El juez acusa al fiscal de sabotear las pesquisas de los contactos de Puigdemont con Rusia

La investigación sobre los contactos del independentismo catalán y el Kremlin han desembocado en un enfrentamiento directo entre el magistrado que investiga el caso, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, y el fiscal de Anticorrupción encargado del caso, Fernando Maldonado. El representante del Ministerio Público se ha opuesto sistemáticamente a las decisiones del juez, aunque la Audiencia Provincial acabó siempre dando la razón a Aguirre. Ahora rechaza que se investigue a Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del 'expresident' Carles Puigdemont, a pesar de que un informe de la Diputación de Barcelona apunta a que hay graves irregularidades en su gestión mientras fue responsable de Relaciones Internacionales de esa institución.

La tensión entre la Fiscalía y el juzgado era un secreto a voces en los pasillos de la Ciudad de la Justicia. La tibieza del fiscal Maldonado contrasta con su resoluta actuación en otros casos. Cuando han salido a la luz indicios relevantes de relaciones de cargos independentistas con los servicios secretos rusos o las visitas de relevantes soberanistas a políticos del Kremlin, Anticorrupción echó el freno y rechazó la mayoría de las iniciativas del magistrado Aguirre, a quien han intentado sacar de las manos el sumario que instruye.

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La situación es muy extraña. El juez comenzó investigando unas subvenciones de la Diputación de Barcelona, que beneficiaban a dos ONG controladas por Víctor Terradellas (exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergència y el hombre que debía abrir puertas en el Kremlin) y Francesc Dalmases (actual diputado de JxCAT). A partir de ahí, se fueron descubriendo nuevas actuaciones supuestamente delictivas y el sumario se fue abriendo con nuevas piezas, como la del caso Voloh, que descubrió una larga ristra de negocios de prohombres catalanes, los contactos de eminentes soberanistas con los servicios secretos rusos y los intentos de Puigdemont de buscar el apoyo de Vladímir Putin e, incluso, descubrió a la cúpula de la clandestina organización Tsunami Democràtic, organizadora de los violentos episodios de protesta de otoño de 2019, tras conocerse la sentencia del 1-O.

Entorpecer la investigación

Esa deriva no fue del agrado de la Fiscalía Anticorrupción, que desde el primer momento entorpeció la labor del magistrado, alineándose en muchas ocasiones con las tesis de las defensas. La tensión ha estallado ahora en toda su magnitud. En un auto fechado este 17 de mayo, el magistrado Aguirre acusa que "el fiscal Anticorrupción, pese a los indicios de criminalidad constatados por este magistrado instructor y confirmados por la Audiencia Provincial, no ha promovido y coadyuvado al ejercicio de la acción penal, sino que la ha entorpecido".

El juez se queja de que el fiscal Anticorrupción "se alineó con los recursos de las defensas oponiéndose a la inhibición al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la parte referente a Tsunami Democràtic". En otras palabras, no quería que el tema de Tsunami fuese investigado por el Supremo, pero en Madrid ya estaba abierto un sumario sobre el caso, por lo que era lógico que el juzgado de instrucción de Barcelona diera traslado del tema.

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No se quedan ahí las actuaciones de la Fiscalía. "Interpuso recurso de apelación directo contra el auto por el que este magistrado acordaba investigar una venta de gas licuado del petróleo (GLP) en la que intervenía Alay; recurrió la inhibición de un testimonio de particulares a la Fiscalía europea, recurso que fue desestimado por la Audiencia Provincial; ha recurrido nuevamente en apelación directa el auto de este magistrado acordando la investigación patrimonial de Alay; se opuso a la intervención telefónica de Madí, Vendrell y Vinyals [los principales implicados en la operación Voloh], las cuales fueron confirmadas por la Audiencia Provincial". El auto no se anda con medias tintas y relata que, "frente a estas conductas contrarias al criterio del juez instructor (que el tiempo ha demostrado erróneas), el fiscal Anticorrupción ha solicitado la práctica de unas pocas declaraciones no demasiado relevantes".

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La denostada renuencia del fiscal Maldonado resulta aún más extraña cuando se toma en consideración otro de los párrafos del escrito en cuestión: "Mientras se sustanciaba el presente recurso de apelación, la Diputación de Barcelona ha presentado un informe con los viajes efectuados por Alay, del cual resulta que pudiera haber indicios de comisión de un delito de malversación en dos de ellos, en los cuales cobró el importe del viaje por adelantado, luego la Diputación tuvo que reclamarle lo cobrado por no guardar relación con su trabajo y, finalmente, Alay se vio obligado a devolver los importes recibidos".

A pesar de la oposición del fiscal, el magistrado determina "ampliar la exposición de indicios de criminalidad contra Josep Luís Alay y continuar las investigaciones acordadas respecto al mismo". También ofrece al jefe de la Oficina de Puigdemont "la posibilidad de personarse en el presente procedimiento como investigado, aun cuando se trate de una fase preliminar de la cual se decidirá si se le llama a declarar como investigado o no".

"No actúo por capricho"

En un auto del pasado mes de abril, el magistrado Aguirre ya pidió una investigación sobre Josep Lluís Alay, a lo que el fiscal se opuso vehementemente. Alay estuvo dos años en la Diputación, como responsable de Relaciones Internacionales, y luego fue nombrado jefe de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, por lo que cobra un sueldo público de la Generalitat de más de 104.000 euros anuales. Maldonado considera que no hay motivo para hurgar en su gestión, que no consta un "acreditado enriquecimiento ilícito" y que esas pesquisas serían "prospectivas", al no existir indicios de delito contra el jefe de la Oficina de Puigdemont, por lo que realizarlas sentaría "un precedente extraordinariamente peligroso para autorizar investigaciones sometidas únicamente al capricho de quien decida investigar".

En el auto fechado este 17 de mayo, el juez contesta que "este magistrado no actúa por capricho, tal como asevera el fiscal Anticorrupción, sino que se basa siempre en indicios que constan en la causa".

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Una investigación sobre el antecesor de Alay en el cargo, Jordi Castells, descubrió que el patrimonio de este se había disparado de forma sospechosa mientras fue responsable de Relaciones Internacionales de la Diputación. Pero el fiscal aprovechó una baja de Aguirre a principios de este año para apoyar el cierre de varias piezas del sumario, referentes a subvenciones. Lo hizo con una jueza sustituta y sin esperar a un importante informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Castells, de quien dependían esas subvenciones. El escrito concluyó que el alto cargo de la Diputación recibía cuantiosas imposiciones en metálico en sus cuentas, provenientes de empresarios y empresas beneficiadas por las subvenciones que él autorizaba.

El juez, además, arguye que "[el fiscal] ha solicitado (o se ha adherido) al archivo de las piezas separadas referentes a subvenciones presuntamente ilícitas, respecto de las cuales obra en cada pieza un contundente informe técnico elaborado por un funcionario de la Diputación de Barcelona, en el que se relatan prolijamente las irregularidades cometidas en cada expediente, lo cual bastaría para dictar el correspondiente auto de procedimiento abreviado".

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Al magistrado le resulta muy extraña la actitud de Anticorrupción: "Tras la huida del expresidente Puigdemont a Waterloo, Alay fue designado jefe del Gabinete del expresidente. En la pieza separada obrante en la causa referente al volcado del teléfono móvil de Alay, constan numerosos contactos con los más altos capos de la mafia rusa y también con políticos del Kremlin. Por ello, resulta procedente comprobar si la misión de Alay de mantener contacto con políticos y mafiosos rusos e incluso con miembros del servicio secreto ruso se inició a raíz de su nombramiento como jefe de Gabinete de Puigdemont o empezó antes, cuando pertenecía al funcionariado de la Diputación de Barcelona, y si esta pagó viajes de Alay para que tuviera contactos con personalidades rusas al margen de sus tareas administrativas".

La investigación de los contactos del independentismo con el Kremlin podría tener un antes y un después tras este último auto del magistrado, en el que se desvela un interés de la Fiscalía por no apoyar los pasos de la instrucción. Tras el estallido contra el fiscal Maldonado, queda demostrado que los palos en las ruedas al juez no han bastado a Anticorrupción para paralizar una instrucción que amenaza con dinamitar al independentismo catalán.