La ANC propone a sus 30.000 activistas un plan para proclamar la República Catalana

El independentismo catalán diseña nuevos modelos de actuación política para superar el letargo tras varios tropiezos en las urnas. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha distribuido entre sus bases un documento en el que plantea una hoja de ruta renovada para estimular a "la ciudadanía" y recuperar el protagonismo y el mando de la calle. "El nuevo embate para implantar la República catalana se iniciará en las próximas elecciones al Parlament. Cuando la ciudadanía y las instituciones estén preparadas, se activará la declaración de independencia, se movilizará el país para su defensa pacífica y democrática y se pedirá el reconocimiento internacional", dice la estrategia, que previsiblemente será aprobada en enero.

Para llevar a cabo la proclamación de la República, la cúpula de la ANC ha diseñado un estrambótico plan para garantizar que no pase como en el último precedente. "A diferencia de 2017, se habrán planificado las medidas políticas, sociales y de lucha no violenta necesarias para la defensa de la República Catalana. El Govern de la Generalitat se convertirá en el Govern Provisional de la República y se convertirá en el interlocutor con las instancias internacionales y los Estados, incluyendo España. Se desatarán acciones en todos los ámbitos (huelgas, cortes de comunicaciones, ocupaciones de edificios oficiales, etc) en defensa de la independencia con la intensidad y la magnitud necesarias para generar la intervención de la comunidad internacional", señala el escrito.

La ANC tiene casi 30.000 cotizantes en la actualidad, algo menos de la mitad de los que llegó a tener hace una década. Pero no es nada desdeñable una entidad con una masa dispuesta a creer a pies juntillas las consignas de la dirección. La organización está presidida ahora por Lluís Llach, un personaje que se enganchó a la política en 2015, y desde entonces ha ido variando sus posicionamientos desde el radicalismo anticapitalista de la CUP hasta los posicionamientos más sectarios del puigdemontismo. De hecho, durante los últimos años, fue 'ministro' en el Consell de la República, que presidía el mismísimo Carles Puigdemont. A comienzos de este año, cesó de ese cargo para preparar su asalto a la presidencia de la ANC.

Cuando en abril, pocos días antes de las elecciones internas, se descubrió que no podía presidir la entidad porque no había pagado cuota los últimos años, se apresuró a poner todo el dinero adeudado encima de la mesa. Y, aunque la convocatoria de elecciones de la ANC decía que no podía ser presidente quien no estuviese al corriente del pago de cuotas en enero de 2024, a Llach, previas presiones de Junts, se le permitió presidir la entidad. Ello provocó la fuga de muchos militantes, que consideraron que el aterrizaje de Llach confirmaba la colonización de la ANC por parte de Puigdemont.

Ensayo de Junts

Desde entonces, la ANC ha sido un ariete de Junts contra ERC. Llach y la mayoría de los miembros de la cúpula no han dejado de presionar, amedrentar e incluso insultar con palabras gruesas. Ahora, la organización marca una línea dura de actuación que, si es bien acogida, adopta luego el partido de Puigdemont para captar adeptos o, por el contrario, desecha.

Su nueva hoja de ruta no es una excepción, es solo un ensayo de por dónde puede trabajar Junts para ganarse el favor de la calle. El partido y la entidad cívica son las dos ruedas de un mismo carro tirado por los mismos bueyes. Uno de los postulados de la ANC, por ejemplo, es proponer que se vote no a los presupuestos de Pedro Sánchez. No es una cuestión baladí. Si la propuesta es bien acogida, remonta el vuelo y se convierte en un arma letal, Junts garantizará el rechazo a las cuentas.

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Luego propone otras cuestiones, algunas de las cuales han sido dejadas caer por Puigdemont a lo largo de las últimas semanas. Entre otras, aparte del rechazo a los presupuestos, la denuncia del "espolio fiscal" de Cataluña. El independentismo extremista ha pasado del 'España nos roba' al 'España nos expolia'. "El expolio fiscal es la causa de los desorbitados precios de la vivienda: por culpa del robo español, Cataluña tiene la inversión pública en vivienda social más baja de toda la UE", añade. Algo parecido a lo que repite constantemente Puigdemont.

También la gestión de los trenes de Cercanías son arma arrojadiza. "Las acciones de denuncia han de poner de manifiesto que el caos de Renfe proviene de la falta de inversiones del Estado", teoriza la ANC. Es la consigna que ha hecho funcionar el independentismo en general los últimos años. Así, la entidad cívica pide que las movilizaciones futuras "han de recalcar que el Estado español no puede funcionar contra la extracción colonial anual de más de 20.000 millones de euros de Cataluña". Otro de los temas recurrentes es el del catalán y su presunta extinción. "Las campañas en defensa del catalán evidenciarán que formar parte de España aboca al catalán a su extinción", apunta el escrito.

Nuevas formas de lucha

La ANC lleva la delantera en cuanto a algunos posicionamientos sociales. "Desde ahora, contra la violencia del Estado, es preciso oponer la lucha no violenta con nuevas formas de lucha y movilizaciones de masas", dice el texto. No da más pistas sobre las "nuevas formas de lucha", pero la organización de comandos territoriales para el "control del territorio" tiene mucho que ver. Y ahí se encuadra también la creación de círculos de debate, comunicación y documentación política para instruir a la población a ser oposición al Gobierno de Salvador Illa. Eso es, según el independentismo radical, “regeneración democrática”, contrapuesta a la “normalización política” de los socialistas. Es la guerra híbrida a nivel local.

Para luchar contra el Estado, la ANC propone dos instrumentos fundamentales: "La desobediencia civil, la fuerza moral de desobedecer las leyes contrarias a los derechos fundamentales y la unilateralidad son el camino que han seguido un gran número de naciones para vencer a poderosos imperios y estados". Son las amenazas latentes que Puigdemont ha esgrimido siempre ante el Gobierno central como opciones si Sánchez ni cumple lo pactado.