La defensa de Carles Puigdemont calienta en Luxemburgo ante el 'día grande' para su inmunidad

Se ha completado en Luxemburgo, ante la Sexta Sala del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), la primera de las dos vistas claves para el futuro de la inmunidad europarlamentaria de Carles Puigdemont. En la primera sesión, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, ha defendido que las euroórdenes dictadas contra el líder independentista podrían haberse evitado si la Eurocámara hubiera protegido su inmunidad parlamentaria, según informa EFE. Esta primera jornada se considera el aperitivo de la segunda vista, que se celebra mañana, en la que la defensa planea convencer al tribunal de que el suplicatorio, el proceso por el que la Eurocámara levanta la inmunidad a un miembro de la institución, debe ser anulado.

La clave del argumento de la defensa en este primer día es que el difunto presidente de la institución, el italiano David Sassoli, desoyó una carta enviada el 10 de diciembre de 2019 por 38 eurodiputados, entre los que se encontraba Diana Riba, de ERC, en la que se solicitaba que la institución protegiese la inmunidad de Puigdemont. Si Sassoli la hubiera tramitado, ha defendido Boye, el Tribunal Supremo, que dictó la sentencia del procés muy pocos días después y tras la cual se activaron las euroórdenes por parte del juez Pablo Llarena, debería haber esperado a que el Parlamento Europeo aceptara un suplicatorio que hubiera levantado la inmunidad del expresident antes de aprobar las órdenes europeas de arresto y entrega.

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Por aquel momento, Puigdemont y el antiguo conseller Toni Comín no contaban con un escaño en el Parlamento Europeo. Habían participado en los comicios para la Eurocámara, pero, al no haber pasado por la Junta Electoral Central (JEC), no habían sido incluidos en la lista enviada a la institución. Solamente unas semanas después de aquella carta de Sassoli la Justicia europea respondió a una prejudicial sobre el caso Oriol Junqueras y dictaminó que los eurodiputados electos no debían cumplir con ningún otro procedimiento, como pasar por la JEC y jurar la constitución, para poder hacer uso de sus escaños. Horas después, Puigdemont y Comín entraban por la puerta de la institución.

Boye defenderá en la segunda vista, la que se celebra este viernes, que precisamente esta decisión de Sassoli hace ilegal el suplicatorio solicitado por las autoridades españolas a la Eurocámara, ya que este se pidió después de haber activado las euroórdenes y sin saber si la institución aceptaría o no el suplicatorio. Pero la defensa también argumentará que, en caso de que la decisión de Sassoli, o más bien la ausencia de ella, no haga ilegal el suplicatorio, este debería ser igualmente anulado porque el ponente, el búlgaro Angel Dzhambazki, del mismo grupo de Vox, y el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, el español Adrián Vázquez, de Ciudadanos, no habrían sido neutrales y habrían tenido prejuicios hacia los demandantes.

Lo habitual sería que la decisión del TGUE llegara en los primeros meses de 2023, ya que entre la vista y la sentencia suelen pasar unos tres o cuatro meses. En todo caso, ante su sentencia cabe recurso ante el máximo tribunal europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, en Luxemburgo también están pendientes de una prejudicial clave, la presentada por Llarena sobre la aplicación de las euroórdenes por parte de las autoridades belgas.