Funcionarios relatan presiones de Dalmases para la obtención de subvenciones

El llamado caso Dalmases va camino de convertirse en una gigantesca bola de nieve que salpique a Junts per Catalunya (JxCAT) con un escándalo monumental. Francesc de Dalmases, mano derecha de Laura Borràs, ha sido denunciado por presionar a una periodista de TV3 tras una entrevista a la propia expresidenta del Parlament. La próxima semana, el Parlament decidirá si amonesta al dirigente juntero, pero hay más. Algunas diputadas y diputados de Junts han corroborado, en las reuniones del grupo parlamentario y de la dirección de su partido, los malos modos de Dalmases, sus gritos y sus amenazas. Según la documentación en poder de El Confidencial, el modus operandi del polémico político viene de lejos e incluso ha presionado para recibir subvenciones.

Lucía Rodrigo, técnica de la Diputación de Barcelona, vivió en carne propia el proceder de Dalmases. Así lo hizo constar en una comparecencia ante la Policía Nacional. "En una ocasión, tras reunirse la dicente con Albert Torras [jefe de unidad en la Diputación] y con un directivo de Igman (un tal Francesc Dalmases), en la que informaron que había muchos problemas de justificación en dos proyectos y que tendrían que revocarlos (al no cumplir con las bases ni poder justificar determinadas partidas), Albert Torra recibió una llamada apenas pasados 10 minutos del final de la reunión por parte del director de Relaciones Internacionales [de la Diputación], Jordi Castells, recriminándole porque, a su vez, al director le habían llamado ‘desde arriba’ para decirle que había tratado muy mal a Igman. Finalmente, la dicente fue apartada del expediente, adjudicándose su tramitación a una becaria". Lo que ignoraban ambos funcionarios era de la fluida relación entre Dalmases y su jefe Castells.

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El expediente era una subvención pública a la asociación Igman, controlada por Dalmases. En este se habían encontrado muchas irregularidades. Los técnicos de la Diputación redactaban informes contrarios a la concesión de ayudas públicas por falta de justificaciones. Pero Jordi Castells, el jefe de Relaciones Internacionales, cambiaba los escritos o presionaba a los técnicos con amenazas, como consta en sus declaraciones, para que esas ayudas públicas fuesen concedidas a Igman y a la Fundación Catmon, otra de las entidades controladas por Dalmases. Así se desviaron hacia esas dos entidades fondos públicos desde el año 2011 en adelante, según se evidencia en las diligencias que sigue el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, que dirige el magistrado Joaquín Aguirre.

Varios de los técnicos declararon ante la Policía que, si no hacían lo que decía Jordi Castells, recibían amenazas y presiones. Gemma García relató que "era habitual que Jordi Castells aislara a determinados trabajadores que no estaban de acuerdo con el criterio directivo de éste". Eso le pasó a Lucía Rodrigo, ubicada físicamente "en un despacho a su vista [de Castells] para poder llamar la atención a todas las personas que entraban a saludarla, instándoles a no hacerlo más; le vació de contenido el puesto de trabajo, incorporando a otras personas que realizaban sus mismas funciones". Paralelamente, decía a sus compañeros que "era una mala técnica, que no hablaran con ella y que la becaria sabía más que ella".

Presiones en una reunión

Laia Franco, otra técnico, relató que "en una ocasión se personó en la Diputación de Barcelona Francesc Dalmases, representante de una de las entidades beneficiarias a las que los técnicos habían requerido para aportar documentos y justificación adicional, y se reunió con Jordi Castells, tras lo cual el director se dirigió al equipo de técnicos recriminándoles que causaran tantos problemas y conminándoles a que solucionaran el asunto sin molestar a la entidad beneficiaria". Finalmente, Franco fue cambiada de oficina aprovechando que estaba de baja por maternidad. Eulàlia Carrillo contó, por su parte, cómo ella y otra compañera hicieron informes desfavorables sobre las entidades de Dalmases, pero "Castells no estaba de acuerdo con estas conclusiones, otorgando él mismo una valoración positiva delante de la declarante. Dicha subvención fue otorgada de manera irregular, a criterio de la testigo". Antoni Montseny, otro trabajador público, relató que se alteraban valoraciones y cómo se dio dinero indebidamente a las entidades de Dalmases, "ya que éste venía con asiduidad al despacho de Jordi Castells".

Santiago Comas, también funcionario, detalló a los agentes otra de las actuaciones del ahora diputado de Junts. "Venía a la Diputación por los proyectos que gestionaba la Diputación", manifestó. En una de las visitas de Dalmases, fue llamado por el director, Jordi Castells, para que se reuniesen los tres. "Fue por un proyecto de 2012 en Opstina Trnovo, una subvención por concurso", relató Comas. En la reunión, aseguró el técnico en su declaración, "tanto Jordi Castells como Francesc Dalmases le presionaron para que diera el visto bueno a la justificación final, aunque Santiago pedía más pruebas documentales".

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En ese proyecto, en el que supuestamente la asociación Igman debía contribuir al "fortalecimiento de procesos de reconstrucción de Opstina Trnovo" (Bosnia), faltaban justificaciones de los gastos realizados, entre otras presuntas irregularidades. Por ello, se admitieron como justificantes válidos "unas declaraciones juradas de Francesc Dalmases en lugar de contar con los preceptivos documentos acreditativos". Estas "declaraciones juradas" decían que los gastos se habían realizado en el marco del proyecto subvencionado, pero no adjuntaban ni un solo justificante.

Facturas teóricamente impagables

Durante los meses anteriores, los técnicos trataron también de que no computasen como pruebas varias facturas del propio Dalmases, que facturaba a Catmon 2.913,05 euros mensuales. Un correo del técnico Ignacio Rodríguez, responsable de Seguimiento Administrativo de la Diputación, a Montserrat Aymà, jefa de la unidad técnica de Control Interno, con copia a la jefa de la sección administrativa del área de relaciones internacionales, desvela: "Resulta que la entidad presenta como justificación 4 facturas en las que figura como acreedor el señor Francesc Dalmases Thió, que casualmente es también el secretario y el representante legal de la Fundación. Si miramos la Ley General de subvenciones, esto es incompatible".

Aymà le respondió: "Consideramos que no serían admisibles las 4 facturas imputadas en la justificación de la subvención, pues se han emitido por personas vinculadas con el beneficiario, y se desconoce que se hayan realizado con las condiciones normales de mercado". Poco después, se incautaron correos en los que Castells enviaba a Dalmases directrices sobre cómo proceder. "Buenos días, Francesc, ¿cómo tienes el viernes 22, este viernes, a las 11 para hablar sobre Bosnia 2021? ¿Puedes venir con el sello? Tenemos problemas con los documentos enviados, 3 intentaremos cuadrarlo nosotros (la formación no cuadra, los cuadros presentados tienen errores de sumas, los datos son erróneos, y algún otro detalle), pero necesitamos tu sello y firma", le decía.

En otro mail, le señalaba que "sería preciso clarificar el presupuesto", pues el presentado el 11 de octubre de 2013 "no cumple las bases (ya que la entidad ejecutaría solo el 29% y debería de ser del 70% mínimo) y lo mismo pasa en el documento de justificación que te adjunto señalado en rojo". La Guardia Civil señala: "De su lectura se llega a la conclusión de que Jordi Castells le preparó la documentación a Francesc Dalmases y le dio indicaciones de cómo debía presentarla. Esta práctica, que evidencia una situación privilegiada, parece ser habitual en los expedientes investigados de la Diputación de Barcelona, como así lo han manifestado los técnicos que allí trabajan".

Un cúmulo de irregularidades

Un informe del 3 de febrero de 2020 de la Guardia Civil explica una subvención de 73.981,40 euros de Catmon. "Si bien las labores desempeñadas por los patronos tenían que ser gratuitas, se incumplió sistemáticamente, pues tanto aquellos como otras personas vinculadas a los mismos fueron remunerados por servicios supuestamente prestados. Por otra parte, las subvenciones concedidas presentaron errores formales y materiales tanto en su cumplimiento como en la ejecución de la actividad. Además, se detecta que Francesc Dalmases percibió honorarios por tareas de dirección, que obra informes técnicos negativos, que se produjeron reformulaciones de las partidas presupuestarias, que los apuntes técnicos desfavorables se subsanaron tras una decisión presumiblemente de Jordi Castells y que, además, se presentaron los proyectos con erratas y enmiendas, se emitieron facturas con posterioridad al cobro o fuera de plazo y se produjeron dilaciones en la comprobación de la documentación".

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Lo mismo ocurrió con Igman. Obtuvo 112.481 euros en dos subvenciones por concurrencia competitiva en los años 2012 y 2013, formalizando en 2015 un convenio con la Diputación, pero los investigadores detectaron incumplimientos del ámbito geográfico, deficiencias formales y materiales. "Las subvenciones no se justificaron suficientemente, las facturas contienen conceptos genéricos, la reformulación definitiva incumple las bases de convocatoria, no consta acreditada la realización de actividades, se contrataron personas sin la formación exigida, se contravino el artículo 29.7 de la Ley de Subvenciones, obran informes técnicos desfavorables, se detectaron pagos incorrectos, pagos y viajes no justificados, se aportaron fotografías de proyectos anteriores, no constan memorias técnicas y no se justificaron ni las acciones desarrolladas ni los plazos de las mismas". Pese a todo, los expedientes eran avalados por el jefe.

La Guardia Civil afirma que "parece evidenciarse que, antes de solicitar las subvenciones de los proyectos presentados por Igman, Francesc Dalmases y Jordi Castells ya las habrían estudiado y apalabrado y que incluso el mismo proyecto se estaría subvencionando en ejercicios distintos". Toda una radiografía de la filosofía de un diputado que ahora está en el ojo del huracán.