Expertos desmontan el plan Sánchez contra la despoblación: incoherente y victimista

En el tiempo de descuento de la campaña en Castilla y León, y a solo unos días de las elecciones del 13-F, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado todo un arsenal de medidas para frenar la despoblación. El anuncio de este plan concreta un paquete de 1.000 millones de euros de capital público (más 2.000 millones de financiación privada) para crear 16.000 empleos y 130 medidas hasta el año 2023, con una inversión de 10.000 millones de euros. Un combinado de grandes cifras que, sin embargo, está falto de consistencia y coherencia. Los técnicos y expertos del reto demográfico que conocen la letra pequeña del programa han puesto el grito en el cielo: advierten de que se trata de una estrategia electoralista y enfocada a desgastar a las plataformas de la España Vaciada.

Según algunos de los analistas más acreditados del país, el plan contra la despoblación del Ejecutivo está muy lejos de sus pretensiones. Hay un exceso de electoralismo y de victimismo sobre el mundo rural. Y dicen más: será un dispendio de dinero público en pocos meses. “Las medidas por el reto demográfico y la lucha contra la despoblación se han diseñado demasiado deprisa y sin conocer la realidad, todo por frenar a la España Vaciada como para no perder los millones de los fondos europeos que están llegando. Y nos falta una estrategia real a medio plazo”, detallan.

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El primer análisis exhaustivo sobre los planes demográficos lleva la firma de Luis Antonio Saez, uno de los expertos más solicitados sobre este fenómeno social y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Recién publicado en la revista 'Ager', del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Ceddar), el informe técnico certifica que los sucesivos planes del Gobierno de España no tienen un fondo estratégico y están basados en retórica, sin entrar en el contexto de cada situación. Ni se aprecia la problemática de la vivienda, ni las casuísticas de la migración, ni el exceso de burocracia en los municipio ni el fenómeno de la agricultura con la actual PAC. En este sentido, Saez considera que tener banda ancha, buenas carreteras o políticas de empleo es bueno de por sí, pero en este paquete de medidas hay muchas omisiones en asuntos que son clave.

En conversación con El Confidencial, Saez insiste en que el programa del Ejecutivo es “incoherente”. Entiende que “es un plan que promete a los pueblos no envejecer como la fórmula del crecepelo y da a entender que se puede luchar contra la despoblación en cada municipio, cuando las previsiones del INE o de Naciones Unidas acreditan que estamos en suma negativa y seguiremos perdiendo población. Si un municipio crece, será a costa de otro pueblo”. Como ejemplos prácticos y señalados en la estrategia gubernamental, el profesor de la Universidad de Zaragoza afirma que “proponer una banda ancha suena demasiado bien, pero no es efectivo si no se ataja la administración electrónica". "O quizá no sea tanto poner un cajero en cada pueblo, sino que haya un mediador o una persona que se dedique a formar y atender a los vecinos de esos municipios”, añade Saez.

A juicio del experto, el plan trazado por el Gobierno cojea en asuntos que son capitales para el desarrollo de la España rural. Por ejemplo, respecto al fenómeno de la vivienda, según cuenta, “apenas se dedica una línea”. Saez reivindica que “no se fomenta la rehabilitación, ni hay opciones de alquiler para los futuros habitantes o no se piensa en la vivienda integrada con servicios compartidos”. El docente considera que hay una serie de inercias marcadas desde un discurso oficialista y con un tono victimista que se aleja de la realidad social que se vive en la España rural.

De la misma opinión es el profesor de la Universidad de Valencia y director del Instituto de Desarrollo Local, Javier Esparcia, en declaraciones a este medio. Este experto, que ha estado vinculado con la cátedra Avant de la Generalitat valenciana, se muestra muy crítico por la ingente cantidad de dinero prevista para gastar en poco tiempo y sin la capacidad de gestión en las entidades locales. La deficiencia que denuncia incide en que “son medidas millonarias diseñadas desde el Gobierno sin tener en cuenta la realidad del medio rural o sin la ayuda de los grupos de acción local, que son técnicos muy preparados y organizados en el medio rural”. Esparcia constata que el Gobierno de España no es consciente de “las necesidades reales y no tiene perspectiva integral” sobre el fenómeno de la despoblación. Este profesor es aún más crítico con el “dispendio” de dinero público que habrá, con 10.000 millones de euros hasta el año 2023.

Hacer catedrales en el desierto

El catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza e investigador del fenómeno de la despoblación, Vicente Pinilla, atiende la llamada de El Confidencial y pone el foco en las contradicciones de un plan que se queda corto en el tiempo. Pinilla señala que es de aplaudir que haya medidas concretas por parte del Gobierno de España tras años de reivindicación en el medio rural. Sin embargo, las contradicciones son más acusadas. Este analista cree que los recursos contra la despoblación que se pretenden destinar “no se contemplan desde un punto de vista integral y con más perspectiva”. Y cita el debate de la financiación autonómica, donde las ocho comunidades que representan a la España Vaciada luchan por que tenga prioridad el coste real de los servicios, y esta discusión “fundamental para la prestación de servicios” no se tiene en cuenta en las 130 medidas anunciadas.

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Por otro lado, los expertos consultados avisan de que la intencionalidad de estas medidas contra la despoblación tiene un componente electoral y de oportunidad tras años de exigencias por los expertos. En palabras de Vicente Pinilla, "la presión de los expertos y técnicos que llevamos llamando la atención sobre la despoblación desde hace años ha hecho que ahora sí haya una urgencia por tomarse en serio el reto demográfico". En este sentido, cuenta Pinilla, no se había atendido a sus reflexiones ni estudios técnicos desde el Gobierno de Mariano Rajoy ni desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

El profesor Luis Antonio Saez puntualiza que la presentación del plan gubernamental con las 130 medidas contra la despoblación tiene un sesgo de oportunidad y de vértigo político. “No hay que engañarse y saber que lo que ha movido al Gobierno de España para hacer este plan es gastar los fondos europeos y así darles una corporeidad. Y esto sin haberse parado a pensar en el territorio y que los planes tienen que estar ajenos a lugares comunes y de la espectacularización política”. Este profesor sentencia en su afirmación que “los políticos ni estudian ni conviven fuera de sus burbujas y en la despoblación se nota mucho”. A su juicio, las 130 medidas son viejas recetas que vuelven a agitar el fantasma de “hacer catedrales en el desierto”.

La politización de la despoblación es muy evidente. También por parte de la oposición. El PP ha salido al paso de esta batería de medidas para criticar una vez más que Sánchez está destinando fondos públicos para “comprar votos”, presuntamente en contra de la ley electoral. Pablo Casado ha llevado el debate de lo político a lo jurídico y ha decidido denunciar ante la Junta Electoral Central al presidente Sánchez. "Ya está bien de utilizar el BOE y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral", declaró Casado tras conocer las actuaciones aprobadas por el Consejo de Ministros este martes.