El infierno de cinco mossos en Tarragona que acabó con secuelas graves para dos de ellos

Las dependencias policiales de los Mossos en Tarragona se convirtieron durante un tiempo en un verdadero infierno para algunos de los agentes que integraban las unidades de los ARRO (Área Regional de Recursos Operativos), una especie de Brigada Móvil territorial.

Cinco agentes curtidos en batallas callejeras y en acciones especializadas (los ARRO realizan actuaciones desde seguridad ciudadana hasta traslado de presos peligrosos, asaltos a domicilios o contención de grandes masificaciones de personas) no pudieron aguantar la situación interna y han denunciado a sus mandos directos, Anton G.D., Ramon M.A. y Agustí M.M. por mobbing laboral desde el año 2012. El asunto es grave, puesto que el juez impuso a los denunciados una fianza de 85.124 euros. Ahora se ha dictado auto de apertura de juicio oral, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 del próximo mes de junio. Los agentes llevan batallando una década, pero la historia está a punto de terminar.

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Algunos de los agentes denunciantes habían presentado recursos internos en diferentes destinos anteriores a Tarragona ante decisiones de la consejería o de los mandos. Eran cuestiones administrativas cuyos recursos tuteló y ejecutó el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC). Luego, todos coincidieron hace alrededor de una década en Tarragona, ya con el sambenito de rebeldes. “Cuando vi las denuncias que había y el ambiente en el ARRO de Tarragona, me chocó la cantidad de agentes afectados. No era normal”, relata a El Confidencial Fran Reina, secretario de Organización del SPC. Algunos de esos agentes llegaron a necesitar tratamiento psicológico ante la actitud de sus mandos: el inspector jefe y dos sargentos.

“Cuando vi las denuncias que había y el ambiente en el ARRO de Tarragona, me chocó la cantidad de agentes afectados. No era normal”

El acoso se produjo durante años cada vez que los mossos hicieron saber sus discrepancias con algunos asuntos. “En un principio, cuatro mossos denunciamos a los dos sargentos e hicimos una nota al jefe de regional de los ARRO con nuestras discrepancias. Poco después, en vez de llamarnos el jefe, nos llamaron los de la División de Asuntos Internos (DAI). Nos hicieron ir a hablar con ellos y querían abrirnos expediente, aunque se negaron a decir de quién provenía la orden. El tema, al final, se archivó”, relata uno de los agentes denunciantes a El Confidencial. La DAI es una controvertida unidad cuyos procedimientos ya han sido puestos en duda más de una vez, hasta el punto que provocaron una actuación de la Audiencia Nacional.

La grabación oculta y salvadora

Hasta ahí, todo podría ser normal, pero el inspector jefe llamó a su despacho, uno a uno, a los agentes rebeldes y luego les acusó de haberle faltado al respeto. Eso acabó de dinamitar la paz laboral en el ARRO de Tarragona, una unidad crucial del cuerpo de los Mossos. “Nos dijo que era una reunión cordial y no quería que estuviese presente nadie”, sigue relatando el agente citado. Lo que no sabía el inspector jefe es que todos y cada uno de sus entrevistados le estaban grabando. Pero al terminar la ronda de reuniones, el superior denunció a los agentes ante la DAI por haberle faltado al respeto.

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"Era una excusa perfecta para deshacerse de nosotros. De ese modo, la DAI nos incoó un expediente en el que nos pedía pérdida de destino y sanción de seis días de empleo y sueldo. Entonces, sacamos las grabaciones que habíamos hecho de las reuniones, que el inspector desconocía, y paralizamos los expedientes, que siguen abiertos pero que no se han movido más", explica.

Consecuencia de la denuncia ante la DAI y de las acusaciones del inspector, los agentes (luego, se sumó otro más, hasta llegar a los cinco) denunciaron penalmente a su superior por un supuesto delito de falsedad documental, una acusación que se ha sumado a las de la denuncia inicial por delitos contra la integridad moral y lesiones.

Esta última se debe a que el juzgado designó a peritos forenses para evaluar las consecuencias de los procedimientos y los expertos certificaron que tenían “lesiones compatibles con los hechos denunciados”. Y eso, subrayan los afectados, “que no eran forenses de parte, sino neutrales, escogidos por el propio juzgado”. Los forenses dijeron que algunos de los mossos tenían “lesiones de carácter crónico de diferentes tipos”. Dos de ellos, por ejemplo, han quedado con graves secuelas de afectaciones psicológicas severas debido al estrés sufrido y porque “por cada cosa que hacía un agente, le expedientaban”.

En diversos foros, además, comenzó una cruenta e insana campaña contra los mossos denunciantes, un auténtico linchamiento público, dando a conocer sus domicilios y los nombres de sus familiares, insultando y denigrando tanto a los agentes como a la familia, por lo que su sensación de persecución y desamparo aumentó considerablemente. “Daban algunos detalles que no dejaban lugar a dudas de que los ataques venían de dentro del cuerpo y de que disponían de toda la información sobre nosotros y la gente más allegada”, explican los agentes atacados. La DAI jamás descubrió a los autores de esa intensa campaña.

El juez lo tuvo muy claro cuando vio las pruebas que habían ido acumulando los agentes e impuso la fianza de 85.124 euros a los tres mandos acusados. Pero, por sorpresa, esa fianza fue cubierta por la propia Generalitat. “La Consejería nos ha dado de lado, aunque en principio deberíamos tener la consideración de víctimas. Además, han intentado archivar el procedimiento en varias ocasiones, pero el juez se negó”.

Dos varas de medir

Fran Reina, del SPC, también se asombra por el hecho de que se cubriesen las fianzas de los mandos. Según consta en el sumario, el juez exigió el 17 de diciembre de 2019 una fianza de 85.124 euros a los tres mandos denunciados para “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas procedentes”. En el mismo escrito, advertía a la Generalitat que podría ser “responsable civil subsidiaria” de los presuntos delitos.

Pero el 24 de enero de 2020, la letrada de la Generalitat dirigió un escrito al juzgado en el que decía que “la Generalitat no está obligada a constituir ningún depósito, caución, consignación o cualquier otro tipo de garantía prevista en las leyes, por lo que pide al juzgado instructor que tenga por cumplimentado el requerimiento que, para la prestación de fianza de 85.124 euros se hace a los agentes de cuerpo de los Mossos d’Esquadra encausados”.

"Esta actuación de la Generalitat, dejando tirados a unos agentes para ponerse claramente al lado de los mandos dice muy poco de la Generalitat"

Luego, en el último párrafo, pedía que declarase “exentos de la citada prestación de fianza a los agentes citados [les nombraba por sus números de carnet profesional] en atención a la condición de responsable civil subsidiario que ostenta el Departamento de Interior”. En otras palabras, se hacía cargo de los importes a abonar en su momento, en caso de condena y de que se dicte indemnización para los agentes que denuncian.

“Esta actuación de la Generalitat, dejando tirados a unos agentes para ponerse claramente al lado de los mandos dice muy poco de la administración. Se han puesto del lado de los mandos descaradamente, que son presuntos autores de delitos muy graves. Mientras a ellos les liberan de la fianza, nosotros nos hemos tenido que pagar de nuestros propios bolsillos los médicos y los tratamientos a lo largo de la última década”, subrayan los afectados, que denuncian una doble vara de medir del Govern. Fran Reina, por su lado, lamenta “el desinterés por parte de la Administración sobre el estado de salud de sus agentes. No han mirado por ellos en ningún momento. Lo más grave es que el Departamento de Interior quiere presentarse ante la opinión pública como un ente moderno, que apuesta por la feminización y por la justicia. Ha puesto en marcha incluso una fundación presuntamente para ayudar a los mossos. Pero si hace lo mismo que hizo con estos compañeros, mal vamos”.

A preguntas de este diario, un portavoz oficial de la Generalitat manifestó que el Departamento “no comenta cuestiones internas ni temas que estén en un proceso judicial”. La época de acoso y tensión en el ARRO de Tarragona, no obstante, está llegando a su final.