Pedro Sánchez le cuela al soberanismo la fecha de 2030 por la puerta de atrás

Desde 2017, el independentismo huye de las fechas como de la peste. En 2015, Junts pel Sí —con Artur Mas y Oriol Junqueras— ganó las elecciones con el compromiso de organizar un referéndum de autodeterminación en 18 meses. Ahí se gestó el desastre. Por eso se evitan nuevos plazos. Pero esta semana Pedro Sánchez le ha colado al independentismo uno: el año 2030. Entonces acabarán las inversiones de la reforma aeroportuaria que se ha pactado para El Prat. Y ese año también se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno que la Generalitat aprobó en su último Consell Executiu, a la espera del visto bueno del COl. Traducción: si estas previsiones se cumplen, no habrá una nueva declaración de independencia hasta 2031.

Sánchez no ha conseguido avances significativos con ERC como su principal socio parlamentario. Pere Aragonès sigue insistiendo en que, en septiembre, en la mesa de negociación, pedirá la amnistía y la autodeterminación. Pero el presidente del Gobierno, con estos dos proyectos en marcha, la ampliación del aeropuerto y los Juegos, está haciendo reconocer a los nacionalistas catalanes que hasta entonces el movimiento independentista no intentará forzar otra ruptura.

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Aragonès envió una carta al COE y aprobó un acuerdo del Consell Execuitu reconociendo la fecha de 2030. Su vicepresidente, Jordi Puigneró, cerró el pacto que garantiza una inversión de 1.700 millones en El Prat por parte de Aena, una empresa cotizada en bolsa. Si antes de esa fecha se planteara una nueva DUI, el gestor aeroportuario tendría que suspender sus planes en Cataluña.

El propio Joan Canadell, diputado de JxCAT, celebró esta inversión en redes cuando aseguró que “es una infraestructura imprescindible para el futuro Estado catalán”. Pero en la práctica, como en el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno, no se va a llevar a cabo el “embate democrático” con que amenaza Carles Puigdemont desde Waterloo, hasta que Aena finalice su inversión.

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Si esta legislatura catalana fuese un libro, el tema sería 'el aplazamiento'. Y no se habla de calendarios para no dejar claro cuánto puede durar. La CUP fijó una fecha, los dos años hasta la moción de confianza a cambio de votar a Aragonès presidente. Este fue el primero plazo, pero no el último. En la práctica, dos años de vacaciones soberanistas en los que se aparcaba cualquier intento de DUI.

Más espera

A partir de aquí, ha sido el Gobierno central el que ha ido fijando nuevos plazos que han sido aceptados por la otra parte de manera formal, como los casos antes comentados, o tácita. Se aplica la regla de Ortega y Gasset de “la conllevancia con el tema catalán”. Es como si Pedro Sánchez fuera consciente de lo poco que podrá pactarse en la mesa de diálogo y, sabiendo que no tiene nada que ganar, acaba ganando tiempo. Hasta que ERC, y ahora incluso JxCAT, le acabe aprobando otros Presupuestos Generales del Estado.

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La primera fecha que fijó el Gobierno central fueron los tres años de fondos europeos. Se espera que la Generalitat reciba entre 3.000 y 4.000 millones hasta 2023, cantidad que, además, podrá gestionar bajo su criterio. El Govern ha entrado en ese juego de manera implícita. De hecho, reclama repartir más dinero, pero no cuestiona las fechas. Con lo que el aplazamiento de la DUI ya no va hasta 2022, cuando la CUP quiere hacer su moción de confianza, sino hasta 2024, cuando se acaben las cuantías del plan de recuperación. No vas a hacer una declaración de independencia cuando lo primero que puede hacer Madrid es cerrarte el grifo de los Next Generation.

Más plazo

Con la nueva fecha de 2030, Sánchez no ha solucionado nada del problema de fondo en Cataluña, los cerca de dos millones de catalanes que quieren separarse del resto de España. Pero consigue más tiempo. Mucho más. Pasa de tres a nueve años. Triplica el periodo de suspensión de las hostilidades. Los indultos tenían que servir para “desinflamar”, en jerga del PSC. Pero, además, hacía falta tiempo.

Opinión

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Sin reconocerlo de manera implícita, el independentismo está comprando esta ampliación del periodo de espera. Lo hace ERC desde la presidencia de la Generalitat. Pero también JxCAT con el acuerdo sobre El Prat. No se verbaliza ante sus votantes. Pero el día a día de la política va por aquí. Nuevo plazo hasta 2030 y luego, rápidamente, irse de vacaciones.