Puigneró no avisó a la Generalitat de posibles problemas con el certificado covid

El certificado covid para entrar en bares, restaurantes y gimnasios duró en Cataluña 15 horas. La Generalitat se vio obligada a dejar la norma en suspenso a la espera de lo que pasase el lunes, sin más. La decisión se aprobó en el Consell Executiu el pasado martes 23 de noviembre. Se publicó en el DOGC al día siguiente. Entraba en vigor hoy viernes a las 00.00 horas. El vicepresidente de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, participó en el Consejo de Gobierno en el que se acordó la medida y es el gurú tecnológico de la administración catalana. Fuentes conocedoras del encuentro han explicado que Puigneró no advirtió de posibles problemas tecnológicos, como la falta de capacidad de la web lamevasalut.cat para asumir el aluvión de peticiones que se iban a producir en cuanto fuese obligatorio el uso del salvoconducto para entrar en los bares.

La web colapsó a primera hora de la mañana y ya no se recuperó. Solo había que bajarse un PDF. No fue posible. Y eso que la Generalitat había conseguido el aval judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para una medida como ésta. Parecía que el Govern y su 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, un experto en pandemias, esta vez avanzaban. No fue así. La decisión acabó en un chasco sin precedentes el mismo día en que se declaraba la alerta sanitaria en Europa ante la aparición de la variante omicron del virus. Los dos 'consellers' implicados en este desastre son de JxCAT, si bien Argimon es un independiente escogido por el partido y no milita como Puigneró.

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EFE

Hubo más oportunidades de avisar de lo que podía pasar porque ese mismo martes por la tarde se reunió la comisión de emergencias de la Generalitat, el Procicat, para aprobar los detalles de la implementación de la medida. Desgraciadamente el Procicat no levanta actas, en línea con el resto de políticas de transparencia con las que se ha gestionado la crisis sanitaria en España. La decisión se estaba cocinando en la Generalitat desde el jueves de la semana pasada. Y se estudiaba desde septiembre.

Se da la circunstancia de que Jordi Puigneró no sólo es un abanderado en la digitalización de la administración. También es persona de confianza de Carles Puigdemont y defensor de las criptomonedas, el blockchain y la digitalización radical de los estados, siguiendo el modelo de Estonia. Después de la experiencia de hoy está claro que Cataluña no es Estonia.

Se ha preguntado a los portavoces si Jordi Puigneró informó al Consell Executiu de los riesgos tecnológicos de una decisión como esta o de si se tenían que tomar medidas extraordinarias al respecto. No ha habido respuesta. También se ha interrogado a la consejería si el secretario general de Políticas Digitales, David Ferrer, advirtió de las carencias del sistema y de si hizo propuestas sobre qué medidas se podían tomar. Tampoco ha habido respuesta. Y se ha preguntado sobre el papel del Centre de Telecomunicaciones y Tecnología (CTTI) de la Información en esta crisis. Tampoco ha habido respuesta.

Medios y recursos

Lo que no puede decir la Generalitat es que hay falta de recursos. La decisión de implementar el certificado covid se tomó el martes. El CTTI es una empresa pública dependiente de la Administración catalana. Su presupuesto anual supera los 559 millones de euros y su plantilla suma más de 200 personas. También hay contratos de miles de millones de euros con firmas informáticas subcontratadas. El presidente del CTTI, por cierto, es Jordi Puigneró.

La Comisión Delegada de la covid informó hoy que “se detiene la puesta en marcha de la ampliación del certificado covid digital de forma inmediata. Se trata de una suspensión temporal de su vigencia. Se ha detectado un alto volumen de la actividad en la herramienta de Lamevasalut.cat”

En algunos momentos del día llegó a haber 363.358 personas en cola

Viendo lo ocurrido lo primero que se viene a la cabeza es preguntarse por el culpable del error, pero como apunta Marc Almeida, programador analista informático y experto en ciberseguridad, es algo que viene de bastante lejos en el poder público. “No tenemos ni idea del estado de las infraestructuras digitales de la Administración. Sabemos más de las carreteras analógicas que de las digitales, y eso es un problema”. En algunos momentos del día llegó a haber 363.358 personas en cola para intentar bajarse el certificado.

Webs abandonadas

Almeida, analizándolo desde fuera, cree que la clave está en el abandono de webs como esta por el poco uso habitual. Son páginas que apenas se consultan, se han ido olvidando y ahora nadie quiere hacerse cargo de actualizaciones o medidas profundas para poner el sistema al día. "La clave está en que ahí debe haber de todo y no se ha actualizado ni modernizado demasiado. Como el uso es temporal o no hay un uso masivo, pues se contrata la potencia y cuidados justos", comenta.

"Ahora como estamos en pandemia y tendemos a hacer cosas online, dices que hay que hacer un trámite por Internet para poder hacer tales actividades y ese tráfico aumenta lo que técnicamente viene siendo una barbaridad. Pero los servidores son los que son y no creo que puedan ajustarse de forma dinámica a la necesidad de tráfico de un día para otro. Para ello se necesita tiempo y medidas importantes que nadie se atreve a llevar a cabo", añade este experto.