El soberanismo claudica: acatará a la Junta Electoral Central y retirará el escaño a Juvillà

El soberanismo ha vuelto a enredarse en un simulacro de desacato. Ni hubo unidad entre el independentismo, ni se paralizó el Parlament ni se llegó a “las últimas consecuencias” que exigía Waterloo. Al final, los partidos secesionistas se han escudado en un dictamen jurídico anónimo para decidir qué hacer con el escaño de Pau Juvillà (CUP). Pero no solo no había firma, es que el propio texto ya daba por amortizado al diputado, al que supuestamente se iba a defender. Al final, Juvillà ni cobrará ni votará como miembro del Parlament a partir del plazo dado por la Junta Electoral Central (JEC), que vence este viernes. La desobediencia que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, vendió al independentismo no fue tal.

Esta misma mañana, Borràs ha admitido en una carta dirigida a otras cámaras legislativas que la JEC ya ha desposeído a Juvillà de su acta de diputado.

De hecho, ella había abogado por cerrar el Parlament, pero el miércoles la institución no solo no había cerrado, sino que en su sede se estuvo negociando una fórmula más que cuestionada para hacer ver que se desobedecía sin, finalmente, llegar a hacerlo. Pau Juvillà está muy enfermo, “pero no tiene ninguna intención de renunciar al acta”, anunció en la comisión la diputada de su grupo Eulàlia Reguant.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Borràs ha convocado a la Junta de Portavoces a las 13.30 horas de este jueves como antesala de la celebración de un pleno del Parlament en el que se prevé dar luz verde al dictamen que pactaron este miércoles ERC, JxCat y la CUP, cuando acordaron mantener el escaño a Juvillà, desoyendo así la orden de la JEC, aunque se imponían, como "límite de la desobediencia", no comprometer penalmente a los funcionarios.

Una resolución que ningún letrado quiso firmar

La misma resolución, que se estuvo pactando hasta las 18.00 de este miércoles y que ningún letrado del Parlament quiso firmar, viene a plantear la salida de Juvillà. En el preámbulo del dictamen se explicita: "Las fuerzas políticas del Parlamento consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos". Por lo tanto, la Cámara no desobedecerá. Laura Borràs hará lo mismo que su predecesor de ERC en el cargo, Roger Torrent, cuando se retiró el acta de Quim Torra. La comisión ha votado a favor del dictamen con los votos de JxCAT, ERC y la CUP.

La estrategia de Borràs pasó por ganar tiempo pasándole la pelota a la Comisión del Estatuto del Diputado. La presidenta aseguró que sería este órgano el que aprobaría un dictamen y que el mismo se votaría en un pleno extraordinario, que será el viernes. Pero respaldar la resolución es de hecho acatar la decisión de la JEC. Precisamente, se nombró a Jaume Alonso-Cuevillas presidente de la comisión para que se estrenase con este cometido, pero este ya advirtió: "No sé si tiene sentido que te inhabiliten por haber tramitado una resolución que no lleva a ninguna parte".

Este miércoles, Alonso-Cuevillas ha defendido el dictamen porque “hay un problema competencial entre la lectura de la Lorec que hace la JEC y el Reglamento del Parlament. La lectura que hace la JEC no es pacífica”. Insistió en que todavía el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre las cautelares presentadas por la Cámara y por Pau Juvillà.

Borràs ha evitado que los letrados del Parlament se pronuncien sobre el caso

“Las órdenes de la JEC son ejecutivas”, tuvo que recordar el diputado del PSC David Pérez. El socialista ha lamentado: “Este Parlament lo está pasando mal. Hay un punto de degradación parlamentaria inusual, y mira que llevo años en esta Cámara. Este abuso de teatralización, este modo de cambiar los procedimientos con una resolución que determina lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer”. David Pérez, además, lamentó que los letrados del Parlament no se hayan pronunciado sobre la cuestión. Ni Borràs ni la secretaria del Parlament lo han pedido, porque saben que se pronunciarían en contra.

“¿Queremos hacer un pleno del Parlament para ratificar este informe? Para llegar a este punto, no hacía falta paralizar la actividad del Parlament”, ha lamentado David Pérez ante las obviedades del dictamen.

Querella criminal

Vox está estudiando una querella criminal por el intento de paralizar la actividad parlamentaria, en función de cómo se salde esta semana, “porque esta actitud antidemocrática no les puede salir gratis”, ha explicado el diputado Antonio Gallego. “No se puede desobedecer sin consecuencias penales”, ha advertido Gallego, diputado de la formación verde, quien ha augurado que “más diputados van a acabar como Juvillà”. Por su parte, Nacho Martín Blanco (Cs), que calificó el dictamen de “buñuelo”, ha increpado a los independentistas: "Nos estáis haciendo perder el tiempo con cosas absolutamente superfluas".