Colau denuncia una trama empresarial en su contra después de declarar ante el juez

La alcaldesa de Barcelona, Ada Clau, declaró este viernes como imputada ante un juzgado de Barcelona tras la querella presentada el pasado mes de diciembre por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que la acusa de beneficiar a algunas entidades con tratos de favor otorgándoles ayudas millonarias desde el año 2015 hasta el 2019 por, al menos, 3,4 millones de euros. Tras declarar durante algo más de una hora, Colau salió “contenta y satisfecha, porque me he podido explicar y contestar a todas las preguntas”.

La demanda contra la alcaldesa se sustenta en el presunto trato de favor a varias entidades afines a los comunes y, especialmente, al Observatorio DESC, donde trabajaba Colau antes de ser alcaldesa, así como buena parte de su equipo municipal: por aquella entidad pasaron tanto concejales como Marc Serra como los exconcejales Jaume Asens (actual portavoz de UP en el Congreso), Gerardo Pisarello (miembro de la Mesa del Congreso) o Gala Pin (exconcejala). También concejales como el antiguo responsable de Vivienda, Josep Maria Montaner, colaboraron con esa entidad. Y la actual directora de Comunicación, Águeda Bañón, y la asesora Vanessa Valiño (esposa de Pisarello) mantuvieron diferentes responsabilidades en DESC.

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Los denunciantes sostienen que, tras la llegada al Ayuntamiento de los comunes, las ayudas públicas a esta entidad y a otras como Enginyers Sense Fronteres (ESF), Asociación contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, de la que Colau fue fundadora y máxima dirigente) se dispararon. En marzo del año pasado, la Asociación de Abogados por la Constitución ya había presentado una demanda en los mismos términos, que unos meses más tarde fue archivada por la Fiscalía. La querella de Abogados Catalanes por la Constitución acusaba a Colau y varios altos cargos municipales de presunta prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El archivo de Fiscalía

La Fiscalía, tras investigar el tema, archivó la denuncia por entender que no hubo trato de favor a las ‘entidades amigas’. Aunque dejaba abierta la puerta a impugnar las ayudas por la vía administrativa, cerraba las puertas de la vía penal a las subvenciones a esas entidades. Además, en su informe relataba que “la llegada de los denunciados al poder municipal no ha sido el detonante de una serie de decisiones tendentes a beneficiar a entidades afines, teniendo en cuenta que gobiernos municipales de signo distinto ya venían subvencionando los proyectos que tales entidades proponían”. También subrayaba que “DESC, PAH, APE y ESF no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial, sino que sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades a través de un procedimiento -discutible o no- que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por parte del consistorio”.

La Fiscalía, tras investigar el tema, archivó la denuncia por entender que no hubo trato de favor a las ‘entidades amigas’

Por todo ello, Colau salió a denunciar, a su vez, una gran operación política para boicotear a su gobierno municipal. “Creemos que se está haciendo ‘lawfare’, porque quien nos ha denunciado son dos asociaciones ‘fantasma’ que no sabemos cómo se financian y cuyas dos únicas actividades ha sido actuar contra nuestro Ayuntamiento y contra el de Valladolid. Hemos descubierto recientemente que ambas asociaciones tienen el mismo abogado y la última demanda la presentaron ocultando la información de que la Fiscalía la había archivado rotundamente con un escrito de 40 folios”.

Esa afirmación es una verdad a medias, puesto que Colau y el entorno de los comunes conocía perfectamente quién estaba detrás de la ATCD y de Abogados Catalanes por la Constitución. Y no puede alegar ignorancia porque sólo unos días más tarde una hacker vinculada a los comunes elaboró una teoría que apuntaba a que tras la querella estaba la empresa Agbar, gestora del agua de Barcelona.

Pero la alcaldesa, ajena a la cronología de los hechos, pasó al ataque de sus ancestrales enemigos. “Estamos ante unos actuantes que ocultan información al juez. Eso hoy ha quedado evidente. He dado todas las informaciones que me han pedido, he respondido a todo, pero no ha salido nada nuevo a la denuncia ya archivada por Fiscalía. Hemos dado las subvenciones correctamente. Todas las subvenciones están auditadas y son transparentes. Todo el mundo las puede fiscalizar. Pero hay asociaciones fantasma que buscan generar ruido e intimidar a un gobierno democrático que está aquí para plantar cara a determinados sectores como el inmobiliario especulativo inmobiliario, que hace desahucios masivos o el sector del negocio del agua, que sube el precio sin que podamos hacer nada”.

Guerra sucia

Colau apuntó explícitamente a una maniobra de ‘guerra sucia’ orquestada desde los sectores de los fondos buitre y desde las inmediaciones de la multinacional Agbar, aunque reconoció que no tiene pruebas de que esta empresa esté detrás de ninguna de las querellas. Tras reivindicar la labor social que realizan entidades como las involucradas en la querella, Colau lanzó un aviso a navegantes: “No permitiremos que ninguna de estas asociaciones fantasma cuestione esta tarea social, aún más cuando nadie sabe cómo se financian”. Por ello, insistió en que la querella presenta este diciembre por la ATCD es calcada de la anterior, con algunos retoques.

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Tras esta consideración, formuló su teoría de la conspiración: “Soy alcaldesa y creo que en estas dos querellas hay un contexto político que explica mejor su naturaleza que el contexto jurídico: sólo querían atacarme a mí y a mi gobierno y cuestionar la credibilidad y legitimidad de las entidades querelladas, entidades que hace años que trabajan y que tienen subvenciones de todas las Administraciones, que hacen una tarea imprescindible y excepcional con poquísimos recursos. Pero les digo que yo, que provecho de la PAH, es un orgullo decir que la alcaldesa proviene del activismo de proyectos sociales. Es bueno que haya políticos que vengamos del ámbito social, de entidades que buscan el bien común”.

Tras reiterar por enésima vez que “lo que están haciendo es un mal uso de la justicia para bloquear la gestión legítima del gobierno municipal, mi mensaje es que no lo conseguirán. Y no sólo eso: esto nos reafirma en lo que hemos venido a hacer: parar la especulación y trabajar por el bien común, el derecho a la vivienda y al agua”. En el entreacto, toda la oposición levantó su voz para criticar el hecho de que toda una alcaldesa de Barcelona tenga que sentarse en un banquillo de los acusados para responder de presuntos hechos de corrupción. Pero Colau no pierde la esperanza: “Espero que esto se resuelva en un archivo lo más pronto posible”, añadió en presencia de sus abogados, Àlex Solà y Olga Tubau, y teniendo a su lado al concejal Marc Serra, otro de los que cobró su salario de Observatorio DESC (una de las entidades denunciadas) hasta el momento de dar el salto a la Administración local como cargo político.