Otros 7 ayuntamientos 'fichan' a Puigdemont para que les diga con quién deben contratar

El pasado 4 de septiembre, Carles Puigdemont reunía en la localidad gerundense de Verges a siete alcaldes de pequeños municipios para firmar un convenio de colaboración por el que el Consell de la República asesorará a estos consistorios en 'materia ética' y les dirá con quién tienen que contratar los servicios municipales. El acto estuvo presidido, telemáticamente, por Carles Puigdemont y por su mano derecha, Toni Comín, vicepresidente del Consell.

En el acto estaban presentes representantes de Verges, Albons, Viladamat, Cervià de Ter, Jafre, Saus, Camallera i Llampaies y Sant Jordi Desvalls. La firma se hacía oficialmente para desarrollar la campaña de 'Consumo Institucional'. "Esta iniciativa —señala un escrito del Consell de la República— tiene como objetivo facilitar la cooperación entre ayuntamientos a la hora de realizar contratación pública, priorizando valores republicanos y nacionales y fomenta el uso de la Identidad Digital Republicana (IDR) en ámbitos institucionales. La campaña quiere fortalecer la economía catalana y reducir la dependencia del Estado español". Los ayuntamientos afectados corresponden a municipios gobernados por Junts, la CUP y un grupo municipal independiente (Jafre).

Puigdemont, que cerró el acto con un discurso a distancia, elogió la iniciativa subrayando la importancia de que se incluya la IDR en el documento, ya que así "se abren las puertas a explorar estas oportunidades y crear marcos referenciales propios". En otras palabras, que el Consell puede vender más carnets de identidad 'republicanos' y hacer caja con el evento: los carnets expedidos por el Consell cuestan 12 euros si con una tarjeta física y 6 euros si el ciudadano se conforma con un carnet virtual.

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La campaña para vender carnets está apoyada por entidades como la asociación Més Junts, Via Independencia, JNC, Demòcrates de Catalunya, Plataforma per la Llengua, Fundació Llibreria Les Voltes, la plataforma empresarial de la ANC Anem per Feina o medios de comunicación como El Punt Avui, El Nacional,. El Món, Vilaweb o La República. También la apoyan empresas como Catllum, Parlem, Mutuacat o Petrolis Independents.

Contra empresas no independentistas

Lo cierto es que, con la incorporación de estos 7 consistorios a la lista de entidades locales que tienen convenios de colaboración con el Consell de la República, son ya 18 los que han establecido tales lazos de amistad y negocios con la entidad áulica de Carles Puigdemont. "Los Ayuntamientos que firman el convenio obtienen una guía orientativa sobre contratación republicana, así como asesoramiento específico para el uso de la IDR y de otras políticas municipales", destaca el Consell.

¿Significa esto que se vetan a determinadas empresas? En la página de consumo institucional del Consell se dice claramente que el convenio pretende “disminuir el grado de dependencia económica de las empresas españolas (…) y garantizar una política que haga efectiva la desconexión con el Estado” y que el objetivo es “reducir el grado de dependencia económica de las empresas de los Països Catalans y contrarias a la independencia”. Una campaña de discriminación similar emprendida por la ANC fue suspendida por los tribunales.

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En algunos círculos independentistas, se critica con dureza este acto de propaganda. De hecho, el Consell es una entidad que jamás ha presentado sus cuentas públicamente, pese a las reiteradas promesas de Puigdemont de que lo hará, y que está bajo la lupa por haber dejado que se pagasen de sus cuentas gastos personales como cruceros por el Mediterráneo, en el que participaron Comin y Lluís Llach, entonces ministro del propio Consell y hoy presidente de la ANC, o el alquiler de coches y casonas para pasar las vacaciones.

Investigación judicial

Los convenios del Consell de la República están bajo sospecha. En realidad, hay una investigación judicial tras una denuncia de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, presidida por José Domingo, tras la firma del convenio con el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar. En la demanda, se solicitaba la identificación de la entidad Consell de la República y su registro correspondiente, dado que firmaba un convenio con el Ayuntamiento.

En julio de 2023, la Asociación Catalunya, Cultura i Progrés, AISBL (CATCIP) contestó al juzgado que "el Consell de la República ejerce su actividad a través de la asociación de carácter internacional y legalizada en Bélgica, con delegación en Cataluña, AISBL, entidad debidamente legalizada en el ámbito de la UE y en Cataluña, con plena capacidad de obrar". Afirmaba que la asociación se había inscrito debidamente en el registro de asociaciones de la Generalitat. Sus representantes legales son Joan Matamala y Lluís Antoni Jaile.

En febrero de este año, el juez pidió una copia certificada del convenio de Sant Pol y la acreditación de que CATCIP representa verdaderamente al Consell de la República. También solicitaba si se habían realizado trámites o actuaciones “con la denominada IDR y, en caso afirmativo, se informe del tipo de actuaciones o trámites que se han llevado a efecto”. No obstante, los directivos de la asociación belga dieron largas al juzgado. Tanto que una diligencia del pasado 2 de septiembre se dan por cumplidas todas las pruebas solicitadas menos una: la del oficio de CATCIP, "la cual no ha sido posible practicar pese a los reiterados intentos que se han realizado". En otras palabras: la diligencia da a entender que en ningún lugar existe una acreditación fehaciente de que CATCIP sea verdaderamente la representante legal del Consell de la República. Pero los convenios se siguen firmando ante el regocijo de la cúpula del propio Consell.