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Cuatro miembros de la mesa del Parlament se escudan en su "inviolabilidad" para no ser juzgados
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Cuatro miembros de la mesa del Parlament se escudan en su "inviolabilidad" para no ser juzgados

Se repite el juicio contra parlamentarios que desobedecieron al TC y propiciaron las leyes de abolición de la Constitución y del Referéndum

Foto: El TSJC juzga de nuevo a la Mesa del Parlament. (EFE/Quique García)
El TSJC juzga de nuevo a la Mesa del Parlament. (EFE/Quique García)

Cuatro miembros de la mesa del Parlamento catalán se sientan desde este martes en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusados de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet están acusados de haber dado curso a la tramitación de las leyes de ruptura. Entre otras iniciativas, mientras formaban parte de la mesa del Parlament, se propició la creación de una Comisión del Proceso Constituyente, cuyas líneas maestras permitieron, a la postre, aprobar a principios de septiembre de 2017 la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum. Gracias a esas leyes, que abolían la Constitución y el Estatuto, se hizo la consulta ilegal del 1 de octubre y se pretendía establecer las bases jurídicas del nuevo Estado catalán, en un régimen sin separación de poderes y con todo el Govern bajo el paraguas de la inviolabilidad.

Dirigentes de ERC, Junts y la CUP acompañaron a los acusados hasta el Palacio de Justicia: desde las expresidentas del Parlament Carme Forcadell y Laura Borràs, a la portavoz republicana, Marta Vilalta. También estuvo el exmiembro de esa Mesa Joan Josep Nuet, ya condenado (fue juzgado y condenado por el Supremo, al ser aforado como diputado del Congreso); el presidente del grupo de JxCAT en el Parlament, Albert Batet; el secretario general de este partido, Jordi Turull, o los diputados cuperos Carles Riera y Maria Sirvent. También acudieron a mostrar su apoyo la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y el presidente de Òmnium, Xavier Antich.

Foto: Roger Torrent en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (EFE/Quique García/Pool)

Los juzgados hoy ya fueron condenados en su día a un año y ocho meses de inhabilitación, así como a una multa de 30.000 euros, pero el Supremo anuló el juicio y ordenó repetirlo con otra composición del tribunal. Fueron los propios acusados los que recurrieron al Supremo para que anulase el juicio al recusar a dos componentes del tribunal, los magistrados Jesús María Barrientos y Carlos Ramos. La interpretación de la expresidenta Forcadell resume que “ellos ya fueron juzgados por este delito y recusaron a los jueces. Lo normal es que cuando se recusan a los jueces se recusan en el primer juicio, pero no que se repita el juicio. Esto es ya un caso de maltrato por hacerlos pasar por todo lo que ya pasaron”.

Inviolabilidad, pero también control

Durante la vista, los acusados se negaron a contestar a las preguntas de la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular. Las defensas, por su parte, apelaron a la inviolabilidad de la Cámara, pero las acusaciones les recordaron que la inviolabilidad no es ilimitada y además se ha de garantizar el correcto funcionamiento de la función pública y que la Mesa del Parlament, como autoridad pública, está obligada a velar por el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y dando carta blanca a la aprobación de leyes que abolían la Constitución, evidentemente, vulneraban los principios legales y las resoluciones que les hizo llegar el propio TC.

placeholder El exmiembro de la mesa del Parlament Lluis Coromines (2d) acompañado por varios miembros de JxCAT. (EFE/Quique García)
El exmiembro de la mesa del Parlament Lluis Coromines (2d) acompañado por varios miembros de JxCAT. (EFE/Quique García)

Además, les recordaron que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que los independentistas suelen acudir (salvo en este caso), ha sentenciado que la inviolabilidad parlamentaria no excluye el control, según la sentencia de 7 de mayo de 2019 y, además, dice que cuando un acto parlamentario se aparta de lo que es su propia función no es un acto amparado en la prerrogativa de la institución. Las defensas también aseguraron que ya habían cumplido la condena, aunque desde las acusaciones les recordaron que la inhabilitación solo se aplica cuando hay sentencia firme y que los acusados jamás tuvieron sentencia firme, por lo que hubieran podido presentarse a todas las elecciones que ha habido hasta ahora.

Lluís Corominas, miembro de la Mesa del Parlament desde 2008 y vicepresidente de la cámara ente 2015 y 2017, fue el primero en abrir fuego. Aseguró que el TC jamás dio instrucciones concretas y que no respondió a las peticiones de concreción que les hacían desde el Parlament. Corominas había sido uno de los hombres fuertes de Convergència (llegó a secretario de Organización) y luego formó parte de la cúpula de Junts pel Sí (JxS), la coalición que ganó las elecciones en septiembre de 2015.

Foto: Manifestantes muestran su apoyo a los miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura. (EFE)

Criticó que el TC intentó que fuese la mesa la que restringiese “la libertad de expresión de los diputados”. En este sentido, aseguró que “limitar los derechos individuales de los diputados es muy grave. A nosotros se nos pedía una cosa que no era nuestra competencia, porque no controlábamos el contenido de las iniciativas, sino solo los trámites. Si el Constitucional hubiese querido que cualquier iniciativa relacionada con la independencia no se discutiese en el Parlament lo tenía muy fácil: que hubiese enviado un requerimiento a todos los diputados. Pero solo se requirió a la mesa. Tras dejar este órgano, yo fui durante seis meses presidente del grupo parlamentario de JxS, pero nunca me llegó, como diputado, ningún requerimiento”.

Aseguró el exvicepresidente que la misión de la mesa de la Cámara era ver “qué procedimiento ha de seguir la iniciativa y si cumple los trámites reglamentarios. Pero la mesa no entraba en el contenido”. En las resoluciones denunciadas, no obstante, el TC había advertido que no se debían tramitar y, además, los propios servicios jurídicos del Parlament habían alertado de que la admisión a trámite de algunas de las cuestiones que se juzgan podía ser anticonstitucional. Ante ello, Corominas aseguró que “los servicios jurídicos pueden pedir una reconsideración y los miembros de la mesa deben decidir con una resolución motivada. Nosotros siempre motivamos nuestras decisiones, apelando a argumentos jurídicos. Cumplíamos estrictamente el reglamento del Parlament”.

Contradicciones

Anna Simó, que fue vicepresidenta del Parlament y secretaria primera en representación de ERC, coincidió con Corominas en subrayar que la mesa no entraba en el fondo de los temas que se iban a tratar. “No podíamos entrar en el contenido porque eso afecta a los derechos fundamentales de los diputados”, señaló. Asimismo, apeló a que algunas de las resoluciones del Constitucional eran poco concretas.

Corominas y Simó reconocieron también que su voluntad era no vetar en ningún caso a los diputados y a los grupos y defender su derecho de libertad de expresión, así como defender la autonomía del Parlament y reclamaba la “inviolabilidad de diputados y diputadas”. “Admitir a trámite una iniciativa no tiene nada que ver y todas las decisiones de la mesa fueron en ejercicio de las funciones que teníamos tasadas en el reglamento del Parlament”, enfatizó Anna Simó. Ambos reclamaron que estaban afectados “por la inviolabilidad parlamentaria”.

Anna Simó, que fue vicepresidenta del Parlament, coincidió con Corominas en subrayar que la mesa no entraba en el fondo de los temas

Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la mesa y elegida en las listas de Convergència primero y de JxS después, alegó que su cometido como miembro del órgano del Parlament, su tarea era “admitir a trámite las diferentes iniciativas parlamentarias. Pero no se puede alterar el derecho de los diputados a presentar las iniciativas que consideren. Querer que actuemos como censores sería muy grave, porque sería ir contra el fundamento del parlamentarismo. No entiendo que se nos pida actuar como censura”. Barrufet hizo otra afirmación sorprendente: “Las iniciativas parlamentarias corresponden a cada diputado. Nosotros, como miembros de la mesa, somos escrupulosamente imparciales”.

Lluís Guinó, que sucedió a Corominas como vicepresidente del Parlament en 2017, aseguró que se dio luz verde a la votación de las leyes de ruptura con base en el artículo “81.3, que permite que los grupos parlamentarios modifiquen el orden del día”. Y restó importancia al papel de la mesa. Las leyes se aprobaron de madrugada y con los grupos de PSC, PP y Ciudadanos fuera de la cámara. Para el entonces vicepresidente del Parlament, el texto aprobado “era plenamente constitucional y solo se habían de hacer algunas enmiendas”.

Foto: Los miembros de la Mesa del Parlament durante el juicio en 2020. (EFE)

Además, recordó que en la proposición de ley del referéndum, “los miembros de la mesa acordamos que no firmaríamos la iniciativa parlamentaria porque no queríamos condicionar ni limitar la iniciativa parlamentaria de los otros diputados”. Para justificar a la mesa, aseguró que nadie impugnó la admisión a trámite de las dos leyes rupturistas y que las condiciones de su admisión las hizo no la mesa, sino el pleno del Parlament, con 72 votos. En tal caso los miembros de la mesa tuvieron que votar a favor y no abstenerse, como había declarado un momento antes. Por si fuera poco, subrayó que, como el PSC se opuso a las leyes, el pleno votó su debate, con lo que considera que “se cumplió con la orden del TC”.

Todos aseguraron que desde los años 80 hubo debates y votaciones en la Cámara catalana “donde se hablaba del derecho inalienable de autodeterminación de Cataluña y nunca nunca nunca nadie las había impugnado”. Pero lo que se juzga en esta vista no es el derecho de autodeterminación de Cataluña, sino el hecho de que se desobedecieron órdenes directas del TC sobre determinadas cuestiones que iban más allá de un posicionamiento político sin consecuencias jurídicas.

Cuatro miembros de la mesa del Parlamento catalán se sientan desde este martes en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusados de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet están acusados de haber dado curso a la tramitación de las leyes de ruptura. Entre otras iniciativas, mientras formaban parte de la mesa del Parlament, se propició la creación de una Comisión del Proceso Constituyente, cuyas líneas maestras permitieron, a la postre, aprobar a principios de septiembre de 2017 la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum. Gracias a esas leyes, que abolían la Constitución y el Estatuto, se hizo la consulta ilegal del 1 de octubre y se pretendía establecer las bases jurídicas del nuevo Estado catalán, en un régimen sin separación de poderes y con todo el Govern bajo el paraguas de la inviolabilidad.

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