Pere Aragonès ficha para el Govern a tres dirigentes de la CUP

Varios dirigentes de la CUP se han incorporado en las últimas semanas o están a punto de hacerlo en los próximos días al Govern que preside el republicano Pere Aragonès. Al menos dos direcciones generales y una asesoría están ya en manos de militantes anticapitalistas a los que el president ofreció cargo y mando en plaza. Dos de ellos, Mireia Boya y Matíes Serracant, han sido auténticos pesos pesados en la formación. Con su incorporación al Ejecutivo, Aragonès visualiza una transversalidad que recoge sensibilidades que van desde el socialismo (con el fichaje de Joaquim Nadal como consejero de Universidades), los comunes (con el de Gemma Ubasart como consejera de Justicia, Derechos y Memoria) o la antigua Convergència (con el nombramiento de Carles Campuzano como consejero de Derechos Sociales) y la CUP, que representa la izquierda parlamentaria más extremista del independentismo.

La compensación a lo que los republicanos llaman el ensanchamiento de la base es la elección de altos cargos también por el otro extremo. No hay que olvidar que el secretario general de Investigación y Universidades (o sea, el segundo de Joaquim Nadal) será Joaquim Nin, ex secretario general de Presidencia con Carles Puigdemont, Jordi Turull y Neus Munté, pero que ahora está en posicionamientos del PDeCAT.

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El jefe de Gabinete de Carles Campuzano, por su parte, es Oriol Puig, exportavoz del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), revivido por Marta Pascal después de romper con el PDeCAT al ser demonizada por Puigdemont. Gemma Ubasart tiene en su ejecutiva a Eloïsa Piñeiro como jefa de Gabinete, que era miembro de la ejecutiva de Barcelona en Comú (BeC). Y como asesor fichó a Carles Ferreira, secretario de Acción Política de Moviment d’Esquerres (MES), una pequeña formación fundada por Ernest Maragall cuando abandonó el PSC.

Se trata de un batiburrillo de cargos que van desde posiciones más o menos moderadas hasta el independentismo sin complejos. Pero faltaba la presencia del sector verdaderamente combativo. Con los fichajes de los cuperos, el radicalismo también tiene su parcela en el Ejecutivo republicano con nombres de relumbrón, puesto que Boya había sido portavoz de la CUP y una de las dirigentes de referencia, mientras que Serracant fue alcalde de Sabadell.

Una trayectoria con altibajos

Mireia Boya, la dirigente con mayor peso político, se incorpora a la Administración catalana como directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, que depende de la consejería de Acción Climática, en manos de la republicana Teresa Jordà. Boya es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Gestión y Ordenación del Territorio por la Universidad de Montreal.

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Boya viene de una familia de tradición política. Su madre, Maria Pilar Busquets, fue síndica de Arán entre junio de 1991 y julio de 1993. Hasta entonces, había sido diputada de CiU, aunque perteneció al pequeño partido Convergència Democràtica Aranesa. Jùsep Boya, hermano de Mireia, también es político de larga trayectoria. En 2016, recién nombrado Carles Puigdemont como president, fue nombrado director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio. Al año siguiente, el Govern le nombró director de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural. De ambos cargos fue cesado el 12 de junio de 2018 por Quim Torra.

Mireia Boya llegó a ser presidenta del grupo parlamentario de la CUP entre 2015 y 2017 (fue imputada por el juez Pablo Llarena por participar en reuniones supuestamente preparatorias del referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y tuvo que declarar como tal el 14 de febrero de 2018). Su singladura parlamentaria comenzó mal. En su declaración de bienes, la nueva diputada olvidó que era propietaria de un hotel rural de tres plantas y 170 metros cuadrados en el valle de Arán, de donde es natural, haciendo constar la propiedad como un “establo” donado por su madre en 2005. La infraestructura hotelera era explotada por una comunidad de bienes denominada Borda Guilhamuc C.B. Según publicó la prensa en su momento, el hotel era alquilado por 4.600 euros al mes (o 1.150 euros semanales) como residencia rural y tenía licencia de alquiler turístico. En su declaración, Boya decía que solo poseía el 50% de un inmueble, valorado en 8.199,24 euros.

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El 1 de octubre de 2017, Boya puso las urnas en su casa rural, reconvertida en sede electoral durante esa jornada, después de que los Mossos d’Esquadra impidieran abrir el colegio electoral preparado al efecto para llevar a cabo el referéndum. En marzo de 2019, hizo públicas las tensiones internas en la cúpula de la CUP aduciendo que llevaba años siendo acosada psicológicamente por otro miembro de la formación y que dejaba el Secretariado de los anticapitalistas. “Durante mi tiempo de diputada, padecí un episodio continuado de agresión psicológica que me supuso una gestión emocional aún abierta […]. Marcho consciente de dejar el reto colectivo de mejorar la gestión de las agresiones machistas”, dijo en una carta pública. El presunto acosador psicológico, Xevi Generó, con relativo peso dentro del partido, negó siempre la agresión y abandonó la política para convertirse en guardia de montaña.

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Sin embargo, los organismos internos cuperos tomaron cartas en el asunto y determinaron que pudo haber acoso, aunque a tres años vista no tomaron ninguna determinación. Por ello, el pasado mes de junio, Mireia Boya anunció públicamente que estaba desencantada con la CUP y que abandonaba el partido. Poco le duró la “soltería” a la exlíder de la formación, puesto que el Govern fue a llamar esta semana a su puerta.

Varias querellas

Otra de las figuras de la CUP que llega al Govern de Aragonès es Matíes Serracant, exalcalde de Sabadell, a la que concurrió con el apoyo de Entesa per Sabadell. Serracant no solo ganó, sino que también concurrió en el puesto número 12 de la lista de la CUP por la provincia de Barcelona en las últimas elecciones autonómicas. En la legislatura de 2015 a 2019, la alcaldía de esta localidad fue repartida entre dos nombres: el propio Serracant, que ejerció de alcalde de 2017 a 2019, y Juli Fernández (ERC), que lo fue de 2015 a 2017. Ahora, Fernández es el conseller de Territorio y ha fichado a su rival como asesor.

Serracant ha tenido una accidentada trayectoria política. En 2019, un tribunal sentenció que había cometido mobbing laboral contra la funcionaria municipal Maite Morao y le condenó a indemnizarla con 25.000 euros. Se produjo después de que la funcionaria se negase a firmar la recalificación de una antigua fábrica que el Ayuntamiento que presidía Serracant había cedido a un colectivo llamado El Tallaret, creado para dinamizar la vida social del barrio de la Creu Alta.

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La funcionaria fue destituida y relegada a funciones inferiores a su rango. No contento con eso, el Ayuntamiento la demandó por prevaricación en varios casos anteriores, causas que los tribunales archivaron sucesivamente. En enero de 2021, finalmente, con Serracant fuera de la alcaldía, el colectivo logró la cesión de una parte de la fábrica en cuestión por 17 años. Con motivo del intento de cesión durante su mandato, fue denunciado por prevaricación, tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio, pero el tema se archivó.

Pero el dirigente de la CUP tiene todavía cuentas pendientes con la Justicia, puesto que fue denunciado por un vecino con motivo del 1-O por ceder locales municipales para poner las urnas el 1 de octubre de 2017 para celebrar el referéndum. Falta conocer el final de esta historia.

De Maulets en el Govern

No son los únicos cuperos presentes en la Administración de Aragonès. Nella Saborit, directora general de Agenda y Renovación Urbana, es otra exanticapitalista llegada al Govern. Saborit era miembro de Maulets, la organización juvenil de la CUP. Ingeniera civil especialista en transportes, urbanismo y movilidad, no es una novata en la Generalitat, puesto que ya había trabajado en ella, aunque sin cargo político: había sido técnica de la dirección general de Transporte Terrestre y había trabajado en el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB).

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Su puesto en importancia es similar al de Mireia Boya, aunque estará bajo el mando de Juli Fernández y al lado de Serracant en la consejería de Territorio. Valenciana de nacimiento, Saborit fue activa militante del No a la Guerra y de la Plataforma Movilizadora en Defensa de la Universidad Pública (PMDUP) y había encontrado hueco para participar en el proceso de planificación estratégica Barcelona Demà 2030 Compromís Metropolità. Desde su nuevo cargo del Govern, su participación en las planificaciones urbanas y sociales puede ser mucho más intensa.