PSC, ERC y Comunes exploran un tripartito lingüístico ante la reculada de JxCAT

PSC, ERC y los Comunes están explorando un pacto que reeditaría el tripartito en Cataluña, pero en el ámbito lingüístico. La modificación de la Ley de Política Lingüística que se firmó este viernes, donde se reconoce al castellano junto al catalán como lengua vehicular en la enseñanza, continuará su tramitación en la cámara catalana con mayoría suficiente si estos tres grupos suman sus escaños. JxCAT se desvinculó por sorpresa después de firmarlo. Justo cuando los expresidentes Carles Puigdemont, Quim Torra y el entorno de Waterloo salieron en tromba contra el proyecto, en la mayoría de los casos a través de las redes.

Algunas fuentes del PSC todavía especulan con sumar incluso al PP, con el que se había estado dialogando en los últimos dos meses. Y más ahora que JxCAT ha considerado el simple reconocimiento del castellano como una provocación. Respecto a por qué firmaron el pasado jueves, nadie en Junts asume ninguna responsabilidad. Ni Albert Batet, presidente del grupo parlamentario, ni la diputada firmante, Mònica Sales.

Pere Aragonès defiende la iniciativa porque "da respuesta a la sentencia del TSJC": "No podemos quedarnos de brazos cruzados con un acuerdo que garantiza la inmersión lingüística", dijo. Aragonès se ha mostrado esperanzado de que JxCAT pueda cambiar de parecer y se sume al consenso solo unas horas antes.

TE PUEDE INTERESAR

PSC, ERC, JxCat y los comunes acuerdan cambiar la Ley de Política Lingüística

EFE

El director de Política Lingüística, Frances Xavier Vilas, también se mostró a favor del acuerdo. Vilas aseguró que "la idea es mejorar y desjudicializar el sistema educativo". Desde ERC, su portavoz Marta Vilalta argumentó estar a favor de un pacto que trasciende los bloques nacionales en los que se mueve la política catalana. Por tanto, pese al giro de Junts, el acuerdo sigue vivo y se seguirá tramitando en el Parlament. El problema para JxCAT es que sin ellos también se puede aprobar y el resto de firmantes no se ha bajado del carro.

El planteamiento de JxCAT no puede ser más duro. Por un lado, se cuestiona que los grupos parlamentarios puedan pactar la modificación de una ley. Por otro, supedita lo que puedan hacer políticos legítimamente representados, como los miembros del Parlament, a lo que dicten otros políticos que se arrogan una legitimidad, como mínimo cuestionable, como el caso de Puigdemont y su papel de presidente del Consell per la República.

La nota del Consell per la República, por ejemplo, es durísima: "Cualquier cesión que modifique el régimen de inmersión lingüística introduciendo el castellano como lengua vehicular supondrá el retroceso del uso social del catalán, que es el objetivo persistente de las sentencias españolas". Pero el problema para ellos es que el Consell tiene una legitimidad democrática ínfima en comparación con el Parlament catalán.

Cada facción del independentismo ha tomado una posición diferente ante la ley

El independentismo ha vuelto a dividirse. La CUP califica la modificación de una "rendición". Pero el editorial del diario independentista 'Ara' también lo ha defendido, igual que lo ha hecho, desde un espectro constitucionalista, 'La Vanguardia'. Han pasado más de cuatro años desde octubre de 2017 y se empieza a notar un cansancio en muchas fuerzas, con claros síntomas de que la situación de bloqueo impide hacer ninguna política. Clara Ponsatí, por ejemplo, ha despreciado a los firmantes del acuerdo: "No sé ni quiénes son".

Necesidad del choque

El problema es que buena parte de JxCAT, sobre todo el sector más cercano a Waterloo, necesita un clima de enfrentamiento para mantener su discurso. De manera oficial, sin embargo, el partido no puede confesar eso. Solo su rechazo y que en el redactado del cambio de ley "se ataca al catalán".

Ahora JxCAT demanda que Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua validen el pacto, evidentemente con otro redactado. "Un acuerdo más amplio", dicen. A su vez, Òmnium también exige más amplitud, pero la traslada al Pacte Nacional per la Llengua. Parece, por un lado, que el acuerdo lingüístico se haya convertido en una especie de patata caliente que nadie quiere tener en la mano. Por otra, que Junts considere que hay más legitimidad democrática fuera del Parlament que dentro.