Una carta de Trapero confirma que había infiltrados "violentos" en la fuga de Puigdemont

El nuevo director general de la Policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, ha desvelado en una carta enviada a la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional Catalana, con membrete de la Dirección General de la Policía, que en el acto de Carles Puigdemont del 8 de agosto en Barcelona lo que hubo fue un "ataque violento" de algunos manifestantes contra la línea policial con el fin de invadir el parque y llegar hasta el Parlament. Estuvieron a punto de conseguirlo.

El 8 de agosto, el Govern, entonces en manos de ERC, permitió montar un escenario en el Arco del Triunfo para que pudiese lanzar un discurso Carles Puigdemont, antes de la investidura del socialista Salvador Illa. La previsión era que el fugado se entregaría después. Para evitar males mayores, el Govern cerró a cal y canto el parque de la Ciudadela, con lo que evitaba un espectáculo que podría ser peligroso en las puertas de la Cámara. En un informe al juez Pablo Llarena, los responsables policiales reconocieron errores de su dispositivo merced a los cuales el huido… se volvió a fugar. Pero, además, venía a asegurar que entre los manifestantes había actores soberanistas y colectivos de ultraizquierda alborotadores.

Trapero, en su misiva oficial, da la cara por los mandos y los agentes de los Mossos y justifica la actuación ante manifestantes "violentos" que estuvieron a punto de romper la línea de contención e invadir el parque de la Ciudadela, recinto donde se encuentra el Parlament. La intención de la Policía autonómica, asegura el director general, era que la investidura del nuevo presidente se produjese con total normalidad.

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La ANC cargó contra el informe enviado a Llarena acusando a los Mossos de una actuación "más propia de la Brigada Político Social o de las Brigadas de Información de la policía franquista que de una policía democrática". Según la ANC, la manifestación fue pacífica y solo rota por la actuación violenta de los agentes de los Mossos, que trataron de impedir el derecho de manifestación, de reunión y de expresión.

Uso de gas pimienta justificado

El director general se explaya en las circunstancias en que transcurrió la jornada, desmontando una por una las quejas de los extremistas. "Pese a que la previsión era que las movilizaciones previstas para aquel día serían de carácter pacífico, la complejidad de actores e individualidades que las componían, juntamente con el elevado número de personas que se añadieron a las convocatorias [acudieron unas 3.500 personas] motivó que se produjesen episodios de riesgo, con una posible afectación sobre la integridad y la dignidad de personas de relevancia política, afectaciones a la seguridad ciudadana y daños a los bienes", explica.

Una de las acusaciones contra los Mossos fue la utilización de gas pimienta contra los manifestantes. Trapero no lo niega; al contrario, lo justifica: "Os informo que las motivaciones policiales en que se justifica el uso de esta herramienta es porque la línea policial de seguridad, formada por efectivos de orden público, recibió múltiples empujones con la finalidad de romperla, por parte de personas que querían acceder masivamente al interior del parque".

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En la carta de Trapero se llega a decir que la situación se fue agravando "con acciones violentas por parte de algunas personas, hasta el punto de que la línea de contención de la línea policial quedó comprometida y para impedir este acceso descontrolado de los manifestantes al interior del parque, se decidió que el medio de contención menos lesivo e indicado para evitarlo era el uso del gas OC".

La ANC se quejaba a la consejera de que se lanzó gas pimienta contraviniendo los protocolos que tienen los Mossos desde 2019, aunque luego señala que "el protocolo dice que el gas solo se podrá utilizar contra manifestaciones violentas y lanzado a una distancia que va de un metro y medio a dos meses. En este caso, ni la situación era de violencia ni se lanzó dirigido a determinadas personas, sino de manera aérea sobre el conjunto de manifestantes, que afectó a un radio de unos 50 metros. Esta acción provocó vómitos, irritaciones de piel y dificultades graves de respiración a las numerosas personas que había en aquel lugar, algunas de las cuales aún padecen los efectos (…) este acto injustificado supuso un trato degradante hacia las personas que se manifestaban de manera pacífica utilizando métodos de resistencia pacífica”.

Trapero insiste en su carta en la violencia de algunos manifestantes y defiende el uso del gas pimienta, "específico para el control de masas"

Trapero, en cambio, insiste en la violencia de algunos manifestantes y aduce que el gas pimienta "es específico para el control de masas y tiene como objetivo reducir la capacidad de reacción efectiva de las personas sin producir efectos lesivos". Estas actuaciones se produjeron al mismo tiempo, aunque pasaron más desapercibidas, que la fuga de Puigdemont, que se evaporó disfrazado, sin americana y con una gorra de béisbol, de las inmediaciones del escenario, mientras los violentos hacían necesaria la presencia policial en las cercanas verjas del parque de la Ciudadela.

La misiva recuerda a la ANC que entre los efectivos desplegados había "agentes de la División de Mediación y Diálogo, que durante la jornada del 8 de agosto, y con anterioridad, realizaron gestiones con todas las entidades que se habían comunicado con la dirección general de Administración de la Seguridad para garantizar que el derecho de reunión se pudiese ejercer con las máximas garantías de seguridad para todos".

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Para la ANC, sin embargo, hubo "una actuación desproporcionada que causó lesiones a los manifestantes que pacíficamente querían acceder tras los diputados al recinto del Parlament". Lejos de admitir la violencia de algunos manifestantes, la ANC justifica que "el hecho de la prohibición injustificada de entrar al parque provocó indignación entre los manifestantes (…) El desacuerdo con la prohibición absoluta y el legítimo deseo de entrar se manifestó en una actitud de resistencia pasiva ante la actitud de los Mossos". Por eso denuncian que "considerar un acto de resistencia pacífica como acto de violencia virulenta, es absolutamente injustificado y condenable".

La deriva extremista de la ANC queda patente no solo en las acusaciones a los Mossos por su actuación el 8 de agosto, sino por declaraciones de su propio presidente, Lluís Llach, aupado al cargo con el apoyo de Carles Puigdemont en una maniobra muy contestada desde algunos sectores del independentismo debido a su vinculación política: Llach no solo fue hasta principios de este año 'ministro' del Consell de la República, sino que en las últimas elecciones autonómicas pidió el voto para Puigdemont y en las europeas, para Toni Comín, también de Junts. Por si fuera poco, calificó al nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, de "fascista", en unas controvertidas declaraciones que tuvo que matizar más tarde y por las que le llovieron críticas incluso desde sectores soberanistas.