300M de sobrecoste y más de 20 años de obras: el gran canal de regadío catalán languidece

En época de sequía, hablar de regadío es casi un sacrilegio. Pero hablar de desaparición de 300 millones de euros en un canal de riego es mentar la soga en casa del ahorcado. Sin embargo, eso es lo que ha ocurrido en Cataluña: ha habido sobrecostes de casi 300 millones de euros en las obras del Canal Segarra-Garrigues, la obra de ingeniería que debía asegurar el regadío en media comunidad y considerada la obra civil más importante de Europa en su tiempo, presupuestada en más de 1.000 millones de euros. Está a medio terminar, los gastos van creciendo y ya duplican el presupuesto inicial. El dinero sigue desapareciendo en sus canales lo mismo que el agua en tiempos de sequía. Y, lo que es más importante: nadie sabe cuándo acabará la obra.

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El sobrecoste y la incertidumbre de su construcción no lo dice cualquiera: figura en un informe oficial de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Dicho informe fue aprobado el pasado 28 de marzo. Una nota resumen señala que “el Canal Segarra-Garrigues nació con la finalidad de transformar en regadío 70.150 hectáreas de tierras de secano del margen izquierdo del río Segre de las comarcas del llano de Lleida (la Noguera, La Segarra, el Pla d’Urgell, El Urgell, El Segrià y Les Garrigues)”. El canal principal de la estructura tiene 84,76 kilómetros de longitud y une el embalse de Rialb con el de Albagès. La red de regadío para llevar agua a las fincas es de unos 3.500 kilómetros de longitud y obligó a prever 43 embalses de regulación y 17 estaciones de bombeo, así como la construcción complementaria de 1.500 kilómetros de la red de nuevos caminos rurales, dos líneas eléctricas y una nueva red de abastecimiento de agua potable en 73 municipios. Puesta en marcha en 2003, fue considerada la obra civil más importante de Europa, con un coste inicial de casi 924 millones de euros. Luego, las previsiones dispararon el coste hasta los 1.782,21 millones los costes.

En su construcción y explotación participan el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y la Comunidad de Regantes del Canal Segarra-Garrigues, aunque la ejecución de la concentración parcelaria y la construcción de la red de distribución corresponde al Govern. De las previsiones iniciales, de las más de 70.000 hectáreas de regadío previstas, en 2022 sólo había 21.806. “Del análisis efectuado por la Sindicatura de Cuentas de la ejecución del Canal, se ha evidenciado la existencia de desviaciones desde las tres vertientes siguientes: económica (exceso de costes), temporal (demora en la ejecución) y de uso (superficie que puede ser regada y en riego inferiores a las inicialmente previstas)”.

Obras sin fecha final

El informe fue un mandato del Parlament del año 2017, “relativo al proceso de contratación y el exceso de costes en el precio de la obra de construcción del Canal Segarra-Garrigues”, pero la complejidad del tema ha hecho que no estuviese terminado hasta el año 2023. Los números desvelan unos importantes sobrecostes en la faraónica obra: la previsión inicial del coste de ejecución total de la obra era de algo más de 1.782 millones, pero en marzo de 2022, los costes llegaban ya a más de 2.076 millones. “La variación del importe de la previsión de ejecución total respecto a la previsión inicial es de 294,6 millones de euros, que representa un incremento del 16,5%”, relata el informe.

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De ese gasto, la mayor parte corresponde a la puesta en riego: se pasó de una previsión de 1.337,45 millones a 1.451,91 millones. En la red de regulación y transporte, la previsión era de 444,75 millones y el monto se disparó a 624,9 millones, un 40,5% más. La Generalitat rebate esos números y señala que algo más de 139 millones corresponden al coste financiero que tuvo que soportar la Administración. Si se tienen en cuenta esos costes y el IVA correspondiente, dice en las alegaciones, el desvío del presupuesto se reduce al 0,85%, puesto que se contabilizaría como previsión inicial algo más de 619 millones de euros.

Lo cierto, sin embargo, es que las previsiones no se van cumpliendo en la construcción del canal. Los gastos acumulados relacionados con la concentración parcelaria, la red de regulación y transporte y la red de distribución, pasaron de 1.168,94 millones en diciembre de 2016 a 1.369,12 millones en marzo de 2022, lo que representa el 65,6 y el 76,8% respectivamente en la ejecución de las obras respecto de las previsiones iniciales. No obstante, el informe recalca que en 2032, el gasto acumulado será de prácticamente 1.868 millones de euros, representando el 104% de la previsión que se hizo en 2002. En ese año, estarán en regadío, si no se tuerce nada, 37.986 hectáreas, el 54,1% de la previsión inicial. Aún así, el informe advierte que “no hay previsión temporal de la ejecución ni de la finalización de las obras de la red de distribución del Canal Segarra-Garrigues”.

Los costes de construcción son los que han provocado el importante desfase de los números, puesto que ha habido una gran desviación: la previsión inicial era un coste de 19.066 euros por hectárea. Pues bien: en 2016, el coste se había disparado hasta los 46.669 euros por hectárea (una desviación del 144,8%) y en 2022 se había reducido un poco: era de 40.634 euros por hectárea, lo que es una variación un 113,1% superior a la previsión inicial. Las previsiones apuntan a que en 2032 el coste por hectárea se sitúe en 32.725 euros (un 71,6% más de lo previsto).

El consumo del campo también supuso un pequeño sobrecoste, aunque no tan pronunciado como el de la construcción de la obra: “El suministro de agua para uso ganadero e industrial supuso unos sobrecostes de 371.959 euros a 31 de diciembre de 2016, que asumió el Departamento de Acción Climática y que minoraron los ingresos destinados a resarcimiento de la inversión de la Generalitat en la red de regulación y transporte”.

Un enchufe

También señala el informe que el Govern ha ido aplicando bonificaciones sobre la tarifa de consumo por importe de 972.799 euros, aunque resalta que “estas bonificaciones reúnen los requisitos para ser consideradas subvenciones y se deberían haber tramitado como tales”.

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El informe pone de relieve también el “incumplimiento de la normativa de incompatibilidades del personal por parte de uno de los consejeros de Regsesa y subdirector general del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que se incorporó como director y apoderado en la empresa adjudicataria Aigües Segarra Garrigues dentro del periodo legal de incompatibilidad del personal, fijado en dos años”. Se refiere a Josep Antoni Rosell, exdirector general de la empresa pública Infraestructures.cat (la antigua Gisa), que fue detenido en el marco de la operación 3%. En el momento de la puesta en marcha del proyecto, Rosell era subdirector general de Agricultura y tras llegar el Tripartito al Govern pasó a la empresa Aigües Segarra Garrigues, una de las implicadas en el proyecto. Rosell no tuvo en cuenta que él había participado en el diseño y puesta en marcha del proyecto de canal, por lo que no podía legalmente participar en ninguna empresa implicada en el mismo por un periodo de dos años.

En sus alegaciones, la Generalitat dijo que la obra del canal “es una actuación muy compleja y a largo plazo en la que han concurrido circunstancias imprevistas”. Señala que el plazo previsto para su construcción era de 10 años, pero que se tuvieron que modificar los planes por “circunstancias sobrevenidas”, como la modificación de precios, la llegada de la crisis que dio lugar a un parón inversor por no poder atender los compromisos adquiridos y, ya en 2015, modificaciones en el proyecto debido a informes jurídico-técnicos y económicos.

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Entre los escollos a salvar figuran las medidas medioambientales que se fueron aprobando a lo largo de los años. Y, además, porque se amplió la red de regadío: “Las desviaciones económicas que se generaron en el contrato, motivadas porque a lo largo del desarrollo de los proyectos constructivos, la red de regadío definida en los mismos es superior a la red estimada en los anteproyectos que sirvieron de referencia para la licitación de la actuación”. En otras palabras, aduce que “la densidad de la red ejecutada es muy superior a la prevista”. Además, subraya que “al no tener disponibilidad presupuestaria para acelerar el ritmo de ejecución de obra, ha hecho que ésta se demorase y eso ha ido en contra del ratio de las desviaciones económicas, pues se preveía acabarla en 2012 y se está ejecutando en el 2022, y se prevé que continúe ejecutándose más allá de 2032”. Añade que, “además, en el informe no se tiene en cuenta la actualización de precios”.