El Consell de Puigdemont agoniza entre escándalos: estudia enviar a sus trabajadores al Fogasa
La crisis interna y las acusaciones amenazan la supervivencia del Consell de la República, aunque suenan nuevos nombres para presidirlo, entre ellos el de Laura Borràs
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El Consell de la República, el organismo que, según Carles Puigdemont, estaba llamado a protagonizar la independencia de Cataluña, está a punto de desaparecer en medio de una cruenta guerra interna que enfrenta al vicepresidente de la entidad, Toni Comin, con la gestora nombrada tras la dimisión del propio Puigdemont como presidente. El cisma es total, con acusaciones cruzadas e incluso palabras altisonantes entre las dos partes.
Los activistas se quejan de que “no hay un censo de inscritos en el Consell”. En realidad, en la página oficial de la entidad sigue constando la cifra de 103.460 inscritos, aunque sea falsa. “Jamás se han restado a los que desde años se han ido dando de baja y se les ha seguido contando como afiliados para disimular la falta de apoyo social. Más del 90% de los que se apuntaron se han borrado y no quieren saber nada más del Consell ni de quienes lo dirigen”, apunta un activista crítico, exmiembro del Consell, a El Confidencial.
La actual estructura del Consell depende de una gestora, nombrada para enderezar el rumbo de la entidad después de los sucesivos escándalos económicos que salpican al vicepresidente Toni Comin, a quien acusan de haber pagado 15.530 euros de gastos privados con fondos del Consell de la República. Comin, a su vez, controla la Associació Cultural República Global (ACRG), que da cobertura legal a los consells locales que operan en Cataluña. La situación es catastrófica: o se pagan las deudas de los proveedores o se pagan los salarios. No hay dinero para tanto gasto, según algunas fuentes, pese a que desde círculos cercanos a Comin se insiste en que los ingresos, aunque mucho menores que los años anteriores, aún pueden salvar la entidad.
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La ACRG era alimentada económicamente por CatGlobal, que es el paraguas legal que tiene el Consell de la República en Bélgica. Pero el flujo de dinero se ha cortado, entre otras cosas, porque los ingresos han bajado mucho y el Consell se aboca a un abismo económico. Los miembros de la ACRG, controlada por Comin, denuncian a sus activistas que la gestora no ha querido negociar la fórmula para sacar a la entidad del hoyo económico y que la alternativa es sólo el “despido de los trabajadores del Consell y que los salarios y las quitas pendientes, en caso de que CatGlobal no quiera hacer la transferencia correspondiente, sean asumidos por el Fondo de Garantía Salarial y, eventualmente, la disolución de la ACRG”.
La pataleta de Comin
En otras palabras, que los activistas que han trabajado hasta ahora para Waterloo intentando desprestigiar la imagen de España y apoyando duras campañas de imagen en su contra, vayan a cobrar ahora del Fogasa español. Ello supondría también eliminar la cobertura legal que tienen los consejos locales en Cataluña. “Es un agravio inestimable para los consejos locales, que más allá de quedaros sin un CIF que os ampare, os quedáis sin el apoyo incondicional de todos los trabajadores, tanto vosotros como el resto de órganos del Consell de la República”, alertó la asociación cercana a Comin a los consejos locales en una dura misiva contra la gestora.
La ACRG hizo que en 2023 se trasladasen los contratos del personal del Consell de la República a Cataluña, puesto que los costes laborales y, especialmente los de la Seguridad Social, son sensiblemente menores. La primera medida tras el estallido de la crisis interna fue proponer una reducción de los sueldos del personal del 25%, aunque la situación es tan desastrosa que no se pueden tapar todos los agujeros: si se pagan los sueldos, los impuestos y la Seguridad Social, se deja de pagar a los proveedores y viceversa. El Consell de la República es, en estos momentos, un auténtico agujero negro del independentismo, económicamente hablando.
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A comienzos de diciembre, esta asociación envió una carta a los consejos locales en la que daba cuenta que había acordado con la gestora una reducción del 50% de la masa salarial del Consell de la República para poder pagar a los proveedores, con un cambalache entre las dos asociaciones que dan cobertura legal a la entidad en Bélgica: CatCiP y CatGlobal. Quien había de solucionar el problema dinerario era esta última, realizando una transferencia para cubrir los gastos. Pero desde CatGlobal no se ha aportado dinero para pagar gastos ordinarios.
Los nombres que suenan
Un sector del Consell cree que la situación se puede salvar todavía con una buena gestión, aunque otras fuentes aseguran que la guerra civil es el epitafio del Consell de la República, que fenece de esta manera de la forma más ignominiosa. Aún así, hay pequeños grupos interesados en rehacer el Consell con alguien de relumbrón a la cabeza. En círculos soberanistas ya se han puesto nombres sobre la mesa: desde el de Laura Borràs, descabalgada por Carles Puigdemont de la presidencia de Junts, hasta el propio Toni Comin, que fue la espoleta de la crisis, pasando por Neus Torbisco, una de las personas de confianza de Carles Puigdemont, o Pere Pugès, uno de los fundadores de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
El Consell de la República, el organismo que, según Carles Puigdemont, estaba llamado a protagonizar la independencia de Cataluña, está a punto de desaparecer en medio de una cruenta guerra interna que enfrenta al vicepresidente de la entidad, Toni Comin, con la gestora nombrada tras la dimisión del propio Puigdemont como presidente. El cisma es total, con acusaciones cruzadas e incluso palabras altisonantes entre las dos partes.