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La asociación que se querelló contra Colau la acusa de mentir al juez sobre ayudas a afines
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Investigación judicial

La asociación que se querelló contra Colau la acusa de mentir al juez sobre ayudas a afines

Un escrito presentado ante el juez pide que el Ayuntamiento de Barcelona aporte todos los expedientes de cuatro entidades relacionadas con la cúpula municipal que han recibido subvenciones

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE/Andreu Dalmau)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE/Andreu Dalmau)
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Las actuaciones judiciales en torno a Ada Colau ponen en un brete a la alcaldesa de Barcelona. A la decisión de la Audiencia Provincial de imputarla por la querella interpuesta por un fondo buitre se une otro escrito de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), presentado en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que investiga las subvenciones a cuatro entidades que habían estado relacionadas con la regidora y con algunos miembros de su equipo: Observatorio DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Enginyers Sense Fronteres (ESF) y la Asociación contra la Pobreza Energética (APE).

Todas ellas, dice el escrito, estuvieron vinculadas, en mayor o menor medida, no solo a Colau, también a Jaume Asens (actual portavoz de Podemos en el Congreso), Gerardo Pisarello (miembro de la Mesa del Congreso), Eloi Badia (edil en el consistorio), Vanesa Valiño (jefa de gabinete de Vivienda en el ayuntamiento), Gala Pin (exconcejala) y Águeda Bañón (directora de Comunicación del consistorio barcelonés). La alcaldesa de Barcelona tuvo que declarar ante el juez el pasado 4 de marzo por la querella de la ATCD. Al salir, denunció una trama empresarial en su contra, pero dio pocas explicaciones más. Sin embargo, ante la Justicia no quiso desvelar algunos detalles que para los acusadores son importantes y que han quedado en la penumbra.

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE/Zipi)

La asociación denunciante asegura que tras la declaración de la alcaldesa han quedado por resolver tres grandes cuestiones: "La justificación del aumento de subvenciones otorgadas a las entidades afines; las irregularidades en el procedimiento de concesión, y los motivos por los que se ignoraron reiteradamente las recomendaciones de la interventora delegada sobre dichas irregularidades en los convenios". También le echan en cara a Colau que, “a pesar de haber manifestado en reiteradas ocasiones que contestaría a todas las preguntas por no tener nada que ocultar”, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación particular, por lo que quedaron muchas lagunas en su declaración, referentes a los hechos denunciados.

Ada Colau, por ejemplo, aseguró al fiscal que no se habían aumentado las subvenciones, lo que a juicio de los denunciantes “resulta rotundamente falso”, ya que sostienen que el aumento fue del 166% “y ello supone que, por ejemplo, en el caso de DESC se esté financiando el 80% de sus gastos de personal”. Para ello, se basan en los informes de la interventora del Ayuntamiento de Barcelona, que advirtió de ese detalle. Colau percibía su salario del Observatorio DESC antes de ser alcaldesa. En la mayoría de los informes, en realidad, la funcionaria alerta de que, como mínimo, se destina a gastos de personal el 70% del monto de las subvenciones. Esa circunstancia convertiría la entidad de referencia no en una entidad con fines sociales, sino en una entidad que vive exclusivamente de ayudas públicas.

Aumento de subvenciones

Además, los informes aportados recogen que antes de 2015 los proyectos de esa entidad se financiaban al 50% (percibió 243.250 euros entre 2012 y 2015), pero después de que Colau fuese nombrada alcaldesa, pasaron al 82%: DESC recibió 1.202.606,30 euros hasta 2020. “Resulta innegable la influencia de la alcaldesa de Barcelona en la concesión de las subvenciones en el caso concreto de DESC. En comparación a los años anteriores, existe un incremento exponencial en todos los factores: en el número de subvenciones solicitadas, en el número de subvenciones concedidas y en los importes de cada subvención”. La tesis de la asociación denunciante pasa por reclamar que en vez de ayudas directas a las entidades relacionadas con la cúpula municipal debían haberse convocado concursos públicos.

Foto: Ada Colau. (EFE/Marta Pérez)

Respecto a la entidad ESF, resalta que entre 2019 y 2020 se concedieron subvenciones para financiar proyectos muy similares “en cuanto a enunciado, objeto y contenido (…) Se desconoce la diferencia existente entre estos proyectos [cita los enunciados de tres de esos trabajos]. Todo parece indicar que se trata del mismo proyecto presentado de forma fragmentada para no llamar la atención respecto a la cuantía total otorgada”.

La alcaldesa de Barcelona también argumentó ante el juez la singularidad de las actividades subvencionadas para otorgarlas a las cuatro entidades beneficiadas directamente, lo que es desmentido por los acusadores. “Es difícil aceptar que organizaciones de prestigio como Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Oxfam Intermón, Acnur y tantas otras no puedan prestar esos servicios ni tengan preparación, ni medios ni interés en presentarse a una convocatoria de subvención de libre concurrencia y competitividad para servicios tan necesarios”.

El escrito afirma que “las subvenciones están plagadas de irregularidades que, habiendo sido oportunamente advertidas entre 2015 y 2021, no han sido evitadas hasta este último año y, al parecer, no íntegramente”. Por si fuera poco, los denunciantes sostienen que las asociaciones subvencionadas, 'de facto', se mantienen presuntamente “gracias a las subvenciones, están íntimamente relacionadas con ella [con Colau] y con sus compañeros de gobierno, hasta el punto de que la alcaldesa trabajó, percibiendo una remuneración, en una de ellas (DESC) hasta el momento en que inició su carrera política, siendo esta circunstancia la más relevante para la concesión de ayudas”.

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE/Marta Pérez) Opinión

Enumeran diversas irregularidades que no han quedado esclarecidas tras la comparecencia judicial de Colau, como el hecho de que el plan estratégico de subvenciones del ayuntamiento prevé que las subvenciones sean anuales y solo han de ser bianuales excepcionalmente. “Resulta, cuanto menos, sospechoso que para las asociaciones afines a la investigada las subvenciones directas tengan una duración bianual en contra de la norma general”. Y, además, inciden en que en algunos casos no se presentaron los informes de auditoría necesarios para justificar la subvención. Subrayan otro extremo inquietante: "Cuando la investigada fue interrogada por este extremo [no abstenerse a la hora de aprobar los convenios con las entidades para las que trabajaba hasta entonces], mantuvo que votó a favor de esos convenios y no se abstuvo porque no tenía interés personal. La conducta de la señora Colau no es admisible, pues sí que tenía tal interés, ya que había formado parte de dichas asociaciones al menos desde 2007".

Piden un informe policial

Otro de los puntos que resalta la acusación es el hecho de que todas las entidades beneficiadas “comparten subvenciones, personal e incluso DESC aportó un local a la PAH”. Reclaman, asimismo, que la alcaldesa aclare el hecho de que la entidad DESC, en la que trabajó antes de ser alcaldesa, comparta sede con otras entidades, como Sostrecivic, Ecos Grup Cooperatiu, Nusos Cooperativa y Celobert Cooperativa. “Se desconoce qué relación tienen las asociaciones entre sí que justifica que compartan recursos”, dice el escrito. Y añaden que un informe de la Policía Nacional descubrió que "en la propia página web de la APE se afirma que forman parte de la misma distintas entidades beneficiarias de numerosas subvenciones, contratos y convenios con el Ayuntamiento de Barcelona desde que Barcelona en Comú ganó las elecciones municipales en 2015. Concretamente, destacan: ESF, PAH, Aigua és Vida y Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. A tal efecto, quedando todos estos extremos pendientes de esclarecimiento y no habiéndose desvirtuado por la investigada ninguno de los indicios presentados por esta parte mediante su escrito de querella, resulta estrictamente necesaria la continuación de la presente investigación mediante la práctica de diligencias que se dirán que permitan esclarecer los hechos denunciados".

Foto: Ada Colau. (EFE/Marta Pérez)

El escrito solicita que el juez reclame todos los expedientes firmados con las cuatro organizaciones citadas entre los años 2014 y 2015 y que se reclame también la certificación “que exprese las personas que votaron a favor del acuerdo de reconocimiento del crédito” en la Comisión de Derechos Sociales de 14 de septiembre de 2020. En esa sesión, se reconoció una deuda con DESC por la que se le concedió la misma subvención que años anteriores. Una vez recibida esa documentación, la ATCD pide que sea examinada por la Policía y que esta emita un informe al respecto. Por último, solicita que la Policía informe también sobre las entidades que coexisten en la misma sede de DESC, ya que, al parecer, hay más de una veintena de entidades distintas que podrían haber recibido fondos públicos cada una por separado.

A pesar de que los representantes legales del Ayuntamiento de Barcelona hacen hincapié en que la Fiscalía ya había archivado las denuncias del año pasado, que hacían referencia a las subvenciones de las entidades citadas, los denunciantes afirman que “el archivo por el Ministerio Fiscal de una investigación no obsta para que los mismos hechos sean investigados por un juez a través de un procesamiento judicial, ni constituye cosa juzgada”.

Las actuaciones judiciales en torno a Ada Colau ponen en un brete a la alcaldesa de Barcelona. A la decisión de la Audiencia Provincial de imputarla por la querella interpuesta por un fondo buitre se une otro escrito de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), presentado en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que investiga las subvenciones a cuatro entidades que habían estado relacionadas con la regidora y con algunos miembros de su equipo: Observatorio DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Enginyers Sense Fronteres (ESF) y la Asociación contra la Pobreza Energética (APE).

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