Junts se abre a negociar los Presupuestos Generales del Estado y darle vida a Sánchez

Junts se abre a negociar los Presupuestos Generales del Estado y alargar la vida política de Pedro Sánchez, según señalan fuentes de esta formación. Esto supone un cambio importante, porque, hasta ahora, la doctrina de la formación que preside Carles Puigdemont era negociar las medidas fiscales, pero no las cuentas públicas. Si las conversaciones prosperasen, algo que aún no está claro, eso daría vida política a Pedro Sánchez en un momento en que está acosado por los casos de Aldama, Begoña Gómez, fiscal general, David Azagra...

El precio de Junts no será barato. Junts quiere como contrapartida a sus siete votos una compensación por las inversiones presupuestadas en Cataluña, pero no ejecutadas por parte del Gobierno central, lo que fue un argumento recurrente de Puigdemont entre los agravios que se exhibieron en la campaña de las últimas elecciones catalanas.

Para debatir estas cuestiones, Puigdemont ha convocado el próximo lunes 9 de diciembre, después del puente de la Constitución, una reunión de la permanente del partido. No se prevé que tomen una decisión, pero sí que Puigdemont haga un pronunciamiento público, según ha anunciado la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista al Diari de Tarragona.

Fuentes de Junts auguran que Puigdemont evitará decantarse por la aprobación o el rechazo de las cuentas y que preferirá alargar la agonía de Sánchez, pero también reconocen que la cuestión está abierta. La opción más probable es castigar al PSOE con la incertidumbre a causa de lo que se consideran incumplimientos a costa de la desclasificación de papeles del CNI por el atentado de las Ramblas, la cesión de competencias de inmigración o las idas y venidas a costa del impuesto a las energéticas. En resumen, Pedro Sánchez se comerá los turrones en la Moncloa, pero sin saber si tiene el respaldo de Junts para los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que ya han sido prorrogados.

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Al cónclave en Bruselas acudirán, además de Nogueras, otros altos cargos del partido como Antoni Castellà, Mònica Sales, Albert Batet, Josep Rius, Jordi Turull, Judith Toronjo, David Saldoni y Eduard Pujol.

Durante la campaña, Puigdemont cifró el problema de la falta de inversión pública en Cataluña en una entrevista en El Punt Avui de la siguiente manera: “Para ilustrar la diferencia entre lo que se ejecuta en Cataluña y lo que no, de los 100 euros que dicen que se gastarán con los catalanes, acaban siendo 60 y pocos. Cada año”. Puigdemont propuso en campaña "elaborar una propuesta de cancelación de la deuda pública de la Generalitat en manos del Estado a cuenta de las inversiones presupuestadas y no ejecutadas y establecer un mecanismo anual de compensación por futuros ejercicios".

Inversiones pendientes

La Generalitat de Cataluña debe 88.952 millones, de los que el FLA cubre 75.813 millones, según el último informe para inversores de la Conselleria de Economía. Esos 75.000 millones serían los que se aspiraría a que fuesen asumidos por el Estado, pero esa propuesta carece de cualquier realismo.

Junts plantea un 'mecanismo de compensación' por las inversiones no ejecutadas

En el conjunto de 2023, el Estado gastó en Cataluña 1.028 millones de euros frente a los 2.276 millones previstos inicialmente, lo que representa un 45% de inversión no ejecutada. Lo lógico sería que en los Presupuestos Generales del Estado hubiese una partida que compensase esos algo más de 1.100 millones que quedaron pendientes. Eso equivaldría al “mecanismo anual de compensación”. Pero técnicamente nunca se ha implementado algo así.

Dilema sobre los atrasos

Fuentes de Junts explican que “no tienen ningún acuerdo de estabilidad y, por tanto, negocian pieza a pieza. Si cumplen y gana Cataluña, están los votos de Junts, si no, no. No formamos parte de ningún bloque, nuestro bloque es Cataluña”. Pero eso ya apunta a abrir conversaciones.

El principal problema no es el técnico, sino que Junts no se contenta con un mecanismo de compensación interanual y aspira a cobrar atrasos, algo mucho más complicado de otorgar para el Gobierno central.