La Generalitat multa con 10.000 euros a la alcaldesa de Ripoll por su discurso xenófobo
Orriols afirmó que "la identidad catalana está amenazada" o que en "una Cataluña islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados"
La consejería de Igualdad y Feminismo ha confirmado una sanción de 10.000 euros a la alcaldesa de Ripoll y diputada de la ultraderechista Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por efectuar un discurso xenófobo desde una televisión, en aplicación de la legislación aprobada por el Parlament que permite al Govern abrir expedientes y proponer sanciones.
Orriols había agotado todos los recursos previstos pero este viernes se ha confirmado la sanción, que deberá ser abonada en los próximos días, han confirmado a EFE desde la consejería.
En el marco de un debate en la cadena 8TV sobre inmigración, Orriols afirmó que "la identidad catalana está amenazada" o que en "una Cataluña islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados".
Tras conocer que la sanción es firme, Orriols ha emitido un comunicado denunciando que se trata de una sanción "arbitraria" y un ataque a la libertad de expresión.
"Es inadmisible que se persiga a una representante pública por expresar una opinión compartida por instituciones tan relevantes como la Comisión Europea y el Tribunal de Estrasburgo. Esta multa no sólo es injusta, sino que establece un precedente peligroso que amenaza el derecho a expresarse libremente, especialmente cuando las opiniones contrarias a la narrativa oficial son silenciadas", ha añadido.
La legislación catalana para fomentar la igualdad de trato y evitar la discriminación, aprobada hace cuatro años, permite al Govern abrir expedientes y proponer sanciones ante declaraciones o comportamientos racistas.
La consejería de Igualdad y Feminismo ha confirmado una sanción de 10.000 euros a la alcaldesa de Ripoll y diputada de la ultraderechista Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por efectuar un discurso xenófobo desde una televisión, en aplicación de la legislación aprobada por el Parlament que permite al Govern abrir expedientes y proponer sanciones.
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