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Colau niega ante el juez que diera instrucciones para sancionar a un fondo de inversión
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Colau niega ante el juez que diera instrucciones para sancionar a un fondo de inversión

La alcaldesa de Barcelona ha declarado como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sale de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. (EFE/Toni Albir)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sale de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. (EFE/Toni Albir)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la jueza que diera indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran al fondo de inversión Vauras con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social o les paralizaran obras como forma de presión.

Colau ha declarado como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación a raíz de la querella que presentó contra ella el fondo de inversión Vauras, que mantiene que el Ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que destinara viviendas a alquiler social.

Foto: La alcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau. (EFE/Toni Albir)

En una breve declaración, Colau, que se ha negado a responder a las preguntas de Vauras Investments, ha aducido que, poco después de acceder a la alcaldía, delegó sus funciones sobre concesión de licencias en los servicios municipales, por lo que no tuvo intervención alguna en los procesos sancionadores ni en los expedientes de obras relacionados con el fondo de inversión, según han informado fuentes jurídicas.

La querella de Vauras contra la alcaldesa, que está investigada en otro juzgado de Barcelona por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines, fue archivada por la misma jueza instructora en noviembre de 2020 al no ver indicios de delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla en abril del año pasado. En la comparecencia de este lunes, los abogados del fondo de inversión han anunciado que pedirán más diligencias para aclarar los hechos, por lo que lo más probable es que la alcaldesa afronte las elecciones municipales del próximo mes de mayo sin que haya una resolución sobre la querella.

Vauras acusa a Colau, además de a sus concejales Lucía Martín y Marc Serra, de haberles amenazado con detener o paralizar las licencias de obras de edificios que estaba construyendo el fondo si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias vulnerables que pretendían desahuciar del edificio de Barcelona conocido como Bloc Llavors.

Foto: Bloque de pisos en Barcelona. (iStock)

La querella también sostiene que el ayuntamiento, como medida de coacción, impuso a Vauras hasta seis multas por incumplimiento de la ley catalana de vivienda que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas, varios de cuyos preceptos fueron anulados después por el Tribunal Constitucional.

Al inicio de la declaración, la jueza ha advertido a Colau que había examinado los expedientes que obran en la causa sin hallar ninguna resolución atribuible a la alcaldesa de la que pudiera derivarse el delito de prevaricación que le imputa Vauras, pero le ha pedido que aclare si dio alguna instrucción a los servicios municipales sobre el fondo de inversión.

La alcaldesa no tuvo contacto alguno con Vauras ni intervino en los expedientes que se le abrieron

En ese sentido, Ada Colau ha puntualizado que, si bien ella se había interesado por los desahucios del Bloc Llavors por ser un asunto de "especial sensibilidad", no tuvo contacto alguno con Vauras ni intervino en los expedientes que se le abrieron ya que fue el gerente del Instituto Municipal de Vivienda quien los resolvió, de acuerdo con una propuesta de los servicios jurídicos.

También ha negado la alcaldesa que diera instrucciones a los servicios sociales del consistorio para dificultar el desahucio de las familias vulnerables del Bloc Llavors y que, a través del Departamento de Interior, tratara de condicionar la actuación de los Mossos d'Esquadra en el lanzamiento. Tras el desahucio del Bloc Llavors, situado en la calle Lleida, el Ayuntamiento de Barcelona abrió expedientes sancionadores a Vauras Investments por seis faltas, una por cada una de las seis familias vulnerables del edificio a las que el fondo de inversión no había ofrecido alquiler social.

Una vez el Constitucional anuló los preceptos de la ley catalana de vivienda en que se basaban las multas, un juzgado al que el fondo de inversión había recurrido las sanciones obligó al ayuntamiento a retirar la primera de ellas, criterio que llevó al consistorio a anular el resto.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la jueza que diera indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran al fondo de inversión Vauras con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social o les paralizaran obras como forma de presión.

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