El Supremo multa con 13.500 euros a Reguant por no contestar a Vox en el juicio del 'procés'

El Tribunal Supremo ha condenado a la diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Eulàlia Reguant a una multa de 13.500 euros por desobediencia grave a la autoridad al negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del 'procés', donde compareció como testigo en febrero de 2019.

En una sentencia, los magistrados han concluido que "la actitud de la acusada negándose a cumplir el mandato del tribunal ha sido evidente e inequívoca, clara y patente". El tribunal resalta que, de esta forma, la oposición a contestar de Reguant fue "obstinada", "totalmente meditada y decidida", con actitud de abierta y pertinaz negativa a asumir los deberes que la ley impone a los testigos.

Los hechos se remontan al 27 de enero de 2019 cuando Reguant y el exdiputado de la CUP Antonio Baños fueron citados a declarar como testigos en el juicio del "procés" en el Tribunal Supremo y se negaron a responder a las preguntas de Vox, acusación popular en el caso.

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Reguant declaró en el juicio que se negó a contestar a Vox "por ser la extrema derecha" y por su "fascismo machista que no admite derechos fundamentales" alegando su libertad ideológica y objeción de conciencia como justificación de su conducta.

Sin embargo, el tribunal ha subrayado que Reguant "traspasó claramente los límites de su libertad ideológica y de conciencia, y no se estaba ante un ejercicio lícito de la libertad de expresión, claramente limitado en este caso para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial sobre el que la sociedad debe tener una clara confianza, siendo necesarios para garantizarla fijar límites, debiendo acatar los testigos las órdenes legítimas dadas por los tribunales".

Además, recuerda que "no existe un derecho general de desobediencia respaldado por disposición constitucional o legal alguna; por el contrario, el derecho vigente, legitimado democráticamente, tiene efecto obligatorio general y no solo respecto de quienes estén de acuerdo con él". Por eso "el reproche penal no se fundamenta en el posicionamiento ideológico de la acusada, sino que se dirige al deber de colaboración con la justicia, y de respeto al principio de autoridad y al orden público".

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Respecto a la pena a imponer, el Supremo ha explicado que no hay razones para optar por la más grave prevista legalmente en este caso, que era la de prisión, "por las consecuencias accesorias que la misma lleva aparejada (inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena), no infringiéndose, por tanto, el principio de proporcionalidad de la pena en relación con el derecho a la participación política que se invoca por la defensa".

De ahí que hayan optado por la imposición de multa de nueve meses, muy cercana al límite mínimo legal, y de 50 euros al día, "ya que la misma resulta ajustada a la capacidad económica de la acusada, en atención a la cuantía de los ingresos que debe percibir como diputada del Parlament”, cantidad que si bien es sensiblemente superior a la mínima establecida legalmente (dos euros/día), también resulta muy distante del límite máximo (400 euros/día).