El juez deja en libertad a Ponsatí y la cita a declarar el 24 de abril ante el Supremo

El juez Pablo Llarena ha decretado la libertad de la eurodiputada de JxCAT Clara Ponsatí, exconsellera de Educación del Govern de Carles Puigdemont, y la ha citado a declarar el próximo 24 de abril ante el Tribunal Supremo. El magistrado la ha dejado en libertad apenas unas horas después de haber sido detenida en Barcelona por los Mossos d'Esquadra tras cruzar este martes la frontera para regresar a España.

Ponsatí ha salido de la Ciutat de la Justicia de Barcelona entre los gritos y aplausos de los manifestantes. La han recibido a la salida de los juzgados la presidenta de Junts, Laura Borràs; el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet; el diputado de Junts en el Parlament, Francesc de Dalmases; el exconseller Josep Rull; Carles Riera y Eulàlia Reguant (CUP), entre otros.

[Consulte aquí el auto en el que juez ha decretado la libertad]

La defensa de la exconsellera de Enseñanza presentó un habeas corpus por detención ilegal ante el juez de guardia al que la llevaron los agentes tras arrestarla a raíz de una orden del Tribunal Supremo.

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A primera hora de la tarde, la Agencia Catalana de Noticias publicó unas imágenes en las que se veía a la eurodiputada en un coche atravesando la frontera desde Perpiñán. Dos horas más tarde y tras haber dado una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña, Ponsatí fue detenida.

"Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea, solo en España no se me reconoce", alegó la exconsellera en su primera rueda de prensa en España tras más de cinco años huída.

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Ponsatí, acusada de un delito de desobediencia al facilitar el referéndum unilateral del 1-O, afirmó que su intención no es "cerrar ningún pacto con el Estado, sino plantar cara" al no reconocer "la competencia del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena".

La eurodiputada ha regresado a España después de que el Supremo le retirase la acusación de sedición por el que inicialmente fue procesada, a raíz de las reformas en el Código Penal impulsadas por el Ejecutivo.