Los últimos 17 'enchufados' de Colau: así es la red clientelar de la alcaldesa de Barcelona

A un año de las elecciones, la gestión de Ada Colau se ha convertido en una losa que puede pesar, y mucho, en los próximos comicios municipales. Después de la imputación de la alcaldesa de Barcelona en dos procedimientos judiciales (que ella achaca a ‘tramas empresariales’ en su contra), una nueva polémica alimenta las sospechas sobre su mandato: una bolsa de trabajo para pasar a trabajar como técnico superior en el consistorio y a la que se han apuntado varios de sus cargos. El tema ha sido denunciado por JxCat, que lo llevará al comité de ética del ayuntamiento y al 'síndic de greuges' (defensor del pueblo catalán). También los sindicatos están preocupados por esta maniobra de los comunes. Todo revela su modo de proceder y cómo ha construido una red clientelar en el ayuntamiento.

Según un informe al que El Confidencial ha tenido acceso, Colau se ha rodeado de un equipo de fieles. En su mayor parte, provienen de la plataforma DESC, de la que la alcaldesa cobraba su sueldo hasta llegar al cargo. En la cúpula de este organismo se ubicaban nueve nombres propios: Jordi Borja, Marco Aparicio, Gerardo Pisarello, Raül Márquez, Jaume Asens, Irene Escorihuela, Vanesa Valiño, Águeda Bañón y la propia Ada Colau. De ellos, cinco pasaron al Ayuntamiento de Barcelona en 2015: la regidora, flanqueada por Pisarello y Asens como tenientes de alcaldía, Bañón como directora de Comunicación y Valiño (pareja de Pisarello) como asesora. Además, de las filas de DESC y de Enginyeria Sense Fronteres (ESF) pasaron también los concejales Gala Pin y Eloi Badia.

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Posteriormente, otras personas de DESC pasaron a engrosar la lista de altos cargos de la Administración, como el actual edil Marc Serra. En la red burocrática tejida dentro del ayuntamiento por los comunes se notan las preferencias del poder municipal por los activistas de esta entidad. Por ella pasaron, entre otros, la asesora Elisa Miralles, el también consultor de la dirección de alcaldía, Xavier Joan Calafat, o Carles Macias (sucesor de Colau al frente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y ahora en la Concejalía de Vivienda). La estructura se completaba con una férrea guardia formada, entre otros, por Josep Maria Montaner, Joan Subirats y algunos otros pesos pesados que fueron adquiriendo nuevas responsabilidades durante los últimos años.

Pero una cosa hay clara: los comunes defienden a su ‘tribu’. La última polémica levantada en torno a la alcaldesa de Barcelona es la convocatoria para la provisión de plazas en 33 categorías diferentes que se realizó hace semanas. Los responsables municipales anunciaron unas pruebas de selección para formar una bolsa de trabajo del ayuntamiento. La primera característica fue que este inusual proceso de selección no tendría temario (eso es lo que más preocupa a los sindicatos y al 'síndic', pues representa la eliminación de un baremo de méritos) y constaría de tres pruebas: un test de aptitudes, una prueba de ofimática y conocimientos de una lengua extranjera.

Los elegidos

Finalmente, se hace una entrevista personal. "¿Quién es el guapo que en la entrevista personal va a echar para atrás a un jefe de gabinete o a un asesor de la alcaldesa?", se pregunta una fuente interna del consistorio. En otras palabras: quien apruebe la convocatoria podrá ser llamado para ocupar plazas de técnico superior, técnico medio o auxiliar en el Ayuntamiento de Barcelona cada vez que haya una vacante.

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Las bondades de la convocatoria eran tales, que hasta el concejal Eloi Badia se quiso presentar a la prueba que el equipo del que él forma parte estaba convocando. Ante el escándalo, desistió de concurrir, pero no pasó lo mismo con su novia: tras ficharla como asesora durante el pasado mandato (por su juventud, no había tenido nunca puestos de responsabilidad y entró con un salario de más de 52.000 euros), Tatiana Guerrero trabaja en esta legislatura para la cuarta teniente de alcaldía, Laura Pérez. Y, además, ha sido una de las aprobadas en las tres pruebas para quedarse con un puesto público. Solo le falta una entrevista personal.

Jefes de gabinete, asesores de los concejales, consejeros de distrito… Hasta una docena y media de altos cargos de los comunes tienen ya la luz verde y han pasado las pruebas para hacerse con un contrato con la Administración de por vida. “Debe de ser que su gente no confía en ganar el año que viene y quiere asegurarse el futuro —ironiza una fuente de JxCAT a El Confidencial—. Pero la pregunta clave es qué necesidad había de hacer esta bolsa de trabajo ahora, en estos momentos”.

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El razonamiento es lógico. También hace uno o dos años hacían falta un arquitecto municipal o un técnico superior en psicología. “Pero no: se convoca ahora, a un año de las elecciones. Así, si no ganan, pueden tener opción a que se queden enchufados los suyos en el ayuntamiento. Y hay que recordar que los altos cargos de Colau que han pasado la prueba son gente que ya gana un buen sueldo, de 46.000 o 50.000 euros al año para arriba”, dicen las fuentes.

Entre los aprobados se encuentran cuatro asesores de la dirección de alcaldía de Colau: Ancor Mesa, Olga Pérez, Sergi Santiago y Adriana Partal, además de Elisa Miralles, que trabaja con el concejal de Presidencia. El comisionado de Economía Social, Álvaro Pombo, ha sido otro de los agraciados con un aprobado, lo mismo que Roger Clot, en el equipo de la teniente de alcaldía Janet Sanz. Carolina Recio, jefa de gabinete de la concejala de Salud, es otra de las afortunadas en el examen. El resto de los aprobados son consejeros de Barcelona en Comú en los distritos.

Opinión

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Elsa Artadi, líder de JxCAT en el ayuntamiento, denunció este martes que la convocatoria de estas pruebas “puede poner en cuestión la igualdad de oportunidades y de accesos para todos". "Esta convocatoria para llenar una bolsa de trabajo municipal no nos gusta, se ha realizado de manera extraordinaria y diferente a las que se habían hecho hasta ahora”, denuncia Artadi.

Declaración ante el juez

La contrapartida a la acometida de la oposición y de otros sectores cívicos contra Colau la puso este martes la interventora municipal, Carmen Torres, que avaló ante el juez las subvenciones a las entidades afines a los comunes por las que la alcaldesa está siendo investigada. Según la denuncia de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), más de 3,2 millones de euros se destinaron desde 2015 a engrasar no solo la plataforma DESC, sino también otras organizaciones similares que comparten sede e incluso personal. La interventora aseguró que las ayudas están dentro de la legalidad y que algunas ya venían de la época de Xavier Trias.

Torres reconoció, no obstante, que en 2019 hizo un informe aconsejando que debían ser incluidas en los presupuestos (y no concedidas de manera directa y extraordinaria) y que se debían tramitar a través de concurrencia pública. Pero son precisamente esas circunstancias las que las hacen opacas y que levantan suspicacias entre la oposición, creando una imagen negativa de la gestión de los comunes.