Sitges, el lugar donde los chiringuitos se comen la arena: cómo se ocupan las playas

"Ni me planteo ir un sábado a la playa en Sitges”, dice Nil, un ingeniero informático de 24 años, cuando se le pregunta sobre la proliferación de servicios de temporada en su municipio. “Yo me voy a Castelldefels o Vilanova”, añade. Si decidiera quedarse, tendría dos opciones: resignarse o pagar 10 euros por una tumbona. Esta localidad de la costa del Garraf, con algo más de 30.000 vecinos, recibió 89.294 viajeros entre junio y agosto del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El municipio, meca del turismo gay y conocido por acoger el mayor festival de cine fantástico del mundo, es uno de los mayores reclamos del litoral catalán. Sus playas contaron en 2021 con 37 zonas de hamacas, 31 chiringuitos, 28 negocios de alquiler de sombrillas y cinco terrazas.

El Reglamento de Costas de 2014 es la normativa nacional que ordena el litoral español. Los artículos 68 y 69 limitan la superficie de la playa que pueden ocupar los servicios de temporada: un 50% si la playa es urbana y un 10% si es natural. Es decir, la suma de la superficie que ocupan duchas, baños, salvamento, papeleras, quioscos y chiringuitos desmontables, hamacas, sombrillas y patines no puede ocupar más de la mitad de las playas urbanas o una décima parte de las naturales.

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El reparto de responsabilidades sobre las playas es complejo. Intervienen tres niveles administrativos: el Estado, propietario de las costas; la Generalitat de Cataluña, que tiene las competencias transferidas de ordenación del litoral —Andalucía es la otra comunidad con este poder y Canarias ultima las negociaciones—; y los ayuntamientos, que tramitan la licitación de servicios de temporada ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En Cataluña, los consistorios requieren del visto bueno del Departamento de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat. Los datos avalan su gestión. De las 597 playas catalogadas como tramos urbanos y naturales en la región, 217 cuentan con servicios de temporada.

Según los datos de autorizaciones facilitados por la Generalitat tras una petición de transparencia y la superficie estimada por el ministerio en su listado más reciente de playas —correspondientes a 2021—, el 96,4% de estos tramos cumplía durante el año pasado las limitaciones de espacio recogidas en el Reglamento de Costas. Solo seis playas naturales y dos urbanas presentaban algún tipo de disparidad.

Una realidad diferente

Cuatro de estas excepciones se encuentran entre las 32 playas de Sitges. El caso más cuestionable es el de La Fragata, situada en el centro del pueblo, a los pies de la Iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla. La tasa de ocupación en 2021 fue del 52,4%, teniendo en cuenta que el 44,3% de la playa correspondía a un “campo de deportes”, sobre el que no se aporta ninguna información adicional. Las otras salvedades observadas en el municipio son las playas naturales de Grills (33%), Cala dels Gegants (19,1%) y Cala Morisca (10,2%).

Tras exponer la información al ayuntamiento para que aclare esta situación, el gabinete de prensa reconoce que “no son nadie para contradecirla” y defiende la actuación del consistorio al hacer hincapié en que se encuentran en pleno “proceso de renovación” de estas autorizaciones. El municipio ha desarrollado un plan de usos con el que pretende regular los servicios de temporada bajo criterios de sostenibilidad y “racionalidad”. Ha eliminado 1.500 hamacas y nueve chiringuitos, una medida que no ha gustado a la Associació Turística de Serveis de Platges, que teme que se pierdan unos 150 puestos de trabajo directos.

La playa sin principio ni fin

A 167 kilómetros al norte de Sitges, ya en la provincia de Girona, se ubica Begur, un pueblo costero de aguas cristalinas y pequeñas calas. Un frondoso bosque de pino carrasco converge con una playa sin arena y acondicionada para el amarre de barcos deportivos. Es la cala natural de Aiguafreda. El 72,8% de su playa está destinada a servicios de temporada, siete veces por encima de lo establecido en el Reglamento de Costas.

“La Ley de Costas no está pensada para la Costa Brava, a veces nos sentimos desamparados en este sentido”, dice Francesc Xavier Turró, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Begur. “En Aiguafreda no hay playa, es una zona de dominio público marítimo-terrestre en la que se ocupa la zona de rocas. Al no haber playa, no podemos tener ninguna medida de la superficie que estamos ocupando”, insiste. Las dimensiones oficiales de los arenales son un tema peliagudo, puesto que no hay ningún listado unificado que se actualice de forma periódica.

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Según varias fuentes expertas consultadas para este reportaje, se hacen estudios de zonas concretas y se superponen unos a otros. “Solo algunos casos puntuales, como el Ayuntamiento de Barcelona o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), hacen mediciones con regularidad, lo que es difícilmente justificable para un país que es una potencia turística”, explica el profesor José A. Jiménez, del Laboratori d'Enginyeria Maritima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). “La mayoría de los municipios no ha desarrollado la capacidad de implementar sistemas de control. No obstante, el panorama ha cambiado bastante con la mayor disponibilidad de imágenes (fotos, satélites, video) y drones. La experiencia y las necesidades de control por el covid han forzado a empezar a utilizar y explotar sistemas de control que servirán para el futuro", añade.

Los últimos datos del Miteco apuntan a que la cala de Aiguafreda tiene 15 metros de largo y 12 de ancho, una superficie máxima de 180 metros cuadrados. “No es realista”, subraya Turró. “La Generalitat conoce perfectamente la orografía de este territorio y sabe que en esta playa hay sitios que, a pesar de estar dentro del dominio público marítimo-terrestre, se ocupan con servicios de temporada. Pero no están delimitados por ningún ámbito concreto porque esta playa no tiene principio ni fin”, concluye.

Sin embargo, los datos de la Agencia Catalana de Turismo elevan la longitud a 30 metros y reducen la anchura a cinco, por lo que la superficie máxima llegaría hasta los 150 metros cuadrados, con menos espacio aún para los servicios de temporada.

A casi 60 kilómetros al sur —todavía en la provincia de Girona—, el alcalde de Tossa de Mar, Ramón Gascons, también recurre a la diferencia de criterios para explicar el caso de la cala natural de l’Ull de Vidre, que muestra una tasa de ocupación del 11,4%. El ayuntamiento contabiliza este arenal como “un rincón de la de Santa María de Llorell”, pero tanto el ministerio como la Generalitat identifican esta playa como un tramo independiente.

Disparidad de criterios

En la localidad barcelonesa de Arenys del Mar, el plan de usos del consistorio cuantifica en 25.500 metros cuadrados la superficie de la playa urbana de La Picordia, mientras que el listado del Miteco la reduce a 7.500 metros cuadrados en bajamar. Con el primer cálculo, los servicios de temporada autorizados ocupan un 15,4% de la costa. Con el segundo, un 52,4%. Pero si se aplica el Reglamento de Costas al pie de la letra y se calcula la superficie con la marea alta, Arenys de Mar no podría autorizar ni una sola actividad en esta playa.

Las únicas infracciones que la Generalitat ha notificado, según explican algunos municipios, han sido por incumplimiento de las condiciones indicadas en la concesión por parte de los adjudicatarios. Por ejemplo, Eva Mancera, técnica de comunicación en el Ayuntamiento de Mataró, recalca que solo hay "alguna infracción por exceso de ocupación de algún chiringuito” cometida por algún particular.

Como también señala Mancera, la Generalitat y el Servicio Provincial de Costas del Estado mandan cada año a sus inspectores para chequear los servicios autorizados y las superficies que ocupan. Además, al menos en casos como Mataró y Premià de Mar, la policía local y las áreas de salud pública también realizan sus propios controles.

Playa de La Gola

El Reglamento de Costas recoge en sus artículos 68 y 69 que los establecimientos expendedores de comida desmontables deben tener una separación mínima de 100 metros en tramos urbanos y de 300 en los naturales. La playa de La Gola de Sant Pere Pescador (Girona) no cumple con este punto, ya que cuenta con dos chiringuitos en apenas 275 metros. El ayuntamiento ha declinado dar explicaciones al respecto.

Litoral menguante

Pese a que la inmensa mayoría de servicios de temporada no plantean problemas con la regulación, es importante observar que las autorizaciones se tienen que adecuar a un contexto de espacio menguante debido al retroceso de las playas. Además, la disponibilidad de más servicios supone mayor frecuencia de uso de las playas y, por tanto, mayor impacto ambiental.

En la distribución espacial de las instalaciones es conveniente, por ejemplo, alejarlas de las dunas. “Intentamos que sea lo más cerca de la línea del mar”, detalla Santiago Ramos, biólogo y técnico de costas del Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Girona), espacio que goza de una protección especial. “No decimos no a las actividades turísticas, no queremos hipotecarlas; pero han de ser más sostenibles y adecuadas a la conservación de la playa”.

En diciembre de 2021, el Consell Assessor per la Desenvolupament Sostenible de la Generalitat publicó el informe ‘Un litoral al límite’, que advierte de que en 2035 solo un 54% de las playas catalanas tendrán el ancho necesario para albergar servicios de ocio. Entre 1995 y 2015 perdieron anualmente unos 0,4 metros transversales, aunque en un 65% del litoral el retroceso fue “muy superior”, con zonas particularmente críticas como l'Alt Empordà. “Habrá que seleccionar. No podremos hacer actuaciones para salvar todas las playas”, responde el experto en procesos sedimentarios, litorales y oceánicos del CSIC Jorge Benito Guillén. “Nos tenemos que acostumbrar a que esta demanda de playa de arena para el turismo no podrá ser para todos”.

Las cifras de autorizaciones para usos comerciales en las playas de Cataluña demuestran esta tendencia. De 2014 a 2019, último año previo a la pandemia, se redujeron un 16,7%. En 2020 y 2021, pese a que los expertos consideran que han sido años distintos por la crisis sanitaria, se han mantenido en niveles similares. El verano pasado hubo 450 chiringuitos autorizados, 100 menos que en 2014, y 192 terrazas frente a las 298 de siete años atrás.

“Cuando la gente va a la playa, la considera una extensión de un espacio público urbano, no un espacio natural”, expone Sergi Nuss, director de la plataforma ecologista SOS Costa Brava. Pero no son los únicos, ya que, según su visión, los ayuntamientos también olvidan esta dimensión ambiental cuando optan por técnicas de alisamiento y aportaciones de arena con maquinaria pesada.

Todas estas medidas dificultan el efecto barrera ante los daños provocados por los temporales y la subida del nivel del mar. “Hay que hacer mucha pedagogía con la gente para que entienda que se tiene que ver la playa pisada”, insiste el técnico de costas Santiago Ramos. “Las playas son de todos, no de los ayuntamientos aunque sean su gallina de los huevos de oro”.

La moción de censura climática

En Altafulla, la playa también ha sido objeto de otro tipo de temporales, los políticos. L’EINA, la marca local de ERC que gobernaba este pueblo de 5.500 habitantes situado en la comarca del Tarragonés, fue objeto de una moción de censura en mayo de 2022 motivada por los efectos del cambio climático. Las lluvias de la primavera afectaron tanto al litoral que el 23 de abril terminó por ceder la estructura del restaurante Voramar Cal Vitali, asentado sobre la arena, ya que, al igual que muchas construcciones antiguas, carecía de cimientos.

Para la oposición, este hecho fue la gota que colmó el vaso de la, en su opinión, mala gestión que el equipo de gobierno, partidario de la máxima regeneración natural posible, hacía de la playa municipal. “La aportación continua con arena es insostenible económica y medioambientalmente. Se llevaba veinte años haciendo eso, así que cuando llegó el temporal Gloria en 2020, llegó la necesidad de un cambio”, explica Alba Muntadas, la exalcaldesa de Altafulla destituida por la moción de censura. “La playa tiene también una parte sumergida, pero ahí es muy difícil tomar medidas a nivel municipal. Las corrientes marítimas no entienden de límites”.

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Mes y medio después del derrumbe, el Voramar está apuntalado con sacos de tierra para que pueda funcionar. La temporada de playa ha empezado con algunos tramos todavía cerrados y solo se ven las tarimas de las duchas y los lavapiés con las conexiones de agua al aire. “Nosotros venimos desde hace cuatro o cinco años a casa de nuestra hija y nunca habíamos visto el mar tan alto”, cuentan Herminia y Braulio, un matrimonio de jubilados que viene desde Zaragoza, mientras se retiran de la playa un poco disgustados por su estado.

En el paseo marítimo central, las tres terrazas de los restaurantes, a cuyos pies ya es habitual que lleguen las olas de los temporales, están prácticamente llenas con reservas de antemano. Junto a una de ellas, se han anclado unas lamas al muro que las separa de la playa para habilitar un voladizo que burle la falta de espacio. Con un ancho de menos de diez pasos, la playa de Altafulla se ha quedado sin servicios de temporada a la espera de que el Miteco, a través del Servicio Provincial de Costas de Tarragona, reponga arena y se genere más espacio.

* Playa de Altafulla. (Fotos: Fernando Barrio, Susana Sobrino y Pablo Taboada)

El departamento dirigido por Teresa Ribera destinará cerca de 1,3 millones de euros a este tipo de actuaciones en las playas de Tarragona. “Es quemar los billetes de 500, porque el mar se los vuelve a llevar”, dice Natàlia Sanz, ex regidora de Turismo y Comercio de Altafulla hasta septiembre de 2021. “Pero este año se tenía que hacer porque no hay nada. No se puede tirar a la brava por la sostenibilidad cuando se es un pueblo turístico”.

Sanz forma parte de la agrupación de corte municipalista Ara Altafulla, que, junto al PSC y L’EINA, formaron un gobierno tripartito hasta septiembre de 2021. “No tiene sentido querer una playa 100% natural cuando nunca lo ha sido, antes todo eran guijarros. Y tampoco hace falta tener una ‘superplaya’ porque, además, el encanto de la de Altafulla es que era pequeñita”.

Natàlia Sanz pertenece a la tercera generación de hosteleros de su familia, entre la que se encuentra, curiosamente, el alcalde más longevo de la localidad, Joan Pijuán Ballesté, que gobernó de 1972 a 1989. Por eso le dolió especialmente que, tras el derrumbe del Cal Vitali, desde la corporación municipal dijeran que “no querían un pueblo de camareros”. “Esas declaraciones destapan muchas cosas: no queremos tumbonas, sombrillas, patinetes… Ya se veía que no iba a haber espacio, pero no puedes cerrarte en banda a reubicar ciertos servicios”, dice en alusión al otro lado del arenal, casi donde acaba el término municipal, que goza de una anchura más saludable.

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Más allá de la erosión, el proyecto político de L’EINA era “una playa lo menos privatizada posible”, aclara la exalcaldesa Muntadas. “El año pasado había dos zonas de hamacas y ya dijimos que no las queríamos porque sabíamos que no iba a haber espacio y porque es privatizar un espacio que impide el uso público”. Es la línea que el Ayuntamiento de Barcelona ya anunció en 2017 en su nuevo modelo de gestión de playas y que comenzó durante la siguiente temporada con la liberación de 1.800 metros cuadrados al no renovar cuatro licencias de hamacas y dos para sombrillas.

835.000 € por un año de chiringuito

“La reducción de servicios también tiene que ver con la superficie disponible. Tiene que haberlos, pero una persona que quiera ir a la playa sin ir a un chiringuito o utilizar una hamaca debe tener su espacio”, afirma Francesc Jiménez, gerente de Parcs i Jardins, entidad que organiza la licitación de los servicios de temporada de la Ciudad Condal. Jiménez explica que la línea de costa se ha reducido de forma sustancial, lo que ha obligado al traslado de dos chiringuitos desmontables de la playa de Levante al paseo marítimo y a eliminar su servicio de hamacas.

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En términos de ocupación, las playas de Barcelona pueden presumir de tener un nivel moderado de servicios de temporada. Pero la situación cambia en el aspecto económico. Los anexos de las licitaciones de 2022 señalan que el ayuntamiento llegó a adjudicar la explotación de un chiringuito desmontable en playa de Sant Miquel por casi 835.000 euros al año. En otros casos, las ofertas cuadruplicaron (351%) el precio de partida. Con estas cifras, el ayuntamiento prevé aumentar su recaudación por estas tasas en un 9,2% durante este año. O, en otras palabras: Barcelona ingresará 617.000 euros anuales más por estos servicios hasta al menos 2023. En total, casi 6,7 millones de euros al año.

“Es un mercado en el que hay mucha competitividad en estos momentos”, reconoce Jiménez, quien participó en la licitación como presidente de la mesa de contratación. “A nosotros nos interesaría que no lo fuera tanto porque fuerza mucho a los licitadores y después se pillan los dedos. Nos interesa ingresar un poco menos y que la situación sea más pacífica, pero no podemos modificar el mercado”.

De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona sí ha tratado de dar más peso a los criterios sociales frente a los económicos al ponderar las mejores ofertas para prestar servicios de temporada, aunque sin éxito. En la actualidad, el dinero representa solo el 35% de la puntuación y los requisitos sociales suponen 65 puntos sobre el máximo de 100.

La calificación final de las “mejoras sociales” depende de si la compañía interesada propone subcontratar (8 puntos), apuesta por la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión (27 puntos), comercializa alimentos de proximidad y ecológicos (12 puntos) y contrata a trabajadores exclusivamente para limpiar los baños de los chiringuitos (18 puntos). Sin embargo, todas las ofertas lograron la puntuación máxima en este campo.

"Al mejor postor"

Jiménez reconoce que ahora mismo los servicios de temporada en Barcelona se adjudican “al mejor postor”. “Es una lástima”, admite antes de explicar que desde el consistorio trataron de incluir “juicios de valor” en la ponderación para apostar por servicios de mayor calidad. No obstante, la Autoritat Catalana de Competència lo desaconsejó porque preveía un aumento de litigiosidad. Con el foco puesto solo en la parte económica, la media de las ofertas ascendió a 417.696 euros en 2022, frente a los 159.269 euros que recibió de media el consistorio barcelonés en 2019.

“Imaginamos que se puede ganar mucho dinero porque, si no, no se entiende”, añade el gerente de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona tras indicar que todavía no han entrado grupos de inversión para pujar por los servicios de temporada. Por el momento, se trata de empresas locales, del área metropolitana de Barcelona, con una capacidad económica importante.

Nota metodológica

Este reportaje es fruto de la investigación desarrollada por los alumnos del Máster de Investigación Periodística, Nuevas narrativas, Datos, Fact-cheking y Transparencia de la Fundación Maldita.es y la Universidad Rey Juan Carlos para su trabajo fin de máster. El equipo ha tenido el apoyo del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI)-Red.es y de la Comisión Europea en España bajo la tutoría de Darío Ojeda, redactor de El Confidencial. 

Metodología

La Generalitat de Cataluña respondió a una petición de transparencia en la que solicitamos todas las autorizaciones de servicios de temporada de los años 2014, 2019, 2020 y 2021 (pueden descargarse aquí para reutilizarse).

La referencia para la superficie es el listado de playas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (disponible aquí) correspondiente a 2021.

Ambos datos se han cruzado para ver los tramos que superan los límites establecidos en el Reglamento de Costas. En todos los casos se ha contactado con los ayuntamientos responsables para conocer su versión de los hechos.

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