Aragonès evita que los que externalizaron las oposiciones asuman responsabilidad política

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha evitado que los que tomaron la decisión de externalizar las oposiciones de la Generalitat asuman responsabilidad política alguna sobre el fracaso de las oposiciones. La directora general cesada, Marta Martorell, solo llevaba en el cargo desde enero del 2023. Pero la decisión de externalizar el núcleo duro del acceso a la función pública, una opción sin precedentes, se tomó en la reunión del Gobierno del 2 de agosto de 2022. En ese momento, ni siquiera se notificó a los periodistas que siguen la reunión semanal del Govern en su comunicado oficial. Es decir, la Generalitat ha asumido que llevó a cabo un mal seguimiento de la externalización, pero no la decisión de la externalización misma, que entre otras personas fue asumida por la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, responsable última de la función pública y mano derecha de Aragonès.

Vilagrà queda al margen, si bien ha aceptado comparecer ante el Parlament para dar explicaciones a petición propia. Pero tampoco han pagado sus segundas líneas que avalaron una decisión sin precedentes en la Generalitat: externalizar el acceso a la función pública de la Administración catalana. El 17 de agosto del 2002, la entonces directora general de Función Pública, Alicia Corral, firmaba la modificación de las listas de las personas que podían presentarse a este proceso, al que han optado 13.581 candidatos para 1.800 plazas. Hoy, Alicia Corral es la secretaria general de Función Pública, es decir, ha sido ascendida y ha quedado al margen de cualquier responsabilidad política por el caso.

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Lo mismo Núria Cuenca, la secretaria general de la Generalitat, que firmó el contrato el 27 de diciembre de 2022 con la empresa Cegos España Learning & Development, una firma controlada desde Suiza por Cegos IDET, una empresa que en España estaba hasta ahora especializada en la realización de test psicotécnicos.

Cegos subcontrató la organización de los 72 exámenes, que la Generalitat quería que fuesen el mismo día para los interinos no pudiesen presentarse a varias opciones. De hecho, su experiencia con la Administración pública eran unas pruebas psicotécnicas con los Bomberos de la Generalitat que ya fueron un fracaso.

Pero este sábado, el día de la convocatoria, se superaron todos los límites. Algunos exámenes no habían empezado a las 11.00 h, cuando la hora de inicio eran las 10; colas larguísimas; salas inadecuadas; falta de información. En este momento, no se sabe cuántos de los 72 exámenes deben repetirse.

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Como Cegos España carecía de capacidad para organizar las pruebas, pese a lo cual había conseguido un contrato con la Generalitat de 1,4 millones de euros, lo que hizo fue subcontratar toda la organización de los exámenes a la multinacional de trabajo temporal Randstad. Randstad contrató a 80 personas para vigilancia de los exámenes, a los que pagaba 50 euros y les dio una formación en línea de 30 minutos, según han explicado fuentes de la función pública en Cataluña. ¿Qué podía salir mal? Exactamente, todo.

Petición de disculpas

La Generalitat ha pedido disculpas por el desaguisado, a través de su portavoz Patrícia Plaja. Pero la asunción de responsabilidades sabe a poco después del estropicio provocado. La CUP ya ha pedido la dimisión de Laura Vilagrà, que en palabras de la diputada Basha Changue: “Rectifique o se vaya”.

Los sindicatos priorizan repetir los exámenes antes que exigir responsabilidades al Govern

La gran ventaja para la Generalitat es que los sindicatos están centrados en la repetición de las pruebas de manera que se dañe lo mínimo posible a los opositores, muchos de ellos trabajadores de la en la función pública. Y en esa misma línea están también los comunes. ERC lo pasará mal por esta cuestión. Solo tiene 33 diputados en el Parlament.

Vilagrà, en cuestión

Esta situación deja en la picota a Vilagrà. La consellera de Presidència ya había tenido otros fracasos sonados, como los Juegos Olímpicos de Invierno o el intento de que la Mesa de Diálogo sirviese para que Oriol Junqueras pudiese presentarse a las elecciones. Pero ahora su fracaso afecta a muchas personas y está vinculado a la gestión del día a día de la Generalitat. También a uno de los ejes programáticos de ERC, que siempre han actuado como defensores de lo público. Ahora dicen que revertirán el contrato con Cegos. Sin embargo, lo mismo se dijo con Ferrovial y su atención telefónica de la Generalitat, y ahí sigue la constructora, como proveedora de servicios de la Administración catalana.