERC emprendió una potente sustitución de vehículos desde que Pere Aragonès fue elegido president. Así, entre febrero y junio de 2022, un año después de las elecciones del 14-F, el Departamento de Interior ya renovó 484 de los 1.351 coches propiedad de la Generalitat. Pero no se hizo nada más, hasta que en 2024 entró la fiebre de renovar y prorrogar contratos.