Conflictos y escándalos marcan el megaconcurso sanitario en Cataluña de 2.400 millones

Cataluña encara esta semana el mayor concurso público de la Administración catalana: la adjudicación del transporte sanitario urgente, un pastel de 2.382 millones de euros por el que presentan licitaciones 13 empresas y que, por primera vez, será por cinco años (el último fue en 2014 con una vigencia de 10 años). Pero en el reparto de este enorme negocio puede haber cambios sustanciales en los operadores catalanes.

Para empezar, la compañía Ambulancias La Pau, que opera el área de Barcelona, está pasando graves problemas económicos y de gestión, hasta el punto de que el Gobierno vasco le embargó este mes de noviembre 11 millones en avales. La empresa tuvo que dejar esa comunidad el pasado 25 de noviembre. "Se da la circunstancia de que La Pau tiene el transporte en el área de Barcelona ciudad, el mayor lote de los 10 que se ponen en juego y opta de nuevo a él —explican a El Confidencial fuentes del sector sanitario—. El escándalo de la expulsión del País Vasco y el concurso de acreedores en esa comunidad se produjo una vez abierta la primera plica, pero el día 10 de diciembre se abre el segundo sobre, sobre las características técnicas y ahí se decidirá quién se queda la concesión. Si La Pau se queda definitivamente fuera, muy posiblemente el transporte sanitario urgente de Barcelona vaya a parar a manos de Falck, que es un fondo internacional que ya opta a seis lotes del concurso".

Fuentes solventes admiten que existe preocupación en el Govern por la situación económica de Ambulancias La Pau. "Esta preocupación se extiende también al sector empresarial, porque si finalmente no puede mantener una propuesta sólida o se retira, significará que el fondo Falck, que ya tiene un buen trozo del sector, puede hacerse con los lotes más importantes del concurso, al no tener competidor", añaden las fuentes consultadas.

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Fuentes del sector explican a este diario que "La Pau es una cooperativa que opera muy fuerte en Barcelona. En el País Vasco se presentaron con una extraña oferta que parecía como si fuesen a pérdidas y de ahí surgieron sus problemas y el embargo del Gobierno vasco. En el CatSalut temen que la situación pueda reproducirse en Cataluña y su actual dilema es qué hacer con La Pau, ya que si presenta una buena oferta técnica ya veremos en las puntuaciones subjetivas lo que saca, puesto que existe el riesgo de que los problemas económicos por los que pasa afecten a su servicio en Barcelona".

La irrupción de CTS

El contrato más oneroso que se licita es el de la zona del Barcelonès Nord, cuyo monto asciende a más de 457 millones de euros. Le sigue la ciudad de Barcelona, un contrato que supera los 348 millones de euros, seguido del de Girona y Alt Maresme, con 339 millones. Para este segundo lote, se presenta esta vez el Consorci del Transport Sanitari (CTS), que en el anterior concurso solo se había presentado en la ciudad de Girona. En esta ocasión, opta a quedarse con el transporte de toda la Costa Brava (desde Montgat, pocos kilómetros al norte de Barcelona, hasta Francia), el aludido lote de Girona y Alt Maresme, pero también ha formado una unión temporal de empresas (UTE) con la empresa Prefabricados Pujol para optar al transporte de Lleida, más de 161 millones de euros. Prefabricados Pujol es la propietaria del Centre Mèdic Pla d’Urgell, la clínica privada más importante de la ciudad leridana.

CTS ha irrumpido con fuerza en el sector sanitario en los últimos años, desde su remodelación en 2018 y después de que pasase a manos de Eduard Vidal, proveniente de Acciona. En su cartera tiene el transporte sanitario del Aeropuerto de Barajas, del Parlament de Cataluña o del Circuit de Montmeló, por ejemplo.

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El área de Lérida estaba hasta ahora en manos de Ambulancias Egara, que también había ganado en 2014 los lotes de Tarragona y Terres del Ebre, que abarcan las comarcas del sur de Cataluña. En esta ocasión, Egara concurre en las mismas áreas, pero tiene en su contra varias circunstancias adversas: en Aragón tuvo problemas con su socia, Ambulancias Maíz, lo que le hizo renunciar al contrato en esa comunidad hace poco más de un año. Pero en Cataluña estuvo en el centro de una polémica al haber sido registrada su sede en marzo del año pasado en una operación que buscaba aclarar si el exresponsable de Comunicación de Convergència, David Madí, había participado en alguna intermediación para la obtención de los concursos de 2014. Los agentes no encontraron ninguna documentación sospechosa en ese sentido, pero la imagen pública de la compañía quedó tocada.

En realidad, las adjudicaciones finales dependerán en buena medida de las apreciaciones subjetivas de la mesa de contratación elegida por el Govern. De ahí que los conflictos por los que ha atravesado Egara puedan afectar de alguna manera a la valoración de los técnicos. Fuentes empresariales explican a El Confidencial que el concurso se retrasó unos meses para no entorpecer las elecciones autonómicas. Pero, una vez publicados los pliegos de prescripciones tanto técnicas como administrativas, hubo dos recursos: uno fue por las condiciones técnicas exigidas y luego dos compañías más interpusieron un recurso para redimensionar el cálculo de los pagos por distancias y tiempo de respuestas en algunos de los territorios. Esta semana quedará el camino expedito para conocer a qué compañías se les ha adelantado el gordo de Navidad.