Waterloo le cuesta al soberanismo más de un millón al año mientras caen las donaciones

La estructura de Waterloo le cuesta al independentismo más de un millón de euros año, según consta en la auditoría externa que se ha hecho sobre CATGlobal ASBL, la entidad sin ánimo de lucro belga que da cobertura legal a toda la actividad de Carles Puigdemont en el exterior. En la auditoría, encargada para establecer si Toni Comín había llevado a cabo gastos irregulares, se fija que en 2023 la entidad que se engloba dentro de lo que se conoce como Consell de la República, denominada CATGlobal ASBL, gastó 1,15 millones, convertido en un ente en crisis y castigado por una caída de las donaciones del 20% respecto al año anterior.

Los 1,15 millones no es el gasto total. En 2023, se separaron las funciones, según se recoge en la última asamblea de CATCiP. Allí se estableció que la entidad “CATGlobal se convertirá exclusivamente en el apoyo del Consell”, mientras que CATCiP “será exclusivamente solidaria con la Casa de la República”. Es decir, ese millón de euros no incluiría el gasto de la mansión de Waterloo, que va a cargo de otra entidad belga: Catalunya Cultura y Progrés (CATCiP) AISBL. Pero como el informe no incluye las cuentas de esta segunda entidad, resulta imposible establecer una cifra más precisa.

Ese año 2022, CATCiP recibió de CATGlobal 80.000 euros. En 2023 esa cantidad se reduce a 58.970 euros, pero CATGlobal sigue sosteniendo al ente hermano. Esta cifra resulta problemática para la auditoría, que critica que se apunte como subvención cuando considera que debería ser una donación. El auditor lamenta que “no existe ningún documento que soporte esta operación”.

¿Y de dónde sale el dinero? De donaciones, que es como se contabilizan el grueso de los ingresos. En 2023 fueron 1,15 millones, lo que refleja una caída de las donaciones del 20% en un año. La cuota de cada socio es de 10 euros anuales, aunque la web da facilidades para que se aporte más dinero en cuotas trimestrales. Oficialmente, hay 103.453 socios, aunque los que votaron telemáticamente para escoger a Puigdemont apenas fueron 8.941.

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CATGlobal no ha presentado cuentas nunca, aunque había un compromiso de informar a los socios. No deposita su contabilidad en el registro mercantil belga. Y la última asamblea, que según la auditoría se celebró el 30 de junio de 2024, tampoco se ha depositado el acta en el registro dejando constancia, con lo que se contraviene la legislación de Bélgica.

Situación de crisis

La foto de la auditoría de CATGlobal muestra una entidad en crisis, con caída de ingresos y superada por un alto volumen de gasto y que intentaba reducir sus costes trasladando su actividad a España. A esto último, el auditor plantea una pega no pequeña: “La transferencia de donaciones de una entidad a otra podría presentar dificultades. La situación de acoso político también lo hace inviable. Por tanto, estamos hablando más de un deseo de normalidad que una recomendación, ya que actualmente no es aplicable”.

En 2023 el Consell tenía en nómina a 7 personas que costaron más de medio millón

El grueso de los desembolsos son gastos generales, 554.982 euros. Luego está el personal, con 465.486. La entidad tiene en nómina a siete personas, entre las que destacan la coordinadora, Carlota Canut, una antigua regidora de Junts en el Baix Pallars (Lleida), y Adrià Alsina, antiguo responsable de comunicación de la ANC.

CATGlobal ha hecho un importante esfuerzo en reducir sus gastos. En 2022 sumaban 1,6 millones y las pérdidas se situaron en 244.181 euros. Al año siguiente, los costes se habían recortado a 1,02 millones, una rebaja del 36%. Pero por culpa de los gastos irregulares, que van más allá de Comín y suman un total de 81.000 euros, al final los beneficios apenas suman 4.816 euros. Durante sus años de existencia, CATGlobal ha acumulado números rojos.

Desequilibrio patrimonial

“La Entidad presenta un patrimonio negativo de 58.108 euros, lo que significa que, a fecha 31 de diciembre de 2023, el acumulado de ingresos es inferior a los gastos y, por tanto, tiene un déficit patrimonial. Este déficit se ha financiado básicamente con el retraso en el pago a proveedores por importe de 63.175 euros”, señala el auditor que califica la situación de “moderadamente preocupante”, pero advierte que “los miembros del consejo están asumiendo unos riesgos que no les corresponden, en la medida en que no controlan el gasto y compromisos adquiridos, siendo responsables jurídicamente de la Entidad”. O lo que es lo mismo: los administradores son meros testaferros, mientras que las decisiones las toman Puigdemont y Comín.

Por último, la auditoría da un detalle que no es ilegal, pero que hasta ahora era desconocido: “Existe un acuerdo de reparto de ingresos de 3 de octubre de 2023 en el que se establece un sistema de reparto de las donaciones recibidas en CATGlobal, otorgando un importe de 6.338,10 a cada uno de los tres exiliados”. Los tres “exiliados” son Puigdemont, Comín y el exconseller Lluís Puig. En 2023 Puig era diputado en el Parlament y Puigdemont y Comín parlamentarios europeos: ninguno de ellos desveló esos ingresos extraordinarios en sus informes de bienes en sus respectivas cámaras legislativas.