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JxCAT y la CUP planearon milicias populares con mossos fieles y CDR
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JxCAT y la CUP planearon milicias populares con mossos fieles y CDR

Un documento hallado en el teléfono de Víctor Terradellas muestra un plan que implicaba la eliminación de enemigos y el retorno de Puigdemont como 'president legítimo'

Foto: Varios Mossos d'Esquadra durante el transcurso de una redada. (EFE)
Varios Mossos d'Esquadra durante el transcurso de una redada. (EFE)

El independentismo tenía una hoja de ruta dura preparada para la separación de España en 2019, tras haber contactado con Rusia. En ese plan, solo participarían Junts per Catalunya (JxCAT) y la CUP y se dejaba fuera a ERC, a quien se consideraba un partido de corte autonomista y "traidor" a la causa. El proyecto preveía la renuncia de Carles Puigdemont a la investidura con el objetivo de elegir a un presidente provisional y propiciar el regreso del fugado unos meses más tarde, apoyado con una movilización popular que supusiese el bloqueo del Palau de la Generalitat y el control del territorio por medio de comandos compuestos por Mossos d'Esquadra fieles al soberanismo y milicias civiles a partir de los comités de defensa de la República (CDR). También establecía un clandestino Estado Mayor, que debía realizar acciones que legalmente no podía acometer el Govern, y proponía a David Madí para encabezarlo.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Quique García)

Así consta en un documento al que ha tenido acceso El Confidencial y que fue hallado en el teléfono móvil de Víctor Terradellas, el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el principal mediador para conectar a la cúpula política independentista con el Gobierno de Vladímir Putin. Terradellas viajó en tres ocasiones a Moscú para intentar que Rusia apoyara abiertamente la causa secesionista catalana. Este activista es el principal investigado en el sumario que instruye el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Esta semana, declaró ante el juez para aclarar su actuación como intermediario en la búsqueda de contactos para materializar la separación de España.

El escrito en cuestión justificaba las medidas extremas previstas. "Hasta que no defendamos la República de forma real, seguiremos siendo un asunto interno para la comunidad internacional y esta no reaccionará". Además, critica a ERC por "enviar señales claras al Estado para retornar al estadio autonómico" y asegura que el partido republicano, que tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017 se negaba a investir a Puigdemont como 'president' (lo que no podía hacer al encontrarse ausente del hemiciclo), "bloquea la voluntad democrática y legitimadora de la sociedad catalana de acuerdo con lo que se votó el 1-O y se refrendó el 21-D".

Foto: Pedro Sánchez (EFE/Quique García)

Acusa también a ERC de "aplicar una eutanasia lenta a la figura de Puigdemont" al negarse el presidente del Parlament, Roger Torrent, a someter a investidura la candidatura del fugado. Tanto es así, que el documento recoge que "existe una clara voluntad de aniquilar la fórmula de éxito de JxCAT y, específicamente, quemar la figura de Puigdemont". Llegados a este punto, subraya: "Es preciso establecer una estrategia fiable para hacer el último tramo del camino hacia la República. Estrategia que no será de dominio público, pero que se ha de pactar con la CUP".

El control del territorio

En esos momentos se estaba negociando la elección de Quim Torra como nuevo 'president'. La hoja de ruta preveía que Puigdemont debía renunciar a la investidura "con toda solemnidad" y se debía elegir a un nuevo Govern, aparentemente de corte autonomista, que luego debería rebelarse. En ese Gobierno se podría dar entrada a "figuras históricas de ERC a quienes este partido no podría vetar", como Xavier Vendrell (el principal imputado en el caso Voloh y a quien se considera el dirigente máximo de Tsunami Democràtic) y Joan Puigcercós.

El conflicto se desataría a los 100 días de gobierno, que serían celebrados con un discurso solemne del nuevo 'president': "A los 100 días de la formación de Govern, aprovechando la posibilidad de hacer una celebración con concentración, y de forma coordinada y aprendida con las organizaciones políticas y sociales pertinentes, el nuevo 'president' interviene desde el Palau, recuerda la legalidad y legitimidad del referéndum del 1 de octubre y la proclamación de independencia, la reafirma y proclama de forma irreversible la República Catalana", dice el documento.

La rebelión se planificó para que sucediera 100 días después del nuevo Govern de Torra

En ese momento, se hace un llamamiento "para defender de forma totalmente pacífica al 'president' y al Govern, a la institución, a la república y al Palau, de la misma manera que se defendieron las urnas el 1-O, aunque ahora se mantendría firme. Este periodo puede ser de unos dos o tres meses". Con esta estrategia se esperaba "el bloqueo del Palau gracias a la gente que lo protege: 'mossos' fieles a la República, los CDR en el territorio y la sociedad civil organizada. Se llama, sobre todo, a los mayores a ocupar las primeras filas". Esa sociedad civil organizada apunta directamente a las bases de la ANC y de Òmnium Cultural, que junto a los CDR "demuestran una voluntad incansable de trabajar y hacer realidad el proyecto republicano".

Los cabecillas de la rebelión calculaban que "el ejercicio de la violencia contra la población" podría ser de "siete días", pero que ello sería un golpe a la imagen internacional de España. Para ello, se prestaría atención a las noticias que se deberían trasladar a la prensa internacional y sería clave el papel de la radio y la televisión públicas. "En este plazo de 7 días, la comunidad internacional obliga a parar la violencia española (vistas las reacciones del 1-O, que en medio día se tuvieron que parar). Y se produce el retorno del 'molt honorable president' Puigdemont para iniciar las negociaciones", dice el documento.

Eliminación de los enemigos

Un último punto menciona los "daños colaterales"; es decir, qué hacer con "los no amigos", a los que se pretende eliminar del mapa. Son empresas o corporaciones que no apoyaron abiertamente o suficientemente el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Empresas como La Caixa, Banc Sabadell [ambas trasladaron su sede social fuera de Cataluña tras el 1-O], 'La Vanguardia', 'El Periódico'… serán eliminados. Se determinará de forma inmediata la gratuidad de los peajes en las autopistas".

El plazo para poner en marcha la nueva República Catalana sería de un año aproximadamente a partir de la investidura del nuevo 'president'. Por eso, el 28 de abril de 2018, Víctor Terradellas le hace llegar a Carles Puigdemont, que un mes antes había sido detenido en Alemania y que ya se encontraba en libertad, una misiva en la que le explica el plan y le solicita una reunión urgente para acabar de perfilar los flecos del mismo con el fin de que pudiese cumplirse el plazo de materializar la independencia de Cataluña en la primavera de 2019.

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Le comunica que para llevar a cabo la hoja de ruta acordada "con personas de perfiles muy diferentes dentro de nuestra política local", debe renunciar a la investidura hasta la vuelta del 'president' legítimo. Y le aseguraba que habría de ser capaz de "trabajar con generosidad y complicidad por la dificultad y la necesidad del momento histórico". Establecía tres niveles de trabajo: la acción exterior y el Consell per la República, el Govern de la Generalitat y un órgano clandestino denominado Estado Mayor. Este último debería operar en el interior de Cataluña y realizar todo lo que el Govern "no podrá hacer": "Encabezado, pero no hecho público, por David Madí".

En la carta, Terradellas aseguraba que había negociado un Gobierno de concentración encabezado por el diputado Francesc Dalmases (que compartía despacho con Quim Torra y Laura Borràs) y que, además, era su socio en dos entidades que estaban recibiendo cuantiosas subvenciones públicas. El nombre de ese diputado ya había sido propuesto personalmente por Terradellas en una reunión en Waterloo.

Foto: Foto: EFE/Quique García. Opinión
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"Es la persona que te puede ser más útil en este periodo para contentar a los que hablan de una presidencia efectiva, con la absoluta seguridad que mantendrás, con su absoluta lealtad y fidelidad, el rol de presidente en el exilio y máximo responsable político". La designación fue consensuada, según Terradellas, con actores tan diversos como David Bonvehí (presidente de PDeCAT), David Madí, Vicent Partal, Elisenda Paluzie (presidenta de la ANC) y los dirigentes de la CUP Carles Riera, Anna Gabriel y Quim Arrufat. Dalmases tenía, según Terradellas, "una trayectoria de piedra picada que no nos hace dudar de él en ningún momento".

Finalmente, no fue elegido Dalmases, sino su compañero de despacho, Quim Torra, que también prometió lealtad a Puigdemont y que no tomaba ninguna decisión sin que antes el fugado diese su visto bueno. Aun así, el día antes de su investidura, Terradellas le envió un mensaje de voz a Torra: "No te dejes secuestrar por aquellos que tú no has querido nunca, por aquella Convergència que se pone solo en el poder por el poder. Sobre todo, Quim, no caigas en el error de mantenerlo todo como quiso hacer Puigdemont y que fue una de las causas por las que llegó con una gente que no se había creído este proceso de independencia desde el primer día".

El independentismo tenía una hoja de ruta dura preparada para la separación de España en 2019, tras haber contactado con Rusia. En ese plan, solo participarían Junts per Catalunya (JxCAT) y la CUP y se dejaba fuera a ERC, a quien se consideraba un partido de corte autonomista y "traidor" a la causa. El proyecto preveía la renuncia de Carles Puigdemont a la investidura con el objetivo de elegir a un presidente provisional y propiciar el regreso del fugado unos meses más tarde, apoyado con una movilización popular que supusiese el bloqueo del Palau de la Generalitat y el control del territorio por medio de comandos compuestos por Mossos d'Esquadra fieles al soberanismo y milicias civiles a partir de los comités de defensa de la República (CDR). También establecía un clandestino Estado Mayor, que debía realizar acciones que legalmente no podía acometer el Govern, y proponía a David Madí para encabezarlo.

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