El PSOE regala a ERC un cuerpo diplomático propio y presencia de Cataluña en ONU y Europol

El acuerdo entre PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa colma los deseos del independentismo, pero despierta recelos en medios constitucionalistas por lo que significa de ruptura de la caja común fiscal y profundización de las desigualdades con otros territorios. El acuerdo cambia los parámetros de lo que corresponde a cada territorio, al obligar a introducir el principio de ordinalidad (el porcentaje per cápita que se destina a cada comunidad, que en principio no debería ser negativo), da a la Hacienda Catalana la potestad de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos y establece un ‘cupo catalán’ similar al vasco, lo que significa que Cataluña se queda una parte del dinero recaudado y contribuye al Estado con un porcentaje que no ha sido fijado aún.

Pero hay también otras concesiones que levantan tantas suspicacias como la entrega de la llave del grifo del dinero: en la práctica, se entregan competencias al Govern que hasta ahora han estado en manos de la Administración central, se blindan competencias para contentar a los independentistas y sortear sentencias judiciales y se promete dar carta blanca a un Cuerpo de Acción Exterior catalán que puede estar presente en organismos de la ONU o de Europol.

En materia educacional, el principal logro de los independentistas es la laminación de las sentencias habidas hasta ahora para que el 25% de la enseñanza, al menos, se impartiese en castellano. El pacto prevé que “el catalán, como lengua propia de Cataluña, ha de ser la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado”.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez abraza la financiación a la carta de Cataluña a riesgo de una revuelta de los territorios

Carlos Rocha. Sevilla

Ajenos a las sentencias, las nuevas directrices marcan que “la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos recogidos en el proyecto lingüístico de cada centro”. Esos son los argumentos con los que el independentismo ha rechazado históricamente las sentencias (que, por otro lado, la Administración catalana se resistía a aplicar) y que ahora son asumidas por los socialistas.

Críticas de asociaciones

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), señala a El Confidencial que el pacto “es una desvegüenza. El texto no es más que la transposición del decreto del 5 de julio, que fue anulado por los tribunales debido a que vulneraba derechos fundamentales. Pues no conformes con eso, ahora dejan por escrito que se saltan a la torera las sentencias”. Un comunicado de AEB denuncia que el pacto pretende que “los ciudadanos que tengan el castellano como lengua materna renuncien a sus derechos”. Y asegura que “el pretendido blindaje del catalán como única lengua vehicular solo es posible si en Cataluña se desobedece el marco constitucional y las sentencias judiciales. Esto es lo que ha firmado y pactado el PSC”.

La asociación Impulso Ciudadano, por su parte, denuncia que el pacto “vulnera la igualdad entre españoles, los derechos de los ciudadanos y supone la ruptura del pacto constitucional”. Impulso ciudadano arremete contra la cesión de la soberanía fiscal y denuncia el “blindaje del inconstitucional sistema de imposición de una educación monolingüe en catalán”, lo que considera “una traición socialista a los catalanes”.

TE PUEDE INTERESAR

El Govern quiere hacer "plenamente operativas" otras siete 'embajadas' en el exterior

EP

El conflicto político en esta cuestión, más allá de la manipulación de los datos objetivos sobre la lengua, radica en el hecho de que el pacto no sólo se mete con la lengua vehicular en los estudios. Según el texto, se obliga a “extender la vehicularidad de la lengua catalana en el ámbito de las actividades extraescolares y del deporte de base y de ocio, mediante el despliegue progresivo de los planes educativos de entorno en todos los municipios de Cataluña”. Este punto recuerda a los ‘espías lingüísticos’ de la Plataforma per la Llengua introducidos de incógnito en los patios de los colegios para conocer en qué lengua se comunicaban los niños durante el recreo, una medida que provocó agrias disputas sobre su legalidad y espíritu democrático.

200 millones para el catalán

Más allá de esto, Illa se compromete a “aprobar el Pacto Nacional por la Lengua propuesto por el actual Govern: durante sus 100 primeros días ha de asumir ese plan y dotarlo con 200 millones de euros en su primer año. Ese pacto incorpora desde iniciativas de promoción del catalán hasta el aumento de subvenciones para su utilización, pasando por campañas de sensibilización a la población sobre el uso del catalán o mayor formación en esta lengua. La AEB denuncia, en este sentido, que mientras se blinda la inmersión y se destinan 200 millones a la promoción el catalán, Cataluña lidera los rankings de segregación escolar y en más de 400 escuelas catalanas se sigue trabajando en barracones.

En materia de Exteriores, el acuerdo entre ERC y PSC prevé reforzar la presencia de Cataluña en organismos de la UE y en “promover la participación de la Generalitat de Cataluña en organismos y agencias internacionales donde se traten cuestiones que afecten a sus competencias”: ONU, Unesco, OMS, Europol, URNWA, FAO, OCDE, UBDP, UPM… En cuanto a la ONU, se pacta “el destacamento temporal de expertos de la Generalitat en instituciones y agencias de la ONU (práctica conocida como ‘secondements’, en la nomenclatura de los organismos internacionales), tal y como establece la Ley de Acción Exterior". En este sentido, Cataluña tendrá también su propio Cuerpo de Acción Exterior distinto al de España.

TE PUEDE INTERESAR

García-Page, sobre la financiación: "Espero que se den cuenta de que Puigdemont solo cobra"

Europa Press

“De manera prioritaria, se desarrollarán los mecanismos para facilitar la participación de Cataluña en la Unesco, tal y como hacen otras realidades nacionales como Flandes o Quebec, y Cataluña participará en las reuniones de la tercera dimensión de seguridad de la OSCE”. Se obliga, asimismo, a “incluir a un representante de la Generalitat en el Senior Officials Meeting de la Unión por el Mediterráneo (UPM) para participar en la toma de decisiones que afecten a todo el arco mediterráneo”.

El Prat y el Hard Rock

En el marco de planes concretos, el acuerdo prevé aumentar el tipo impositivo del juego para frenar la instalación del Hard Rock en Tarragona. Fuentes internas de ERC señalan a El Confidencial que en la explicación de la cúpula a la militancia, se afirmó que la intención es boicotear este proyecto, apoyado por Junts y por el PSC y que supondría la creación de miles de empleos. En las últimas elecciones, los partidos que prometieron frenarlo (ERC, comunes y la CUP) perdieron estrepitosamente las elecciones en las comarcas tarraconenses afectadas.

El texto incorpora un punto dedicado a la ampliación del aeropuerto del Prat. En las reuniones internas de ERC, se prometió que no se tocaría el aeropuerto si su ampliación afecta a la zona protegida de La Ricarda. En el texto, se recoge esta afirmación de manera más difusa: “El nuevo impulso del aeropuerto ha de respetar la biodiversidad, la convivencia y las directrices ambientales europeas, poniendo especial cuidado en la preservación y la puesta en valor de los espacios protegidos Xarxa Natura 2000, y ha de garantizar la viabilidad y el desarrollo presente y futuro del Puerto de Barcelona”.

TE PUEDE INTERESAR

Mazón y Moreno afilan armas para dar la batalla judicial contra el concierto catalán

Víctor Romero. Valencia Carlos Rocha. Sevilla

No obstante, en el acuerdo se prevé cambiar el modelo de gestión del aeropuerto de El Prat “para que gane capacidad con nuevas conexiones intercontinentales de largo radio”. Y deja la puerta abierta a otra de las aspiraciones del independentismo: la gestión de las infraestructuras aeroportuarias. Espera que con el tiempo el Govern “sea un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto de Barcelona”.

De momento, comienza con la obligación de crear “un nuevo consejo rector aeroportuario de Cataluña (CRAC) en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria (CCA). La voluntad compartida por ambas fuerzas políticas es que esta modificación permita al Govern de la Generalitat acordar con el Gobierno del Estado tener un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán y que las funciones, composición y medios de este nuevo organismo permitan materializar esta voluntad”. Asimismo, se prevé la creación de la autoridad Aeroportuaria de Cataluña, que deberá apoyar a la Generalitat en el nuevo modelo de gobernanza y centralizar las competencias del Gobierno autonómico en relación con la política aeroportuaria.