El TSJC imputa a Torrent por presunta desobediencia al Constitucional
La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía, que apunta a que permitieron sacar adelante diversas mociones impulsadas por el independentismo e ignoraron al TC
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La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha citado a declarar como imputado el próximo 15 de septiembre al expresidente del Parlament Roger Torrent por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. La decisión se extiende a otros tres antiguos miembros de la mesa de la cámara baja: Adriana Delgado Herreros (ERC), Eusebi Campdepadrós i Pucurull (Junts) y Josep Costa i Roselló (Junts). El delito de desobediencia no conlleva pena de cárcel, pero sí multa e inhabilitación. Desde el pasado mayo, Torrent ejerce como 'conseller' de Empresa y Trabajo.
La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía, que apunta a que permitieron sacar adelante diversas mociones impulsadas por el independentismo. Entre las mociones que el Ministerio Público recoge en su querella se encuentran aquellas en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación y se reprobaba al Rey. En noviembre de 2019, la Fiscalía ya anunció "la incoación de diligencias de investigación a fin de valorar la posible trascendencia penal de tales decisiones" respecto a la mesa del Parlament. En enero de 2020, el Constitucional acordó, además, sugerir a la Fiscalía que estudiara la interposición de una querella contra Torrent.
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En el auto, la magistrada requiere a las acusaciones y defensas que "indiquen las diligencias de instrucción a practicar que estimen pertinentes a su posición procesal", ordenando además recabar "la hoja histórico-penal de los citados investigados". No es la primera vez que los miembros de la mesa del Parlament acaban en los tribunales. Tras la sentencia del Tribunal Supremo contra la expresidenta Carme Forcadell, el TSJC también condenó a 20 meses de inhabitación el pasado octubre a cuatro de sus compañeros por desobediencia.
Advertencias desde 2015
Los hechos que la Fiscalía recoge en su escrito se remontan 2015, cuando el TC declaró inconstitucional la resolución que la cámara catalana había aprobado sobre "el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre [de ese año]". Apoyándose en esta decisión, el tribunal publicó y notificó personalmente a Torrent y resto de miembros de la mesa del Parlament una serie de providencias en octubre de 2019 en las que les advertía de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluidas la penal".
Lejos de atender este aviso, JxCat, ERC y la CUP registraron el 22 de octubre de 2019 en el Parlament una resolución "de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre" y, con Torrent al frente, la mesa permitió su tramitación pese a contener un apartado en el que se insistía en el "derecho a la autodeterminación". Todo ello ignorando "las expresas advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario general del Parlament, la expresa oposición de los restantes miembros de la mesa del Parlament, y a sabiendas de lo ordenado y apercibido por el Tribunal Constitucional".
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Esta tramitación permitió que la resolución fuera votada y aprobada en la cámara catalana, tras lo que el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió al Constitucional para que declarara nulo el apartado sobre el derecho a la autodeterminación. En respuesta a esta petición, el tribunal de garantías acordó dirigirse a la Fiscalía para que determinase si el presidente del Parlament y otros de la mesa habían incurrido en un delito de desobediencia.
A esto se suma la sentencia del 17 de julio de 2019 del tribunal de garantías que declaraba inconstitucionales dos apartados de la resolución del Parlament sobre la "priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia". En concreto, aquellos en los que se reprobaba el papel de Felipe VI en relación con el "proceso de autodeterminación de Cataluña". En lugar de atender esta decisión, la cámara catalana sacó adelante una nueva resolución contra el Rey el 25 de julio y, una vez más, los apartados que incidían en el papel del monarca fueron anulados por el tribunal, que volvió a advertir personalmente a Torrent sobre "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa similar".
Pese a ello, la mencionada resolución que se registró el 22 de octubre en el Parlament "de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre" volvía a subrayar su "reprobación de la monarquía". Esta se tramitó una vez más con el beneplácito de Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado, quienes tendrán que comparecer el próximo 15 de septiembre ante el TSJC como imputados.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha citado a declarar como imputado el próximo 15 de septiembre al expresidente del Parlament Roger Torrent por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. La decisión se extiende a otros tres antiguos miembros de la mesa de la cámara baja: Adriana Delgado Herreros (ERC), Eusebi Campdepadrós i Pucurull (Junts) y Josep Costa i Roselló (Junts). El delito de desobediencia no conlleva pena de cárcel, pero sí multa e inhabilitación. Desde el pasado mayo, Torrent ejerce como 'conseller' de Empresa y Trabajo.