La embajada rusa dinamitó un convenio de la Generalitat para no irritar a España

El Govern tenía casi atado un convenio con el consorcio ruso Skolkovo, que viene a ser como el Silicon Valley de la Europa del Este, pero el Ejecutivo de Putin lo tumbó para no enemistarse con España. Los contactos para ese acuerdo, copiado del que la Generalitat tiene con el polo tecnológico de Estados Unidos, fueron proporcionados por el empresario ruso afincado en Barcelona Alexander Dimitrenko, al que Josep Lluís Alay, mano derecha de Carles Puigdemont, consideraba “nuestro hombre en Moscú”.

Cuando ya estaba confeccionado el memorial de entendimiento (MoU) entre la Fundación Skolkovo y la Generalitat, la embajada rusa llamó a Dimitrenko a capítulo. “Recibí una llamada del primer secretario de la embajada de Rusia en Madrid, que me dijo que Skolkovo es una entidad gubernamental y querían saber qué se estaba haciendo, porque le había llegado un comunicado de Skolkovo sobre el proyecto. Me pidió más detalles y le expliqué el memorándum”, relata Alexander Dimitrenko a El Confidencial. Un mes más tarde, recibió una nueva llamada del mismo funcionario. “Me citó a una comida en Madrid. Comimos en un hotel cerca de la embajada y me dijo que lamentaba comunicarme que tenían que parar el proyecto. La explicación era que existía la preocupación de que la operación no se iba a percibir bien desde el Gobierno de España. Y me llegó a decir que podía interpretarse como interferencia rusa en temas de Estado”.

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El memorándum recoge que Skolkovo tiene el mandato del Gobierno ruso de impulsar “una cultura emprendedora que se focaliza en cinco áreas de crecimiento potencial, como son la eficiencia energética, las tecnologías digitales avanzadas, la biomedicina, las tecnologías nucleares y las tecnologías espaciales”. Se explica en ese protocolo, además, que la ciudad de Skolkovo es “líder nacional en promoción de innovación y ahí tienen su representación las mayores compañías tecnológicas del mundo”.

El documento cita al artículo 195 del Estatuto de Autonomía para asumir que el Gobierno catalán podía firmar ese convenio: se trataba de que Rusia fomentase un programa en común en “tecnologías digitales avanzadas, tecnologías cuánticas, cultura aplicada a la innovación digital y tecnológica y tecnologías digitales aplicadas a la energía, el medio ambiente, la biotecnología y las ciencias de la vida”. La intención era intercambiar información y compartir experiencias y conocimientos en esos campos. Para coordinar esfuerzos, la Fundación Skolkovo ya tenía en marcha la constitución de una delegación en Cataluña “con el objetivo de garantizar una mayor agilidad, interlocución y ejecución de los acuerdos definidos con la Generalitat”.

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La posibilidad de que sectores estratégicos pudieran tener participación de entes gubernamentales extranjeros sin que el propio Gobierno central los tuviese controlados encendía las alarmas en Madrid. Por otro lado, un aliado como Rusia no era una cuestión baladí: el Ejecutivo tenía motivos para desconfiar del proyecto con un socio de esta naturaleza, después de que durante los últimos años se acusase a la potencia del este de estar detrás de algunos intentos de desestabilización en Europa e incluso de prestar apoyo solapado al proceso independentista catalán. Los temores de la embajada de Rusia no iban desencaminados.

Puigneró movió los hilos

Quien había movido los hilos para ese convenio, que debía firmarse a finales de 2018, fue el entonces consejero de Políticas Digitales (y hoy vicepresidente del Govern), Jordi Puigneró. “Mi especialidad es trabajar en el campo de las empresas y el emprendimiento. Yo era amigo de un colaborador muy cercano de Puigneró y me pidió si les podía ayudar, puesto que tenían convenios con otros entes similares, pero no con ninguno ruso. Entonces, me fui a Moscú y contacté con Arkadi Dvorkovich, presidente de Skolkovo, que se mostró interesado en el tema. En Rusia, trabajar con Barcelona es un sueño, porque consideran esta ciudad el sitio ideal para montar un centro de investigación, tanto por el clima como por las comunicaciones. El presidente de Skolkovo vio enseguida el potencial que tenía”, señala Alexander Dimitrenko.

Hasta ese momento, Skolkovo solo tenía una sede en el exterior: Singapur. Barcelona, por su parte, lo tenía fácil para llegar a un acuerdo. “Cogimos el documento de Silicon Valley, cambiamos la cabecera y lo aplicamos a Skolkovo. Casualmente, ese momento coincidía con la puesta en marcha del programa espacial del Gobierno de Cataluña y desde la Generalitat se vio claro que podían tener acceso a ayuda de Rusia”, añade el empresario.

Dimitrenko puso su empeño en crear una plataforma ruso-catalana de ‘startups’ a través de su empresa Catrus. “Además, la Generalitat quería pactar con Barcelona Tech City para que nos dejasen allí un despacho. Yo mismo fui a hablar con el director de la Tech City para Skolkovo. Con esa puerta, si tú eres una ‘startup’ catalana y quieres entrar en Rusia, tendrías cinco años sin impuestos y la tarjeta de residencia automática. De lo que se quejaba la Generalitat era de que aquí no podíamos ofrecer lo mismo, porque depende de Madrid, y yo incluso pregunté a Skolkovo si quería ir a Madrid, pero me dijeron que no, que querían Barcelona”.

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Barcelona Tech City, reconvertida en junio pasado en Tech Barcelona, es una asociación privada creada en 2013 y considerada la voz de referencia de los emprendedores de la capital catalana. Está presidida por Miguel Vicente, uno de los fundadores de Wallapop y presidente del fondo Antai Venture Building.

En Rusia, Skolkovo tiene su propia ciudad tecnológica, con su código postal, y es una zona económica especial. “Al primer secretario de la embajada, que ya no está en España, le transmití que esto no era política, sino que aquí se implicaban empresarios jóvenes y ‘startups’ y que hay un acuerdo similar con Silicon Valley. Le pregunté por qué los empresarios americanos podían venir y los rusos, que ya están aquí, no pueden aprovecharlo, ya que tenemos 160.000 rusos afincados en Cataluña y pueden verse beneficiados. Pero la contestación fue que no se podía hablar con Madrid planteando que esto era viable”.

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Tras las interferencias de la embajada rusa, Dimitrenko entró en contacto con Josep Lluís Alay a través de una persona que conocía en Presidencia de la Generalitat y que le dijo que quizá le podría ayudar en la materialización del proyecto Skolkovo. No fue posible, pero ahí trabó amistad con el jefe de la Oficina del 'expresident' Carles Puigdemont, que llegó a definirlo como “nuestro hombre en Moscú”, la persona que debía abrir las puertas de Rusia al independentismo catalán.

Apenas dos años después, Dimitrenko era nombrado ‘embajador’ de la Cámara de Comercio de Barcelona en Moscú, para alumbrar convenios entre instituciones. La entidad estaba ya presidida por el independentista Joan Canadell, a quien Alay presionó para que designase a Dimitrenko como representante de la institución en Moscú. “Su trabajo con el tema energético es estratégico”, le dijo Alay a Canadell en un mensaje el 13 de julio del año pasado. Días más tarde, el ruso era nombrado oficialmente ‘embajador’.

De muy amigos a hostiles

“Yo siempre he trabajado en el ámbito de la empresa, jamás en otros ámbitos. Actualmente, sigo trabajando para la Cámara y recientemente hemos firmado un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de San Petersburgo”, señala Dimitrenko a este diario.

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Por el camino, no obstante, ha quedado su relación con Alay. Tras hacerse público a primeros del pasado mes de septiembre que Alay había intentado utilizar a Dimitrenko para abrirse puertas en el Kremlin, el alto cargo del Govern no le cogió más el teléfono. Las acusaciones de que podía ser un espía cayeron como una bomba en la cúpula independentista, que decidió dar la callada por respuesta. Es más: Alay se mostró dispuesto a comparecer en el Parlament para dar explicaciones, pero ERC, JxCAT y la CUP vetaron su presencia. A Dimitrenko, no le cogió más el teléfono. “Han pasado de ser muy amigos a ser hostiles”, se queja el empresario.

A ese miedo en el independentismo contribuye el hecho de que en otoño de 2020 a Dimitrenko se le denegó la nacionalidad española, a pesar de que lleva la mitad de su vida en Cataluña y tiene sus empresas en la comunidad. “En agosto del año pasado, dos chicas del CNI entrevistaron a mi socia [Tania Cazalis, con la que tiene una compañía de venta de yates] en la Delegación del Gobierno en Barcelona. Le dije que les comunicase que quería hablar con ellos, que les explicaría lo que quisieran. Pero no interesó. Y lo mismo con la Guardia Civil. No interesa. Y el 20 de octubre siguiente, me llegó la denegación de nacionalidad. Y, por si fuera poco, una carta del Ministerio de Justicia diciendo que soy espía y mafioso. Sin embargo, a mí, nadie me ha tomado declaración todavía”.

El pasado 3 de octubre, Dimitrenko entregó en el Ministerio de Defensa otro documento ante el informe del CNI que recomendaba la denegación de la nacionalidad “por razones de seguridad nacional”. En este nuevo escrito, Dimitrenko expone: “Solicito un estudio exhaustivo de dicha recomendación, ya que no soy ningún peligro para la sociedad española. Soy una persona digna de la nacionalidad española, con mis creencias no radicales y mi carácter puramente emprendedor. Por favor, revisen sus decisiones y no me culpen por algo que no soy. Quiero ser español”.