La percepción de la corrupción en Cataluña se dispara: el 80% piensa que hay mucha o bastante

La corrupción continúa siendo una lacra en Cataluña. El barómetro de percepción de la corrupción, presentado este jueves por el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, dice que en el 2020 el índice de percepción de la corrupción se situaba en el 67% de la población. Dos años más tarde, esa cifra ha escalado hasta el 80,2%, una cota solo superada por los números del año 2014 (fechas en las que explotó el caso Pujol y en las que el Gobierno de Artur Mas estaba en la diana de las sospechas de prácticas corruptas), cuando llegó al 82,3%.

El sondeo fue realizado entre residentes en Cataluña con una edad superior a los 16 años. Se realizaron 1.858 entrevistas entre el 22 de septiembre y el 11 de octubre de este año.

A la pregunta directa de si el ciudadano considera que hay mucha, bastante, poca o ninguna corrupción en Cataluña, el 80,2% opta por mucha y bastante y el 19,8% por poca o ninguna (opción que solo cosechó el 0,9% de los votos). Gimeno destaca en el informe un dato aún más preocupante: es el de la tolerancia de las conductas corruptas por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, “un 21,9% de los encuestados no ve corrupción en el hecho de que un empresario pague por obtener un contrato público, o un 22% pasa por alto que una persona aproveche un cargo público para un beneficio personal”. En cambio, se rechaza que “un funcionario acepte dinero para agilizar un trámite”, actitud con la que no se muestra, en absoluto, de acuerdo el 73,6% de la población.

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La actitud de los catalanes afecta también al propio concepto de la corrupción: se rechaza de manera mayoritaria ocultar ingresos para pagar menos de IRPF, hacer trampas a la hora de delatar al conductor de un vehículo multado, quedarse con una cartera con 200 euros si dentro están los datos de la persona que la ha perdido, contratar a un pariente o amigo para un puesto de trabajo en un organismo público, colarse en el metro o pasar facturas personales simulando que son gastos del trabajo.

En cambio, un 41,8% considera que no es corrupto que un médico de la sanidad pública haga un viaje pagado por un laboratorio farmacéutico. Asimismo, el 35,4% considera que no es corrupción que un cargo público acepte regalos de una empresa proveedora. El sumun de la laxitud llega cuando un 26% considere una práctica no corrupta “que un político vote un proyecto para favorecer a una empresa de su hijo” (práctica que, no obstante, es rechazada por el 74% de los encuestados).

Una percepción relativa

Pese a todo, el 71,2% de los encuestados consideran que los catalanes son mucho o bastante honestos, mientras que solo el 28,8% consideran que lo son poco o nada. La percepción que se tiene de la corrupción es relativa, ya que el 51,1% de los ciudadanos percibe que ha aumentado en los últimos años, mientras que el 40,6% cree que se ha mantenido y solo el 8,3% cree que ha bajado.

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Otro dato a tener en cuentas es el que hace referencia a la corrupción de los partidos: el 23 % de los votantes seguiría apoyando a su formación aunque esta se vea inmersa en un escándalo de corrupción; el 42,7% votaría a otro partido, el 22,5% se abstendría y el 11,8% votaría en blanco. Esta percepción se complementa con la de que un 39,5% de los ciudadanos creen que los políticos no hacen lo que toca para lucha contra la corrupción (aunque el 41,3% creen que sí lo hacen) y el 43,7% considera que los políticos no dan suficientes explicaciones sobre su gestión (solo un 36,6% creen que sí las dan).

Otra medida de la percepción de la corrupción la da el hecho de que a la pregunta directa de si en Cataluña los partidos políticos se financian ilegalmente, el 44% de los encuestados respondieron afirmativamente, mientras que el 37,9% no sabe y solo el 18,1% asegura que no existe financiación ilegal de los partidos. Otra cosa es la honestidad de los cargos políticos: solo el 35% de los catalanes cree que sus cargos son mucho o bastante honestos, mientras que el 64,9% cree que son poco o nada honestos.

En lo referente a sectores donde la corrupción está más extendida, la percepción es que las obras públicas, el urbanismo, la justicia y la vivienda de protección oficial son los ámbitos en que está más arraigada. En lo referente a obras públicas, el 31,1% cree que está muy extendida y un 37,6% está bastante extendida. En cuanto a los protagonistas, la corrupción es atribuida fundamentalmente a partidos políticos, entidades financieras, Parlament de Cataluña, sindicatos, Generalitat, medios de comunicación, ayuntamientos y empresas privadas, en orden decreciente (el 41,7% considera que en los partidos está muy extendida, mientras que el 33,7% considera que está bastante; en empresas privadas, por ejemplo, esos porcentajes bajan el 19,3 y al 36,6% respectivamente).

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Esta idea que tienen los ciudadanos de cómo funcionan las administraciones provoca también que consideren que el 56,3% crea que el personal de la función pública es poco o nada honesto, frente al 35,3% que cree que lo es bastante o mucho. Asimismo, el 72,3% cree que las relaciones entre cargos públicos y medios de comunicación son poco o nada transparentes, frente a solo el 23,6% que considera que son bastante o muy transparentes. En este sentido, la opinión mayoritaria, en un 66,3% es que la información que ofrecen los medios de información sobre los casos de corrupción es poco o nada objetiva.

En este mismo orden de percepciones, el 69% de los catalanes cree que las administraciones públicas de su territorio son poco o nada transparentes y creen, en cambio, que esas administraciones tratan de forma privilegiada a las personas y entidades afines el Govern (un 73,1% lo considera así, frente al 21% que creen que no hay trato de favor).

Especialmente interesante es el trato que se ha de dar a un presunto corrupto: el 75% de los encuestados quieren que se le aparte de sus funciones hasta que haya sentencia, mientras que solo un 19,3% vota por mantenerlo en su cargo y un 4,4% cree que el propio alto cargo debería decidirlo él personalmente. Por esta regla de tres, la abrupta salida de Laura Borràs de la presidencia del Parlament coincide con la percepción ciudadana de lo que ha de hacer un cargo público.