Resoluciones del TJUE avivan la idea de Puigdemont de volver a España en Sant Jordi

El día de Sant Jordi de 2022 tiene una significación especial para algunos independentistas. Y no es porque muchos quieran convertir la jornada del 23 de abril en un día de exaltación patriótica aprovechando que es la onomástica del patrón de Cataluña, sino por una simple cuestión partidista: el círculo más íntimo al fugado Carles Puigdemont ha sopesado la idea de que en una fecha tan señalada el 'expresident' pise territorio español. Se amparan en recientes resoluciones de los tribunales europeos, que según su relato confirman sus tesis sobre la inmunidad del 'expresident'.

La reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde se pronuncia sobre una cuestión prejudicial de Polonia similar a la planteada por el juez Pablo Llarena, que es quien dictó las órdenes de detención contra los fugados, será aprovechada por Puigdemont y sus compañeros para lanzar una ofensiva jurídica con un único objetivo: conseguir que la orden de detención sea anulada también dentro de España. Esa resolución, como informó El Confidencial, viene a decir que el juez que debe decidir si se ejecuta la orden tiene un cierto margen de maniobra para decidir si la acepta o no, especialmente cuando existan “razones serias y fundadas para creer que el derecho fundamental de la persona afectada a un proceso equitativo ante un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, ha sido vulnerado o, en caso de entrega, corre el riesgo de ser vulnerado”.

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De ahí que fuentes cercanas al 'expresident' señalen a este diario que las órdenes europeas de entrega “no son un mecanismo automático de entrega y se pueden denegar cuando se comprueba que existe un riesgo sistemático o generalizado, y también específico de vulneración de los derechos fundamentales entre los que destacan el del juez predeterminado por ley y el juez imparcial”. Es un pequeño resquicio que el independentismo espera ampliar y convertir en grieta de la Justicia española. Es el ejemplo perfecto para poner en una balanza el fallo europeo y las órdenes de detención españolas, en una comparación que trata de legitimar solo los órganos europeos sin tener en cuenta las jurisdicciones nacionales o estatales.

Detención

No es una iniciativa sencilla. Si es detenido, como todo indica que así sería, se pretende iniciar una gran ofensiva internacional contra España, con la acusación de detener a un eurodiputado al que los tribunales europeos le han conservado la inmunidad. Pero el plan se sostiene también en una interpretación del índice de calidad democrática de nuestro país, según la clasificación de 'The Economist', que rebajó la ratio de España de "democracia plena" a "democracia defectuosa" hace solo unas semanas. “El rebomborio internacional que ello supondría afectaría a la credibilidad de España y más teniendo en cuenta que prestigiosas agencias internacionales acaban de decir que no es una democracia plena”, apunta una fuente independentista a El Confidencial.

Esa calificación, sin embargo, no tiene nada que ver con Cataluña, sino con la falta de renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, que tiene a sus magistrados con su mandato caducado desde hace tres años. La calificación, no obstante, sería aprovechada por el independentismo para arremeter contra España acusando de politización a la Justicia y poniendo en duda toda actuación jurídica en contra de acciones independentistas.

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En un principio, la guardia de Puigdemont había diseñado una hoja de ruta que pasaba por hacerlo regresar a Cataluña a finales de la primavera de este año o comienzos de verano, sobre los meses de junio o julio. Pero los movimientos jurídicos, al menos hasta ahora, no parecen suficientes como para garantizarle un regreso sin sobresaltos, ya que sería detenido igualmente. Y eso por dos razones. Primera, porque estas fuentes ignoran si el TJUE podría dar respuesta a Llarena antes del mes de junio; y segunda porque aunque el TJUE diese la razón a Puigdemont, eso solo afectaría a la orden internacional, pero podría seguir teniendo una orden de busca y captura en el territorio de España sin que el tribunal pueda evitarlo. Dos razones de peso que invitan al líder de JxCAT a no fiarse de sus posibilidades.

“Si quiere regresar, ha de hacerse a la idea de que será tratado igual que los otros condenados del 1-O. Él era el jefe de todos y huyó, mientras que sus subordinados se quedaron y fueron condenados. Ahora no puede pretender saltarse este paso y regresar por la puerta grande. Además, los delitos por los que se le reclama no tienen que ver con su condición de europarlamentario, condición adquirida después de los hechos por los que se le busca. Que lo sepa: si regresa a España, irá de cabeza a la cárcel. A partir de ahí, ha de tener un juicio, como sus compañeros y luego podría empezar a hablarse de si hay indulto o no”, relata a El Confidencial una fuente cercana al Gobierno español.

Pero en su equipo quieren ir a por todas. La propuesta de pisar Cataluña en abril está sobre el tapete. Para la Diada de Sant Jordi deberían estar listos los engranajes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), de Òmnium Cultural, de los partidos políticos independentistas, del Consell per la República y se cuenta con una reacción del Govern y del Parlament. La intención es poner en marcha, aunque solo fuese "por si acaso", toda esa maquinaria convocando manifestaciones simultáneas y acciones de desobediencia civil en el mismo momento en que fuese detenido.

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En realidad esa sería una de las pocas bazas a su favor que podría esgrimir Puigdemont internacionalmente para debilitar a España. Sus más allegados le habían propuesto presentarse por sorpresa en marzo del 2022. Esa propuesta estuvo siendo discutida el pasado verano, pero pronto fue descartada por el propio fugado, que no la veía muy factible. La ofensiva, sin embargo, está pensada más de cara al exterior que al interior, puesto que la jugada acabaría con Puigdemont encarcelado y sin posibilidad de libertad condicional. En cambio, el tema debería ser explotado internacionalmente apelando a todos los 'thinks tanks' que han estado recibiendo cuantiosos fondos públicos de la Generalitat y con la interposición de querellas contra España y sus dirigentes políticos en todas las instancias internacionales: desde la ONU al Consejo de Europa, pasando por los diversos órganos judiciales comunitarios.

"Tiene pánico a entrar en prisión"

A Puigdemont, sin embargo, le echa para atrás la idea de ser detenido. “Tiene pánico a entrar en prisión. No quiere pasar por esa circunstancia bajo ningún concepto. Y, además, es imprevisible saber cuánto tiempo podría estar encarcelado. Visto lo que pasó con los otros es previsible que con él se quiera hacer lo mismo; es decir, tenerlo dentro hasta que no salga el juicio, por lo que posiblemente estamos hablando de años y eso lo echa para atrás”, relata una persona de su entorno.

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De momento, sabe que tiene el futuro asegurado con su sueldo de europarlamentario, con opción a repetir por otros cinco años cuando se acabe esta legislatura. Además, podría pasar a depender de su partido y cobrar un salario de JxCAT si todo va mal. Y, en última instancia, le quedaría el búnker del Consell per la República, que a las malas le podría proporcionar un salario “digno”.

Su hoja de ruta también preveía la posibilidad de renunciar a la presidencia de JxCAT para centrarse tan solo en la presidencia del Consell per la República y así aparecer internacionalmente como el representante único y transversal del independentismo catalán, anulando la representatividad que pudieran tener fuerzas como ERC o la CUP. Por eso sus allegados consideran que las actuaciones jurídicas ante los tribunales europeos deberían, teóricamente, allanar el camino para extender la inmunidad del europarlamentario a España, con el objetivo de que pueda pisar terreno español sin ser detenido.