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Deficiencias en el Defensor del Pueblo catalán: 75% de interinos y contratos irregulares
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RAFAEL RIBÓ

Deficiencias en el Defensor del Pueblo catalán: 75% de interinos y contratos irregulares

Un informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas relativo al ejercicio del año 2019 detecta numerosas anomalías. El organismo además tiene el mandato caducado

Foto: Rafael Ribó, en el Parlament de Cataluña. (EFE/Pool/Enric Fontcuberta)
Rafael Ribó, en el Parlament de Cataluña. (EFE/Pool/Enric Fontcuberta)

Dos años con el mandato caducado, contratos troceados vulnerando la ley, modificaciones de crédito que no son comunicadas a los responsables de la Administración y tres de cada cuatro empleados contratados como trabajadores interinos. Ése es el panorama que impera en el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), cuya cabeza visible es Rafael Ribó. Así lo determina un informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas relativa al ejercicio del año 2019 de esa institución, que saca los colores a Ribó al denunciar el fraccionamiento de contratos, el deficiente funcionamiento interno, la contratación eventual de un 35,9% de su plantilla (lo que se conoce como ‘cargos políticos’ o de confianza) y el hecho de que el 76,1% de sus trabajadores sean interinos en vez de funcionarios de carrera.

Ribó, que fue líder del PSUC, el partido de referencia en la primera época de la transición (era la rama catalana del PCE), lleva dos años con su mandato caducado. Si en la Administración del Estado importantes organismos están bloqueados a la espera de que los partidos políticos se pongan de acuerdo, en Cataluña esa situación se repite miméticamente: órganos como el Síndic de Greuges, el Consejo de Garantías Estatutarias, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA, el ente que controla TV3 y Catalunya Ràdio), el Consejo del Audiovisual (CAC), el Consejo Fiscal, o la propia Sindicatura son buena prueba de ello.

Foto: El 'síndic de greuges', Rafael Ribó. (EFE)

Ribó, que es 'síndic' desde 2004, debería haber abandonado su cargo en febrero de 2019, pero no hay visos de que vaya a ser sustituido en un plazo corto. “En el momento de la aprobación de este informe, septiembre de 2021, el mandato del Síndic estaba vencido desde hacía dos años. La Sindicatura considera que las instituciones, en este caso el Parlament de Cataluña, han de prever en un tiempo razonable el relevo de cargos con mandato caducado”, recuerda el informe.

Pero al margen de esa circunstancia, achacable a los partidos políticos con representación parlamentaria, la realidad es que el funcionamiento de este organismo arroja muchas deficiencias. Ideológicamente, Ribó siempre se ha caracterizado por una firme defensa del independentismo y sus informes políticos han arremetido siempre contra el Gobierno central, aún cuando su labor debería centrarse en la defensa de personas y colectivos sociales. Por el contrario, entidades constitucionalistas se han quejado de que el Síndic siempre hizo caso omiso a sus peticiones de amparo, dando la callada por respuesta o directamente rechazando los llamamientos que se le hacían.

Contratos fraccionados

Al margen de esa cuestión ideológica, la oficina del Síndic adolece de otras irregularidades que destapa la Sindicatura. Una de ellas es el fraccionamiento de contratos. “En la revisión de los contratos menores se han detectado incidencias relacionadas con la contratación separada de prestaciones que deberían haber sido objeto de un único contrato por el hecho de estar relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles. Estas incidencias dieron como resultado la elusión de los requisitos de publicidad o los relativos a los procedimientos de adjudicación que habrían correspondido. Por este motivo, constituyen un fraccionamiento indebido del contrato”.

Foto: El 'síndic de greuges', Rafael Ribó, en una rueda de prensa. (EFE)

En los tres años anteriores al 2019, por ejemplo, el Síndic llevó a cabo el mismo procedimiento anual de contratación del servicio de estudios, análisis y obtención de datos por el procedimiento abierto con tramitación anticipada. “La definición restrictiva del objeto del contrato, según la cual el licitador había de mantener la serie histórica de los datos del ejercicio 2016 provocó que en los últimos ejercicios el adjudicatario inicial fuese el único que se presentó a la licitación”, dice el informe.

¿Y quién fue el beneficiario? La Fundació Carles Pi i Sunyer, que se llevaba 42.955 euros anuales. Lo mismo ocurre con los servicios de impresión de folletos informativos para ser distribuidos por localidades catalanas: cada año se imprimen alrededor de 1,5 millones ejemplares con un coste de 23.468 euros por ejercicio. En su defensa, el Síndic asegura que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) “no se encuentra tipificado claramente como fraccionamiento el hecho de que haya contrataciones en años diferentes con el mismo adjudicatario”. Y subraya que el artículo 159.4 de la ley 5/2017 de medidas fiscales, administrativas y financieras “establece la posibilidad de que se formalice un contrato menor con idéntico objeto y adjudicatario durante tres años consecutivos, pero sometido a la publicación de un informe en el caso de que los servicios o suministros sean superiores a los 5.000 euros (IVA excluido)”

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Las irregularidades se extienden a los contratos de limpieza (adjudicada directamente a Limptres por 122.374 euros anuales), suministro eléctrico (a Endesa por 50.000 euros) y servicios postales (a Correos por 5.000 euros). Los procedimientos por los que se contrataron esos servicios no fueron los correctos. Pero, además, la Sindicatura detectó que en 13 de los 33 contratos menores revisados “se adjudicaron por importes acumulados superiores al máximo permitido para el contrato menor”. Esos contratos respondían a servicios como la seguridad, la telefonía, la impresión del informe anual, el alquiler de coches, la climatización de la sede, el mantenimiento de la web o la elaboración de informes. En realidad, se tratan de sucesivas contrataciones del mismo servicio por varios miles de euros en cada contratación, lo que hace que, al final del año, el gasto en ese servicio sobrepase el mínimo. Normativamente, el responsable debería convocar un concurso público para adjudicar el gasto.

Tres de cada 4 empleados, interinos

En su informe, la Sindicatura destaca también que “de la gestión de personal se desprende un elevado índice de temporalidad: el 76,1% del personal funcionario del Síndic es interino. Además, el último proceso de selección se realizó en el año 1998”. No deja de ser curioso que Ribó, un antiguo comunista, no haya regularizado jamás a su personal en los casi 20 años que lleva en el cargo. “El Síndic debería planificar a corto plazo la realización de un proceso selectivo para disminuir la elevada tasa de temporalidad del personal funcionario interino”, le recuerda la Sindicatura. En la oficina del Síndic de Greuges trabajan 50 funcionarios, de los que 11 son de carrera y 35 son funcionarios interinos. “Es preciso poner de manifiesto el elevado índice de temporalidad; el 76,1% de las plazas están ocupadas por funcionarios interinos. El personal interino lleva más de 20 años sin poder acceder a una plaza de funcionario de carrera”, destaca el informe. Pero, además, Ribó se ha sabido rodear de un equipo fiel: además de esos funcionarios, dispone de 27 contratados eventuales (más otra plaza que está vacante). Éstos son lo que se conoce como asesores, ‘contratados políticos’ o ‘cargos de confianza’. En total, pues, la oficina emplea a un total de 78 personas.

Foto: El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó. (EFE)

No deja de llamar la atención el alto porcentaje de personal eventual, que son los cargos políticos elegidos a dedo: 27 de un total de 77 (al margen de la plaza vacante), es decir, un 35,9% del total. Ello representa que casi el 40% del personal del Síndic de Greuges son ‘enchufados políticos’, aunque entre ellos hay un pequeño porcentaje de cargos estructurales. “El personal eventual es designado y destituido libremente por el Síndico -dice el informe-. Las plazas ocupadas por personal eventual corresponden a lugares de confianza y asesoramiento. Concretamente, son las plazas de la gerencia, del director de gabinete, del director de área y de los asesores”. La ley, sin embargo, no limita el número de asesores que pueda tener Ribó.

Síndic había realizado modificaciones de crédito durante el ejercicio de 2019 sin comunicarlo a la Consejería de Economía y Hacienda

La temporalidad de la plantilla es una asignatura pendiente que tiene éste. Según la oficina del Síndic, el pasado 16 de febrero se aprobó un Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Síndic para mejorar la calidad del empleo, planificar adecuadamente las plantillas y adecuar la estructura a las necesidades. Debido a ello, el 27 de julio se aprobó una oferta de empleo parcial de seis puestos de trabajo de personal funcionario que en el futuro se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). “Por tanto, es una incidencia que dispone de un plan específico y que, de manera gradual y progresiva, se irá enmendando”, alega la oficina de Ribó.

Otra de las irregularidades detectadas es que el Síndic había realizado modificaciones de crédito durante el ejercicio de 2019 sin haberlo comunicado a la Consejería de Economía y Hacienda, lo que incumple la ley. Este hecho es admitido por el organismo fiscalizado, que informó a la Sindicatura que en el año 2020 se comunicaron ya todas las modificaciones de crédito realizadas.

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