Altos cargos del Parlament avisaron a los miembros de la mesa de responsabilidades penales

Los cuatro miembros de la mesa del Parlament que están siendo juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional han sido, en buena parte, desmentidos por sus colegas no independentistas. Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet se sientan en el banquillo acusados de haber dado luz verde a iniciativas anticonstitucionales a pesar de haber sido advertidos personalmente por el Constitucional. Gracias a su actitud, se llevaron a pleno parlamentario no sólo resoluciones que vulneraban las leyes, sino que incluso se llegaron a votar la Ley del referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, que derogaba la Constitución en esta comunidad autonómica y el Estatuto de Autonomía.

Los diputados y exmiembros de la Mesa José Luis Espejo (Ciudadanos) y David Pérez (PSC) no sólo reconocieron que las resoluciones del Constitucional eran muy claras, sino que les prohibían dar trámite a iniciativas inconstitucionales o para favorecer el referéndum ilegal. El exsecretario general de la cámara, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, advirtieron en varias ocasiones a los miembros independentistas de la mesa de que podrían incurrir en responsabilidades a la hora de admitir determinadas iniciativas y darles curso.

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Los acusados declararon el lunes que su papel se limitó a dar trámite a las iniciativas que les llegaban, restando importancia al papel de la mesa de la cámara, que no entraba nunca en el fondo de las propuestas de los grupos. En este último punto, tenían gran parte de razón. Pero la realidad sobre el papel de la mesa era mucho más que el de convidado de piedra que quisieron atribuirse: la mesa tiene potestad de admitir o no admitir iniciativas y puede manejar a su antojo no sólo el orden del día de los plenos parlamentarios, sino que, de hecho, ejerce de gendarme del debate político. Pere Sol, también ex secretario general de la cámara y exletrado, delimitó el papel de ese órgano:

“El procedimiento parlamentario tiene unos trámites y el primero de ellos es la admisión a trámite por la mesa. Eso no es un mero trámite administrativo: la mesa tiene doble función, puede incorporarse miembros de la cámara, con lo que se convierte en ampliada, y como órgano del Parlament lleva la tramitación parlamentaria, que realmente aporta las mociones, propuestas de resolución, etcétera”.

Los dos diputados, por su parte, pusieron de manifiesto las trampas del bloque independentista para llevar subrepticiamente al pleno parlamentario determinados debates y, lo que es más graves, proponer votaciones que tendrían consecuencias jurídicas.

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Una de esas trampas fue el forzar la aprobación de las leyes de desconexión citadas en un solo día. La mesa no aprobó su inclusión en el pleno del orden del día, pero la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, permitió que a petición de dos grupos, se modificase el orden del día del pleno y se introdujesen por la vía rápida los textos legislativos de las dos normas. Pere Sol aportó una visión jurídica de ese episodio: señaló a este respecto que en el momento en que dos grupos piden modificar el orden del día se ha de tener en cuenta y pasar a votación la propuesta “y la mesa ya no tiene posibilidad de intervenir. A partir de ese momento, el debate corresponde directamente al pleno del Parlament”.

El rodillo independentista

Espejo subrayó, en cambio, que ese procedimiento fue realizado con un trámite “ad hoc, irregular desde mi punto de vista. Con su mayoría, aprobaron un cambio del orden del día de una manera irregular y sin seguir todos los pasos. No se nos dio información sobre esas leyes y fueron tramitadas con una urgencia estrictamente de interés político. Como norma general, los diputados hemos de tener todos los antecedentes del asunto como mínimo con 48 horas de antelación y luego debemos tener la posibilidad de enmendar, debatir, etcétera. Esa circunstancia no se produjo. El procedimiento que siguieron nos privaba de derechos”.

“La Ley del referéndum, por ejemplo, se presentó en el registro el 31 de julio del 2017. Inmediatamente, yo pedí conocer el texto, pero la presidenta del Parlament dijo que no le interesaba que se conociese al grupo que lo había presentado. Durante las siguientes semanas seguí insistiendo y se nos negó, hasta que el día 6 de septiembre, por sorpresa, se llevó a la mesa y al pleno. El mismo día, se hizo todo: admisión por la mesa, su debate en el pleno, la tramitación de enmiendas y la aprobación del texto. Además, la oposición no pudo presentar enmiendas y se negó el preceptivo informe del Consejo de Garantías Estatutarias”, dijo David Pérez.

"Tuvimos sólo unos minutos para dar el OK a un presupuesto que es de un volumen tremendo. No teníamos tiempo material de estudiarlo”

La Ley de transitoriedad fue peor: entró en la mesa a las 2 de madrugada del día 7 y ese mismo día quedó aprobada por la cámara. Pero esos procedimientos se realizaron en el pleno y la mesa, como tal, a pesar de que mantuvo múltiples reuniones, no tuvo responsabilidad efectiva en el asunto.

Xavier Muro dejó constancia de su advertencia por escrito, en un informe firmado junto con Bayona. “El Constitucional había advertido a los miembros de la Mesa de la posibilidad de incurrir en responsabilidad si facilitaban el desarrollo de actividades que contraviniesen sus resoluciones. Algunos autos establecían el deber de paralizar cualquier actuación material o jurídica que se pudiera considerar un incumplimiento de sus decisiones y las leyes del referéndum y de Transitoriedad Jurídica entraban de manera clara en contradicción con los mandamientos del TC y así lo manifestamos por escrito”, dijo Muro al tribunal. Luego, señaló que “otra cosa es interpretar ese deber en cuanto a actos concretos, pero en el caso de las dos proposiciones de ley, a nuestro entender, era bastante claro que había esa contradicción con lo que había dictaminado el Constitucional”.

Sólo consideraciones jurídicas

Con los presupuestos del Govern para 2017, que fueron presentados en otoño de 2016 y que supuestamente llevaban ocultas varias partidas para sufragar los gatos del referéndum ilegal, también hubo controversia. El entonces vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, entregó a la oposición las cuentas sólo unos minutos antes de darles trámite. “Recuerdo que sólo pude adjuntar dos noticias de prensa que decían que había partidas destinadas al referéndum. Y o pedíamos un informe a los letrados o tendríamos que votar en contra. Tuvimos sólo unos minutos para dar el OK a un presupuesto que es de un volumen tremendo. No teníamos tiempo material de estudiarlo”, relató David Pérez.

El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, admitió que hubo dudas sobre esa partida y que advirtió verbalmente a la mesa de que podía incurrir en inconstitucionalidad. “No tuvimos tiempo de analizar toda la documentación. Cuando hubo una mayor concreción y se añadió una disposición adicional previendo una partida para un referéndum, hicimos un escrito de advertencia que se anexó al acta”, recodó Bayona. La actuación de los letrados de la cámara se ciñó siempre a las cuestiones puramente jurídicas y conforme la jurisprudencia que había en cada momento.

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Espejo y Pérez admitieron que, como miembros de la mesa, fueron advertidos de que no se podría dar trámite a iniciativas relacionadas con un referéndum ilegal. En dos legislaturas que estuvo en la mesa, el socialista recibió hasta una veintena de requerimientos. Contrariamente a lo que adujeron los acusados, que siempre declararon que las resoluciones del TC eran muy genéricas o poco concretas, los testigos señalan que “eran muy claras y precisas y no dejaban lugar a dudas”. Además, subrayaron que nunca se sintieron incomodados, como diputados, por las resoluciones del alto tribunal.

Aseguraron que, ciertamente, como aseguran los independentistas, la mesa no entra en el fondo de los asuntos, aunque Pérez reseñó que ha habido unas 40 iniciativas en que la mesa no admitió propuestas por diversos motivos, que tanto podrían ser por cuestiones formales como por cuestiones de inconstitucionalidad. Bayona especificó que la decisión de no entrar en el fondo de las cuestiones se debe a poder preservar la integridad de las propuestas de los grupos, puesto que si la mesa entra en la naturaleza de las iniciativas puede “influir en minorías parlamentarias”. Pere Sol también subrayó en su turno que “como órgano rector, si la mesa incidiese en el contenido estaría prejuzgando lo que correspondería al pleno de la cámara o a la comisión en cuestión”.

Xavier Muro admitió, no obstante, que “si la interpretación que hacía la mesa sobre los temas a tramitar es muy autorrestrictiva, puede lesionar derechos fundamentales y si es muy abierta, a lo mejor puede incumplir los criterios del Constitucional. La situación era complicada para determinar los límites. Pero poco a poco, vimos cómo se iba acotando y circunscribiendo de manera mucho más precisa lo que el TC consideraba contradictorio con su jurisprudencia”.

Ante las argumentaciones, las acusaciones modificaron ligeramente sus conclusiones: la acusación de Corominas no se extrapola a su actuación como presidente del grupo parlamentario de JxS (abandonó la mesa el 31 de julio de 2017), sino que sólo se le acusa de su actuación durante su etapa en la mesa del Parlament. Y el delito continuado de desobediencia que se les pedía queda reducido a simple delito de desobediencia, aunque mantiene las mismas penas: petición de 1 año y 8 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por cabeza. Las defensas solicitaron su absolución.