La juez descarta suspender el desalojo de La Ruïna, uno de los edificios okupados de la Bonanova

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha descartado por ahora suspender el procedimiento por el desalojo del edificio La Ruïna de la plaza Bonanova, como pidieron los okupas ante la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Es uno de los inmuebles okupados que ha centrado la campaña electoral en Barcelona. La empresa Desokupa convocó a los vecinos horas antes del inicio oficial de la campaña y la protesta fue contestada por los antisistema. Previamente, Cs, Vox y Valents habían respaldado las protestas vecinales contra la okupación de La Ruïna y un edificio contiguo.

TE PUEDE INTERESAR

La última amenaza de los okupas de Barcelona: "Si nos echan, okuparemos 100 casas más"

A. Fernández. Barcelona

El abogado de los okupas solicitó la medida alegando que la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de un desahucio, y este miércoles en la vista previa por la demanda la jueza ha desestimado suspender el procedimiento con este argumento.

La jueza ha añadido que esta falta de oferta de alquiler social podría, en su caso, comportar una sanción administrativa competencia del Ayuntamiento de Barcelona y al margen de la vía judicial, de manera que el procedimiento judicial seguirá su curso —el siguiente paso es que la jueza dicte sentencia— para resolver si el edificio debe ser desalojado o no, una decisión que las dos partes podrían recurrir antes de que se ejecute.

Este procedimiento empezó por una demanda de la Sareb que reclama el desalojo de la finca al considerar que no se está respetando el derecho de propiedad, y la sociedad también argumenta que la okupación supone un riesgo de alteración del orden público. Entre los argumentos que presentaron los okupas, también argumentaron la "falta de legitimación" de la Sareb para reclamar el desalojo dado que la sociedad es propietaria del 60,03% de la finca y el resto pertenece a otras dos empresas que no han reclamado el desalojo, han explicado fuentes jurídicas.

Los okupas también han intentado evitar el desalojo afirmando que no hay "pruebas de que exista una perturbación de la propiedad", algo que la Sareb no comparte. En este sentido, en la vista de este miércoles ha declarado como testigo el inspector de los Mossos d'Esquadra jefe del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, que a en respuesta a la única pregunta que le ha hecho la abogada de la Sareb ha reconocido que el inmueble ahora no podría venderse porque está okupado.

Una okupación "antisistema, reivindicativa"

El inspector ha contado que los Mossos ya desalojaron el edificio dos veces en 2018 y que él participó en los dos dispositivos, y sobre los okupas ha dicho que "no quieren interlocutar con la policía". "No constituye en ningún caso un domicilio de personas en situación asistencial, es una okupación de tipo antisistema, reivindicativa", y ha añadido que no saben quiénes concretamente son los okupas porque no les tienen identificados excepto a uno, que fue denunciado por presuntamente agredir a un joven.

TE PUEDE INTERESAR

Los okupas calientan el 28-M en Barcelona: antisistemas se organizan para blindar dos casas

A. Fernández. Barcelona

El abogado de los okupas ha tratado de cuestionar al inspector preguntándole cómo sabe que la okupación tiene motivos ideológicos y que las personas que viven allí no están en situación de vulnerabilidad, pero la jueza le ha cortado al considerar que sus preguntas eran irrelevantes para el procedimiento. Hace dos semanas, la jueza rechazó la petición de la Sareb para ordenar un desalojo cautelar de La Ruïna, es decir, antes de dictar sentencia.

El procedimiento judicial sobre La Ruïna se está tramitando diferente al que pesa sobre el edificio contiguo y que también está okupado, El Kubo, porque en este caso los okupantes sí que han contestado a la demanda. Al no contestarse la demanda sobre el Kubo, el Juzgado de Primera Instancia 3 acordó el desalojo a petición de la Sareb, y la finca está pendiente de una nueva fecha de desahucio después de que el 23 de marzo los Mossos d'Esquadra intentaron desalojarlo, pero el lanzamiento quedó suspendido ante la falta de "garantías de seguridad y eficacia".

En este sentido, la Sareb explicó que el desalojo del 23 de marzo se paralizó "con el objetivo de proceder al desalojo de ambos edificios de manera conjunta para garantizar la seguridad de la zona".