Los jueces dan dos varapalos más al Govern por el castellano y los radicales cargan contra Aragonès
Ana Losada, presidenta de AEB, argumenta que los fallos se deben "a la soberbia" con la que ha actuado la Generalitat en materia lingüística
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El Gobierno catalán tuvo esta semana dos nuevos reveses en su batalla judicial para impedir que el 25% de las clases se impartan en castellano en las escuelas catalanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó sendos recursos contra medidas cautelares en ese sentido en dos escuelas, una de Reus (Tarragona) y otra de Castelldefels, localidad cercana a Barcelona. Los recursos fueron interpuestos por la consejería de Educación. Curiosamente, en algunos círculos independentistas radicales se ha celebrado esa decisión, pero como arma arrojadiza contra ERC.
En realidad, la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano en esos dos colegios no provenía de la sentencia de noviembre de 2021, a la que se oponen los independentistas, sino de sendos autos de 2019, que obligó ya entonces a los colegios a impartir en castellano ese porcentaje de las clases y que determinó una “presencia mínima del castellano como lengua vehicular en un 25% de las horas efectivamente lectivas, debiendo impartirse en dicha lengua oficial, además del área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje [es decir, de la asignatura de castellano], cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga”.
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Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad que defendió a las dos familias que reclamaron el derecho a tener un porcentaje de clases en castellano, señala a El Confidencial que en ambos casos ya había sentencia firme para impartir un porcentaje de clases en castellano. “Pero ahora han querido ir más allá y retirar definitivamente el castellano de las aulas. Lo que hicieron, sin embargo, fue una chapuza, apoyada en una ley aprobada sólo para poder eliminar el castellano de las escuelas”.
El 30 de mayo, el Parlament aprobó el Decreto Ley 6/22, en el que se eliminaban porcentajes de idiomas en la enseñanza. Con ello, se cambiaba la Ley de Educación, que permitía la introducción de ese porcentaje. Días después, se aprobaba la ley 8/22, que daba forma jurídica al deseo gubernamental. Así, el Govern podía forzar a que el catalán se consolidase como la única lengua vehicular en la enseñanza.
Recursos del Govern
Tras la aprobación de ese decreto, el abogado de la Generalitat presentó un recurso contra la obligación de las dos escuelas de Reus y Castelldefels para impartir una asignatura más en castellano. En julio pasado, pidieron que las medidas cautelares fuesen retiradas. El TSJC desestimó las peticiones de los representantes del Govern a finales de septiembre, decisión contra la cual la Generalitat interpuso nuevos recursos, basándose en el cambio de leyes de mayo y junio.
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Los letrados advirtieron al tribunal que el decreto ley 6/22 elimina los porcentajes de idiomas en la enseñanza, lo que “hace imposible mantener la medida cautelar cuestionada”. Pero, según el TSJC, “si bien el Decreto Ley 6/22 impide la aplicación de porcentajes en la determinación del uso vehicular o curricular de las lenguas, circunscribe tal mandato a la elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos, lo que no afecta necesariamente al derecho individual del alumno a un concreto porcentaje de horas lectivas en castellano”. En resumidas cuentas, los tribunales vienen a decir que si eliminan esas sentencias, se estarán vulnerando los derechos fundamentales del alumno a recibir educación en castellano.
Los letrados del Govern también argumentaban que los centros educativos “están aplicando correctamente el nuevo marco legal descrito y el proyecto lingüístico define y concreta la presencia de la lengua castellana íntegramente en función de criterios pedagógicos”. En este sentido, Ana Losada subraya que “la aprobación del Decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22 se hizo justamente para burlar la sentencia del 25%. Ellos contaban con que esa simple circunstancia valiese para eliminar la sentencia. Pero lo que hicieron fue una chapuza”.
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La argumentación de los letrados de la Generalitat tampoco es suficiente para los jueces. El Govern, dicen los autos, “ha cursado una solicitud de revocación de la medida cautelar sin acreditar el resultado de la aplicación de la nueva legislación en el centro escolar afectado, en el bien entendido que el informe de inspección aportado con el recurso de reposición se limita a una aproximación genérica, sin precisar cuál ha sido el análisis concreto del entorno sociolingüístico, los criterios pedagógicos y las exigencias de normalización del catalán aplicadas a la concreta escuela y curso del afectado, así como como resultado material del proyecto lingüístico resultante en lo que se refiere al uso docente de las lenguas”.
El tribunal asegura que no consta que las escuelas hayan aplicado la nueva legislación vigente
De ese modo, el tribunal asegura que no consta que las escuelas hayan aplicado la nueva legislación vigente y cuál ha sido su resultado para decidir si se retiran las medidas cautelares. Y no descarta que se puede aplicar el porcentaje de idiomas en la enseñanza, a pesar del decreto 6/22 y de la nueva ley 8/22. “La medida cautelar adoptada en estas actuaciones responde a una concreta valoración que se hizo en su momento sobre la necesidad de la misma en orden a una eventual pérdida de objeto o de utilidad del recurso y la ponderación de los intereses en juego (…) En definitiva, el cambio del marco jurídico en el que se inserta la medida cautelar debe ser analizado en el caso concreto y según el resultado de la aplicación del nuevo contexto educativo en su conjunto, no considerando aisladamente un aspecto puntual de lo mismo. Al mismo tiempo, habría que evaluar de nuevo en dicho contexto los criterios que la ley impone para la adopción de medidas cautelares”. Además de rechazar el recurso del Govern, el TSJC le impone las costas a la Administración autonómica en ambos recursos.
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“Lo que viene a decir la Justicia es que la Generalitat no puede revocar por sí misma una sentencia, sino que han de ser los jueces quienes lo hagan. El TSJC admite que hay una nueva legislación, pero pregunta si ha cambiado en algo la educación para eliminar la aplicación de un derecho”, subraya Losada.
La presidenta de la AEB enfatiza que este proceso “se debe a la argumentación endeble de la Generalitat ante los tribunales. La soberbia de Aragonès [Pere Aragonès, presidente de la Generalitat] y de Cambray [Josep González-Cambray, consejero de Educación] les ha hecho hacer el ridículo. Daban por supuesto que con el nuevo decreto y la nueva ley que habían aprobado para soslayar la sentencia del 25% ya lo tenían todo ganado y no miraron más allá. Pero el tribunal se pregunta si ha cambiado algo o si hay una motivación pedagógica para retirar el castellano de las aulas”.
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En redes sociales, la noticia causó euforia entre los activistas radicales. “El Govern fracasa a la hora de eliminar el 25% de castellano en las clases”, fue la consigna que comenzó a correr este jueves por los foros soberanistas, celebrando la decisión del TSJC. El motivo de esta euforia no es otro que tener munición para arremeter contra ERC, a quien consideran un partido traidor por haber tendido puentes de entendimiento con el Gobierno central.
En círculos independentistas se rechaza el porcentaje del castellano en las aulas aduciendo que “el catalán es una lengua en retroceso y en franca minoría, por lo que es preciso garantizar su enseñanza y su uso desde las instituciones”. El arma más poderosa que tiene el independentismo en este terreno es la utilización de las estructuras educativas para garantizar una enseñanza exclusivamente en catalán, además tanto entidades soberanistas como Generalitat están estudiando medidas para hacer también obligatorio el uso de este idioma en la enseñanza universitaria.
El Gobierno catalán tuvo esta semana dos nuevos reveses en su batalla judicial para impedir que el 25% de las clases se impartan en castellano en las escuelas catalanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó sendos recursos contra medidas cautelares en ese sentido en dos escuelas, una de Reus (Tarragona) y otra de Castelldefels, localidad cercana a Barcelona. Los recursos fueron interpuestos por la consejería de Educación. Curiosamente, en algunos círculos independentistas radicales se ha celebrado esa decisión, pero como arma arrojadiza contra ERC.