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La Generalitat elude la polémica de las macrogranjas para no enfadar a su electorado
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Suponen una industria en alza

La Generalitat elude la polémica de las macrogranjas para no enfadar a su electorado

La comunidad, con 900 explotaciones, ocupa el número dos del 'ranking'. En las zonas rurales donde proliferan las instalaciones, el voto es independentista y los grupos dedicados son grandes gigantes que controlan el sector

Foto: Protesta contra la producción a gran escala de carne de cerdo. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
Protesta contra la producción a gran escala de carne de cerdo. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Cataluña tiene más cerdos que ciudadanos. Más de ocho millones de animales frente a 7,6 millones de habitantes. Las cifras no mienten. Desde los años 90, la comunidad ha sido pionera en este tipo de industria, cuando los holandeses exportaron sus explotaciones a Osona para quitarse de encima un contratiempo medioambiental. El exceso de purines ya era un problema en la Cataluña de Jordi Pujol y lo sigue siendo ahora: hay más de 900 macrogranjas en la región, pero la muy ecologista 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, la misma que había declarado la guerra a la industria eólica, calla con este tipo de instalaciones, mientras que en el resto del país el ruido y la polémica son ensordecedores desde que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, abrió el debate.

En Lleida y comarcas interiores de Barcelona, como Osona, capital Vic, las explotaciones porcinas han sido una salida natural para la Cataluña vaciada. Solo que aquí se le denomina 'territori'. Y se les intenta molestar lo justo.

Foto: Foto de archivo de una granja de cerdos. (EFE)

Unas de las escasas declaraciones de Jordà (ERC) sobre el tema las dio en la SER. "Hacemos las cosas de manera equilibrada y siempre me refiero a la dieta mediterránea. Y creo que en este país tenemos una dieta fantástica que es la mediterránea. Y no lo defiendo porque ahora sea 'consellera' de Agricultura y Ganadería, sino porque aquí tenemos una calidad extrema, no solo porque tenemos una carne excelente, y no solo porque me gusta un entrecot de Girona. No haré como el presidente Sánchez que al final lo reduce todo a que le gusta el filete vuelta y vuelta. No se trata de eso, tenemos que comer de manera equilibrada. Si yo me dedicara todo el día a comer acelgas, no sé, Josep, si a las nueve de la mañana me tendrías aquí muy preparada para responder siempre a tus preguntas punzantes", aseguró la 'consellera', con muy pocas ganas de molestar a los ganaderos.

Hay varias razones. Unas políticas y otras económicas. Estas últimas no son nada despreciables. Valls Companys es la empresa agraria que tiene más instalaciones de este tipo. Factura más de 2.200 millones. Como no cotiza en bolsa, no los conoce nadie fuera de los expertos en economía y en el sector alimentario. Pero son un gigante. Otra firma del sector también con sede y centro de decisión en Cataluña es Cooperativa Guissona, esta es más pequeña: solo tiene un volumen de negocio de 1.919 millones. Otra compañía es Casa Tarradellas, que integra toda la cadena, y tiene su propia división de granjas, Granges Terragrisa.

La realidad de las macrogranjas se regulará en Cataluña por decreto de la Generalitat

La Generalitat está preparando un decreto para regular el sector. Pero sin prisa. Se supone que la iniciativa ordenará este ramo de actividad y definirá lo que es una macrogranja. Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, entidad de ámbito nacional, en Cataluña habría al menos 900, la mayoría de cerdos. Es la segunda comunidad con mayor número de explotaciones después de Aragón, que tiene más de 1.000. De hecho, hay grupos aragoneses que han instalado centros en Lleida, una de las zonas catalanas, junto a Osona, donde más instalaciones de este tipo hay.

Esta valoración implica cuantificar como macrogranjas las actividades agroindustriales que tengan más de 2.000 cabezas para cerdos de cebo de más de 30 kilogramos o 750 plazas para cerdas reponedoras. O ambas cosas. Pero el decreto en el que trabaja Jordà podría ir por otra vía y solo calificar de macrogranjas las instalaciones más grandes. Una manera de proteger al sector.

Los cerdos no votan

Los cerdos no votan, pero el 'territori' sí. Y aquí también está una de las claves de por qué la Generalitat se ha puesto de perfil. La Cataluña vaciada vota independentismo. Y el área metropolitana y Tarragona lo hacen en clave constitucionalista. Esto lo reflejan muy bien los resultados de Osona en las últimas autonómicas. Votaron 67.155 personas. De ellas, un 44,4% a JxCAT, un 22,54% a ERC y un 10,32% a la CUP. Es decir, un 77% de voto secesionista en la comarca más perjudicada por la sobreabundancia de purines. Así que lo mejor que puede hacer un Gobierno soberanista es no ponerse en contra de sus electores. Ni los 'cupaires' tienen un discurso contra las macrogranjas. Como mucho, alguna declaración aislada en contra y con la boca pequeña.

En esas zonas agrarias, la percepción es muy diferente que en las urbanas. Se sabe, por ejemplo, que el cerdo blanco no pasta, por lo tanto, no puede haber en este caso ganadería extensiva. Tiene que estar estabulado. Y eso implica también cierto nivel de masa crítica para que las explotaciones resulten rentables. Así se produce la paradoja: la ERC de Aragonès coincide con el enfoque de un político en sus antípodas, como es el caso de Javier Lambán: aquí las macrogranjas no son un problema.

Cataluña tiene más cerdos que ciudadanos. Más de ocho millones de animales frente a 7,6 millones de habitantes. Las cifras no mienten. Desde los años 90, la comunidad ha sido pionera en este tipo de industria, cuando los holandeses exportaron sus explotaciones a Osona para quitarse de encima un contratiempo medioambiental. El exceso de purines ya era un problema en la Cataluña de Jordi Pujol y lo sigue siendo ahora: hay más de 900 macrogranjas en la región, pero la muy ecologista 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, la misma que había declarado la guerra a la industria eólica, calla con este tipo de instalaciones, mientras que en el resto del país el ruido y la polémica son ensordecedores desde que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, abrió el debate.

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