Colau revive a los comunes a costa de la crisis de vivienda que ella agravó en su mandato

Los comunes ya no cuentan con Ada Colau entre su cúpula dirigente, pero la estrategia es la misma que cuando Colau se planteó saltar a la política aprovechando el 15-M. Usar el malestar por la crisis de falta de vivienda como trampolín político. La manifestación con más de 22.000 personas este sábado en la ciudad de Barcelona supone la piedra de toque para el rearme de la izquierda en Cataluña, con la amenaza añadida de una huelga de inquilinos que dejen de pagar las rentas cada mes. Y eso que con Colau alcaldesa los precios durante ocho años se dispararon.

La manifestación por la falta de vivienda en Barcelona y los precios desorbitados de los alquileres fue un éxito. Como lo fue la de Valencia contra Carlos Mazón. Pero si en la marcha valenciana los que recogieron los frutos fueron Compromís y, en menor medida, el independentismo, en la de Barcelona han sido los comunes. Los de Irene Montero en Cataluña siguen siendo residuales.

La subida de los alquileres a niveles nunca vistos –700 euros por alquilar una habitación en Barcelona– ha colocado a buena parte de la clase media-baja en una situación de exclusión del mercado residencial en Barcelona y en buena parte del área metropolitana. Y aquí quieren pescar los comunes, que piden un control de precios que permita rebajar los alquileres un 50%.

El precedente de Colau da esperanzas a los comunes. Colau se inició como activista en el Sindicat de Llogateres. Utilizaron luego las subvenciones del ayuntamiento de Xavier Trias al Observatorio de la Vivienda para armar los cuadros del partido. Y así llegó a la alcaldía. Hay un pequeño detalle: durante los ocho años de mandato de Colau, los precios de los alquileres en la capital catalana se dispararon.

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El único político español que tiene identificada la vivienda como una urgencia de país es Salvador Illa. El presidente catalán ha anunciado que construirá 50.000 viviendas esta legislatura, un objetivo ciertamente difícil. Y ante la manifestación ya ha replicado que “asumirá el liderazgo”, pero ha pedido a sus interlocutores “realismo”.

Junts y ERC, por su parte, se han quedado fuera del marco de la reivindicación, dejando todo el espacio libre a los comunes. ERC se encuentra sumida en sus guerras internas, que se tendrán que dirimir en su próximo congreso, mientras que Junts se aleja del debate por razones de clase.

Pequeños propietarios

Uno de los lemas más aclamados de la manifestación fue “en este país no faltan pisos, sobran rentistas”. Junts discrepa, pero con la boca pequeña. Pese a los llamamientos contra los grandes tenedores, en Junts son conscientes de que la mayoría de los propietarios tienen únicamente dos pisos –viven en uno y alquilan el otro­–. Según datos de ASVAL, en Cataluña esta situación responde al 80% de los pisos de alquiler en este mercado.

Opinión

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Se trata, por tanto, de muchísimos votos que pueden perderse si la huelga de alquileres se pone en marcha, ya que los principales perjudicados serían estos pequeños propietarios, no los fondos como Blackstone o BlackRock, que pueden aguantar una caída de esos ingresos sin mayor problema, incluso si una hipotética huelga de este tipo durase un año.

La CUP se suma

La CUP se ha unido a la ola. De hecho, están intentando copiar la estrategia de los comunes: sumarse a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para ganar protagonismo en ese terreno. Los comunes condicionan todo su apoyo a los presupuestos de Salvador Illa para 2025 a las políticas de vivienda. Todo apunta a que sus posiciones y las del PSC están alineadas. Si las cuentas naufragan no será por eso, según explican fuentes cercanas a las Consellería de Economía. Las políticas de vivienda son muy complejas y requieren de una actuación más allá de las competencias de la Generalitat y que sean constantes en el tiempo, por encima del partidismo de los partidos, como se ha hecho en Aragón.

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Pero, además, hacen falta ayudas fiscales a ese 80% de pequeños propietarios para que sean parte de la solución y no se les identifique como problema. Y distinguir entre vivienda social –que ha de ser impulsada por el Estado para personas pobres–, la vivienda asequible –promovida por una confluencia del sector público-privado– y la vivienda libre. En Cataluña, en diez años se puede llegar a los 10 millones de habitantes. Ahora suman 8,5 millones, y es el momento de que todas las administraciones asuman el reto y su urgencia. De no ser así, una nueva Colau podría volver a ser alcaldesa de Barcelona mucho antes de lo que se piensa.