La reforma del Parlament de Borràs busca restar margen de maniobra a Vox y Cs

La reforma del Parlament que ha impulsado su presidenta, Laura Borràs, está pensada para dejar sin margen a los grupos de minoría, en especial Vox y Cs. Más allá de las ventajas para su caso judicial acusada de corrupción, Borràs plantea un nuevo reglamento del Parlament que, a través de pequeños detalles técnicos, va minando la capacidad de los grupos minoritarios, en este caso los constitucionalistas, para ejercer el día a día de la oposición. El problema de esta reforma, que debería concretarse en una nueva ley, es que en otra legislatura el día que pierdan la mayoría parlamentaria puede volverse en contra de los mismos impulsores que abogaron por estos cambios.

La situación es tal que ayer en la Mesa del Parlament Laura Borràs se quedó sola con su intención de que la Mesa tramitase a la Comisión del Reglamento el nuevo reglamento. Pero no pudo. Ahora, Borràs depende de que JxCAT, en calidad de grupo parlamentario, impulse esta reforma y la lleve a dicha comisión para que puedan convertir el cambio en un proyecto de ley, que tardaría un año en tramitarse.

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Laura Borràs y Aurora Madaula se quedaron solas con su iniciativa. ERC no las apoyaron y la mayoría soberanista no sirvió para que la Mesa actuase en ese sentido. La oposición alegó que la Mesa, desde un punto de vista técnico, carece de iniciativa legislativa. En el trasfondo estaba la acusación de que la reforma del reglamento estaba salpicada de intencionalidad política.

JxCAT por ahora no ha dicho si impulsará la reforma y más bien se ha puesto de perfil, ya que se trata de un proyecto muy personal de Borràs. La presidenta del Parlament ha asegurado que se trata de una iniciativa de los servicios jurídicos de la Cámara. Pero la realidad es más compleja. Ante la Mesa, Borràs vendió que se trataba de una ajuste técnico en el que básicamente se corregían expresiones lingüística para expresarlas en un catalán más correcto. Ahora, diversos grupos han reconocido que la reforma ha ido más allá.

Cuando la polémica ha estallado, los letrados del Parlament no han querido asumir la responsabilidad que Borràs les ha querido endosar. Pero en realidad Borràs hizo el encargo y se pasó meses influyendo a través de la secretaria general Esther Andreu. La secretaria hizo de correa de transmisión entre Borràs y los letrados, con lo que el proyecto de reforma del Parlament ha surgido con una intencionalidad política que ahora muchos grupos ven excesiva, incluyendo ERC.

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La filosofía de fondo pasa por que Vox y Cs estén más aislados en la Cámara catalana. Al PSC le afecta menos, porque en las últimas elecciones fue el grupo ganador y porque por su posición tiene más margen para llegar a acuerdos, pero Vox es la cuarta fuerza política con 11 diputados y se encuentra casi aislado. Y Cs también cuenta con grupo parlamentario con seis diputados. Fuentes parlamentarias advierten de que, tras lo acontecido, la neutralidad de los letrados ha quedado muy cuestionada.

Más complicado

Si el nuevo reglamento se aprueba, por ejemplo, los grupos parlamentarios tendrán más complicado sacar adelante ponencias legislativas, ya que ahora, según reza en el cambio propuesto en lo que en la nueva versión será el artículo 66, “el informe o las conclusiones [de una ponencia] deben recoger la opinión mayoritaria de los miembros del grupo de trabajo de la ponencia no legislativa y a tal efecto debe atenderse al criterio del voto ponderado, según el cual cada miembro representa un número igual al de diputados que integran su grupo parlamentario”. Es decir, no importará la mayoría dentro de la comisión, sino los votos que representen. Se da ventaja así a la mayoría independentista en detrimento de los grupos más pequeños.

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Del mismo modo, de manera muy sutil y técnica, se ponen palos en las ruedas a que se presenten propuestas de reconsideración, por ejemplo, o que resulte posible consultar al Consell de Garantías. Todo esto son instrumentos legales utilizados a menudo por la oposición.

Trámite largo

El trámite del cambio de reglamento ha de ser por ley y es largo, cerca de un año. Borràs no solo ha impulsado una medida para que no tenga que apartarse de la Cámara si le acaban abriendo juicio oral por un presunto caso de corrupción. También cambia el preámbulo intentando que pueda servir para evitar un nuevo 155. Pero al ser el preámbulo, carece de capacidad dispositiva, de modo que tampoco cuenta con validez legal.

En cambio, el resto de medidas sí que determinará la vida parlamentaria. Y podría restar calidad democrática a la Cámara catalana. Pero habrá que ver si esta propuesta inicia su trayectoria legal.