Los comunes piden que Artur Mas acuda al Parlament para explicar el fiasco de ATLL

Los comunes han pedido que Artur Mas comparezca ante el Parlament para que explique cómo una privatización que tenía que reportar más de 900 millones de euros, la venta de ATLL a Acciona, le ha acabado costando a las arcas públicas de la administración catalana 365,6 millones de euros, tal y como desveló El Confidencial esta semana. Artur Mas pilotó esta venta en 2012, mientras ocupaba la presidencia de Cataluña entre 2010 y 2016, encabezando lo que entonces CDC denominaba “el Govern dels millors”, el gobierno de los mejores.

Los comunes piden ahora que Artur Mas comparezca ante la comisión de Territori del Parlament, y que lo hagan también los dos hombres que llevaron a cabo la privatización: el entonces conseller de Economía Andreu Mas-Colell, prestigioso economista; y quien fuera titular de Territori, Lluís Recoder.

A los tres se les exige que expliquen los detalles de aquella privatización y que hagan una “valoración sobre las sentencias posteriores y pago de compensación por valor de 365,6 millones de euros al fondo buitre Fortress”, que es como ha acabado el rosario de pleitos de más de diez años en los que se ha visto inmersa la Generalitat a raíz de que Agbar impugnase la venta a Acciona. Al final, la administración se ha visto obligada a pagar, y el resultado resultaba tan vergonzante, que el gabinete de Aragonès efectuó el abono el pasado mes de mayo, ocultando el pago en el Consell Executiu en el que se dio luz verde, ya en funciones.

Hay que entender que esta situación se produce cuando la Generalitat de Salvador Illa tiene que pactar con los comunes y ERC los primeros presupuestos restrictivos de la Generalitat, impuestos por el nuevo marco de la UE.

Que se pida la comparecencia no quiere decir que se consiga. El presidente de la Comisión de Territori es Joaquim Calatayud, diputado de Junts. No es previsible que Junts apoye la comparecencia de Artur Mas y sus consellers. Y menos, con Mas de gira por todos los medios de comunicación catalanes, sacando pecho por el décimo aniversario de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La comparecencia dependerá del PSC con cuatro miembros de la comisión. Y ERC tampoco tiene incentivos para que se hable del tema después de haber ocultado el pago de manera deliberada durante meses.

El eje ERC-PSC

Buena parte del eje de la legislatura depende del entendimiento PSC-ERC, así que los socialistas carecen de incentivos para apoyar la iniciativa. Otra cosa es si se vota la decisión después de que Junts vete los Presupuestos Generales del Estado, algo que en este momento no está claro.

David Cid, portavoz de los comunes en el Parlament, lamentó esta semana que desde ERC “hiciesen ese pago a escondidas para compensar la fallida privatización de esa compañía. Es el peor pufo de la historia”. Hay que entender que 365 millones supone casi el 1% del Presupuesto de la Generalitat. La Conselleria de Cultura gasta eso, así que se entiende que los comunes hayan puesto el grito en el cielo ante este final de la crisis de ATLL.

Los comunes denuncian que los 365 millones los han pagado todos los catalanes

“Yo lo que les reprocho es que no lo hayan explicado. Sería bueno que lo hicieran: no sé cuánto es por indemnización o intereses. Pero no es una cifra menor. Es razonable que lo explicaran por una mala gestión, que es que además no es suya”, apuntó David Cid sobre la actitud de ERC y Pere Aragonès con este abono.

Pagaron todos los catalanes

“Al final”, concluyó el diputado de los comunes, “somos todos los catalanes los que hemos pagado estos 365 millones por una privatización fallida del gobierno de CiU que se autodenominaba como el govern dels millors”.

Hay otro agravante político de calado. El ejecutivo de Aragonès adelantó elecciones porque querían evitar desembolsar 50 millones de euros por retirar la licencia de juego al proyecto de Hard Rock Café en Tarragona. Por ese motivo, los comunes se negaron a apoyar los presupuestos de Aragonès. Luego, ERC perdió las elecciones y 16 días después pagaron siete veces más por los errores de Artur Mas y su gobierno de lo que les hubiera costado salir de Hard Rock, además cubriéndoles las espaldas a los convergentes. La operación económica es clara: había que cumplir con lo que marca la ley. Pero políticamente resulta indescifrable.