¿Cestas de Navidad para los funcionarios? Una sentencia de Madrid deja a Cataluña sin regalos

Nueces, turrones, embutidos ibéricos y botellas de vino o cava envueltos en papel celofán y dentro de una cesta de mimbre. Es un regalo habitual en muchas empresas privadas de España y, hasta este año, un obsequio que también recibían los funcionarios del Ayuntamiento de Ascó (Tarragona, 1.600 habitantes). Una localidad con menos de cien funcionarios, pero con regalos valiosos que alegraban, desde hace más de veinte años, la llegada de las Navidades a estos empleados. Sin embargo, este año será el primero en el que los trabajadores públicos se vayan a casa con las manos vacías tras una sentencia del Tribunal de Cuentas.

Este lunes por la mañana los funcionarios de Ascó recibieron un correo electrónico en el que se les informaba de este desistimiento. "Se trata de una decisión que no es agradable de tomar porque además de un detalle a los empleados públicos y colectivos colaboradores, es un impulso al comercio de proximidad", lamentaba el Gobierno local a través de un comunicado. Fuentes cercanas al Ayuntamiento subrayan que el Gobierno local compraba los productos cada año en distintos negocios de la localidad para tratar de dinamizar el pequeño comercio.

Este cambio que se produce ahora en el municipio de Ascó tiene su origen hace cuatro años a más de 450 kilómetros de la localidad catalana. La Intervención del Ayuntamiento de Venturada (Madrid, 2.500 habitantes) denunció en abril de 2022 al propio Consistorio por "suministrar lotes de empresa de Navidad sin que consten los destinatarios (110 unidades), ni se justifique el fundamento legal que ampare el gasto, que se considera una liberalidad del empresario que no puede predicarse de una administración pública". Este Consistorio otorgó más cestas navideñas que empleados públicos figuraban en la plantilla.

La denuncia se refiere a los suministros que este Ayuntamiento pagó a una charcutería local en 2021 por los productos ibéricos que se dieron a empleados públicos y al personal externo como al párroco, voluntarios de protección civil o personal sanitario en diciembre de 2020. Para el personal externo, el Ayuntamiento alegó el esfuerzo de estos trabajadores durante la pandemia de Covid-19, pero el Tribunal estimó que "no puede considerarse suficiente para justificar la entrega de las cestas de Navidad".

El Ayuntamiento también manifestó que era una práctica que se llevaba a cabo desde el año 1996 y por esa tradición el equipo de gobierno continuó con los regalos. Sin embargo, el Tribunal objetó que "el hecho de que la entrega de un obsequio en Navidad fuera una costumbre reiterada en la Corporación municipal no convierte a esa costumbre en legal ni exime al gestor de los fondos municipales del deber de garantizar la integridad de los fondos públicos gestionados". Tras varios años de alegaciones, el Tribunal declaró responsable al entonces alcalde, Daniel Álvarez. El ex edil tuvo que pagar los 11.750 euros que valían las cestas porque la consejera del Tribunal estimó que "la entrega de caudales públicos en favor de terceros para una finalidad ajena a los intereses públicos no es sino una liberalidad que ocasiona un perjuicio económico en la hacienda pública".

En Lleida, también se anunció el pasado mes de noviembre que se cancelaban estos regalos

La resolución final de la sentencia de Venturada se dictó en diciembre del año pasado. Ante la pena económica, que ha tenido que hacer frente el propio antiguo primer edil, son varias las administraciones que han decidido eliminar este obsequio. Entre ellas, el Ayuntamiento de Ascó: "Aunque la sentencia no se refiera directamente al municipio, el consistorio no puede ignorarla, ya que es de aplicación general", señalaba el alcalde en el documento emitido.

La Diputación de Lleida también anunciaba el pasado mes de noviembre que cancelaba estos regalos. Los 700 trabajadores del ente provincial y 1.500 del Ayuntamiento se quedarán sin el detalle navideño que costaba a las arcas públicas 44.000 euros. También la Diputación de Tarragona ha eliminado esta praxis. El organismo había incluso llegado a licitar la compra de 1.340 lotes por 69.000 euros, pero un aviso del interventor les hizo cambiar de opinión a falta de unas semanas para las fiestas. Otras administraciones, en cambio, han optado por mantener esta tradición tan arraigada en muchas empresas privadas del país.