Los 'indepes' intentaron influir en institutos internacionales contra la imagen de España

El independentismo catalán no da tregua a España. La semana pasada, un grupo de seis economistas ha terminado un informe en el que tratan de empañar la buena imagen que España tiene en las instituciones internacionales. Siguiendo la máxima de las consignas de partidos independentistas y de las entidades Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, se trata de deteriorar la imagen del país en el exterior, como base de la propaganda soberanista de acoso y derribo contra lo que llaman ‘Estado opresor’. El informe lleva el inequívoco título de ‘Prejuicio y manipulación bajo la apariencia de ciencia: la dudosa calificación de España como ‘democracia plena’ y los débiles fundamentos de los índices de calidad democrática”, con el que tratan de contrarrestar todos los informes favorables a España que emiten los más prestigiosos organismos internacionales, situándola como una de las democracias más plenas del planeta.

El informe negativo para España fue confeccionado por Eduard García, Oriol Martínez, Jaume Pérez, Josep Renyer, David Ros y Lluís Verbon. A fin de deteriorar la imagen española, los economistas se pusieron en contacto con los responsables de instituciones que realizan esos informes para hacerles partícipes de sus ‘equivocaciones’. De ese modo, contactaron, al menos, con los directivos de dos de estos rankings, el Varieties of Democracy Institute (V-Dem) y el Economist Intelligence Unit (EIU) y les pidieron ‘responsabilidades’ sobre sus calificaciones.

Los expertos de V-Dem atendieron a los independentistas y les proporcionaron respuestas detalladas a cada una de sus preguntas, pero los de EIU se mantuvieron neutrales (como con cualquier otra parte que podría entrar en litigio) y rechazaron compartir con ellos sus análisis. Debido a ello, en el informe critican con dureza a EIU (llegan a poner en duda sus métodos y sus conclusiones) pero miman a la otra entidad. También destacan que la entidad Freedom House concluye que “los países alineados con la política exterior de los Estados Unidos tienen a obtener mejores puntuaciones en Freedom House que en otros indicadores destacados”, por lo que meten a España en este grupo y zanjan la cuestión.

El índice de EIU pone a España en el número 18 mundial del ranking de democracias plenas. Y eso al independentismo le hace daño

Ante la impermeabilización de los organismos internacionales a la manipulación independentista, los economistas no se cortan en sus conclusiones: “Todo es muy inquietante”, arguyen. Y apuntan a que la objetividad de los índices “está sustancialmente sobrevalorada”. Pero subrayan luego que “en una interpretación menos benévola, algunas de estas calificaciones pueden estar sujetas a una manipulación intencionada por parte de diversas agencias gubernamentales, ya que las puntuaciones de estos índices se han convertido en noticias cargadas de política”. Advierten que esta interpretación “no es una simple teoría de la conspiración”. Para desprestigiar a los rankings, aseguran que su metodología es “defectuosa” y que estos índices “añaden confusión en un campo donde su objetivo original y declarado era precisamente mejorar la transparencia”, subrayando que España tiene una “democracia defectuosa con un respeto insuficiente por los derechos humanos”.

¿Sus argumentos?: “Los medios convencionales anuncian regularmente las últimas puntuaciones democráticas como noticias de sus primeras páginas y los comentaristas políticos suelen extraer conclusiones importantes a partir del movimiento de un país determinado hacia arriba o hacia debajo de un ranking determinado”. No hay que olvidar que el índice de EIU pone a España en el número 18 mundial del ranking de democracias plenas. Y eso al independentismo le hace daño.

TE PUEDE INTERESAR

De 'presos políticos' a 'botiflers': "Os pasaremos por encima. Seréis juzgados"

Antonio Fernández. Barcelona

Por tanto, razonan sus activistas que esa circunstancia “ha convertido estas calificaciones en una herramienta política. Un caso flagrante es el de España, el gobierno de la cual ha utilizado reiteradamente su ranking en algunos índices de calidad democrática como prueba para contrarrestar las quejas que han acreditado una degradación sustancial de sus credenciales de derechos humanos y civiles, dado que el referéndum de independencia de Cataluña en octubre de 2017 recibió como respuesta una enorme oleada de represión, guerra policial y judicial”.

Todos los rankings internacionales sitúan a España por encima de democracias consolidadas como Francia, Bélgica, Austria, Reino Unido, Irlanda o incluso las idolatradas (por el independentismo) Finlandia e Islandia. El informe de los economistas independentistas asegura que Bélgica no puede estar por debajo de España porque “es, precisamente, el país que a causa de sus altos estándares en derechos humanos, los exiliados del gobierno independentista catalán escogieron como su nuevo hogar, donde no estarían expuestos a los abusos de los tribunales españoles”. Ésa es su principal razonamiento. Ajenos a la utilización de cualquier baremo científico o estadístico objetivo para calibrar el grado de democracia, pues, los economistas independentistas echan mano del fervor patriótico para desmentir los rankings internacionales.

Los parámetros "son fiables, pero…"

En el contrainforme soberanista, carente de todo parámetro objetivo, admiten que no pudieron achacar ningún fallo a los parámetros utilizados. “Las definiciones, y la arquitectura de los índices de V-Dem son efectivamente sólidas y bien pensadas”, dicen. Pero luego añaden: “Hay muy poco control sobre los criterios de clasificación, las normas y los fundamentos: los gestores regionales seleccionan a los expertos de manera confidencial (en parte por cuestiones de seguridad en algunos países) y estos no están obligados a proporcionar ningún fundamento por sus evaluaciones”. En resumen: su estrategia es poner en duda los datos proporcionados, con lo cual se desvirtúa el resultado. Y así llegan a la conclusión de que “la justificación de las decisiones de los expertos, aparte de los comentarios de alto nivel que pueden aparecer en el informe anual [se refiere al de V-Dem], brilla por su ausencia”.

Para ello se basan en el hecho de que desde el año 2017, “mientras la represión en España se hacía más profunda y generalizada”, la puntuación en los índices subió. ¿Por qué?. “Cuando planteamos esta pregunta tan obvia, el equipo de V-Dem no fue capaz de aportar ninguna razón”. Lo chocante, no obstante, es que los economistas tampoco aportan pruebas del deterioro, más allá de proclamas políticas, afirmando simplemente que “hay pruebas tangibles que minan la credibilidad de España”. Pero esas pruebas se limitan al argumentario extremista que circula en los pequeños círculos independentista y fuera de él carecen de credibilidad.

Los ‘indepes’ también sitúan a España por debajo de Hungría en cuanto a respeto por los derechos humanos y critica el informe anual de EIU por subjetivo, ya que considera a Víktor Orbán un populista peligroso y no a Mariano Rajoy durante la época postreferéndum. Esa apreciación puramente política, refuerza la conclusión final del contrainforme: “Es difícil decir hasta qué punto las sorprendentes puntuaciones democráticas de España reflejan la interpretación más o menos caritativa. Pero, basándose únicamente en los hechos objetivos, es preciso concluir que las numerosas violaciones recientes de derechos humanos en España son, simplemente, incompatibles con el calificativo de ‘democracia plena’ que los institutos de calidad democrática han otorgado tan generosamente al Reino de España (sic)”.

TE PUEDE INTERESAR

España pide apartar a los expertos de la ONU que criticaron la prisión de los presos

EFE

Fieles a su estrategia, las plataformas independentistas se apresuraron a reclutar firmantes de apoyo a un manifiesto que recoge las conclusiones del contrainforme. En un solo día, recogieron firmas de “200 profesionales y profesores” que, fieles al principio de difusión propagandístico, afirman que existe poco control sobre estas encuestas, que no se conocen los autores que intervienen ni las personas que son entrevistadas, que su metodología está expuesta a desviaciones subjetivas, rechazan que España sea una “democracia plena” y piden a los institutos internacionales “controles más robustos en sus metodologías para evitar la manipulación que hoy enturbia su valor objetivo”.

Todo ello, en una jornada durante la cual Sociedad Civil Catalana (SCC) y la plataforma Llibertats, formada por juristas catalanes demócratas hicieron público el informe que entregaron al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, donde “se detalla el clima de coacción que han vivido jueces y fiscales durante el ‘procés’”. Esa presión, según los denunciantes, no se limitó a las sedes judiciales, “sino que ha llegado a las familias y los domicilios de los afectados”. Según Eloy Moreno, presidente de Llibertats, “muchos jueces, magistrados y operadores jurídicos están pidiendo cambio de destino y no hay nadie que quiera venir a Cataluña”. Ello, alerta, incide “en la calidad del sistema judicial de Cataluña”.

El “clima de coacción” se debe, en parte, a “la obsesión nacionalista por tener un poder judicial propio al margen del sistema español” y ha provocado una ‘desertización’ del sector judicial en Cataluña, al tiempo que impide que en esta comunidad se pueda ejercer “una justicia libre, independiente y con todas las garantías”. Aún con todos estos negativos parámetros territoriales, el índice internacional de España en el ranking de democracias plenas continúa alto.